Miércoles, Agosto 15, 2018
   
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El Rincón de Ápices

'Presunción de capacidad'

El Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 15 de marzo,  númeor 146/2018 del Pleno de su sala primera, ha desestimado el recurso de casación interpuesto contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias y ha validado el testamento otorgado ante un notario por una persona con discapacidad intelectual.

El primer testamento fue otorgado antes de la sentencia de modificación judicial de la capacidad de la mujer, mientras que el segundo se hizo con posterioridad a la sentencia que había sometido a ésta a la figura de la ‘curatela’ para la realización de actos de disposición, sin referencia expresa a la facultad para otorgar testamento.

La sala recuerda que la finalidad de las normas que regulan la capacidad para otorgar testamento es garantizar la suficiencia mental del testador respecto del propio acto de testar y considera que, con independencia de cuál sea la causa de la discapacidad que da lugar a la modificación de la capacidad de obrar, el régimen del artículo 665 del Código Civil ofrece un cauce para que la persona con la capacidad modificada judicialmente pueda ejercer la facultad de testar.

Y la sala entiende que puede otorgar testamento conforme a este precepto toda persona que, de acuerdo con lo dispuesto en una sentencia de modificación de la capacidad de obrar, precisa de la intervención del curador para realizar actos de disposición.

Se basa en el principio de presunción de la capacidad, que ya resultaba de nuestro ordenamiento y ha quedado reforzado por la Convención de Nueva York sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que implica que no cabe basar la falta de capacidad para testar ni por analogía ni por interpretación extensiva de otra incapacidad.

Es importante el reseñar que la sala considera el testar como un acto personalísimo, y ni el tutor, como representante legal puede otorgar nuevo testamento en lugar de la persona con la capacidad modificada judicialmente, ni el curador puede completar su capacidad para testar cuando sea ella quien otorgue el testamento.

En este caso,  tras la valoración de todas las pruebas, no había quedado probado que la testadora careciera de capacidad para testar, ya que no que no existía pronunciamiento previo en la sentencia de incapacitación y el notario se aseguró que, a su juicio, la testadora tiene la capacidad legal necesaria, contando con el juicio favorable de dos facultativos. La sentencia recurrida había valorado, además, junto a la opinión profesional del notario y de la médica de cabecera que atendió a la testadora durante catorce años, otro tipo de pruebas, como lo manifestado por la testadora en el previo procedimiento de modificación de su capacidad, la realización de otros actos jurídicos antes y después de la modificación judicial de la capacidad y la coherencia de la voluntad de dejar sus bienes a las personas que le prestaron su apoyo y en quien confiaba. Por todo ello, se acordó la desestimación del recurso de casación presentado.

 

‘Aprobación inicial de la ordenanza para la accesibilidad universal en Cartagena’

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 27, del pasado viernes día 2 de febrero, y en la página 2412, se publica la Aprobación inicial de la Ordenanza para la accesibilidad Universal en el Municipio de Cartagena. Esta aprobación inicial se acordó por el pleno del Ayuntamiento de Cartagena, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 30 de noviembre de 2017. Y por medio de dicha resolución se somete el Texto del proyecto de Ordenanza a información pública y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente a la inserción del anuncio en el BORM, pudiéndose examinar la misma bien en el Servicio de Atención a la Dependencia y  Discapacidad de la Concejalía de Servicios Sociales o en el portal de transparencia del Ayuntamiento.

Por tanto, existe un plazo de treinta días para que todos los interesados puedan tanto examinarla como presentar alegaciones, ya que en caso de que no se presentasen, se considerará aprobada definitivamente dicha ordenanza.

Sólo dejar constancia, sin perjuicio de ir comentándola sucesivamente, ya que es la norma por la que se va a regir la accesibilidad universal en éste municipio, que sometida a votación, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acordó aprobarla por unanimidad de los Concejales asistentes a la sesión.

Sería muy interesante que todos los sectores de la discapacidad hicieran un detallado estudio de la misma, y caso de estimarlo oportuno y/o necesario, se presentasen las alegaciones que se considerasen oportunas.

 

Convocatoria de ayudas individualizadas a personas con discapacidad

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) nº 98, del pasado día 29 de abril, la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades publica resolución de 25 de Abril de 2017, nº 3006, por la que se convocan las ayudas individualizadas a personas con discapacidad para el ejercicio de 2017. Su finalidad, según contempla el artículo 2, es la concesión de Ayudas Individualizadas a Personas con Discapacidad, con carácter no periódico, otorgadas por una sola vez a personas con discapacidad que precisen determinados servicios, adquisición de instrumentos o ayudas especializadas.

En concreto, se subvencionará la adquisición de ayudas técnicas que mejoren la autonomía personal y la calidad de vida de estas personas, las cuales permiten a las personas con discapacidad una plena integración social y salvar barreras que permiten una mejor adaptación al medio.

Se consideran ayudas técnicas los aparatos o equipos utilizados para desenvolverse mejor en la vida diaria. A modo de ejemplo se podrán solicitar ayudas por “Adaptación funcional del hogar”, por “Eliminación de las barreras Arquitectónicas”, por “tratamiento bucodental”, por “Audífonos”, por “otras ayudas técnicas Auditivas”, por “repuestos y accesorios para ayudas técnicas auditivas”; todas éstas ayudas tendrán una cuantía máxima de 3.000,00 euros; por “adaptación de vehículos de motor” habrá una cuantía máxima de 1.800,00 euros: por “prótesis dental” será de 1.500,00 euros; por “silla de baño/ducha con reposacabezas” de 1.300,00 euros; existirá una cuantía máxima de 1.200,00 euros para ayuda de “Grúa eléctrica (arnés incluido)”; 1.100,00 euros será la cuantía máxima para “cama articulada completa (incluye somier, colchón articulado y barandillas)”; por “silla de baño/ducha” será de 450,00 euros; y de 400,00 euros popr “Colchon articulado/látex”, “Gafas (máximo dos unidades)”, “lentes (máximo cuatro unidades) y “lentillas (presupuesto anual)”; y por último, hasta 200,00 euros por “colchón antiescaras”.

Es importante el reseñar que “podrá concederse ayuda para un solo concepto por solicitante”, y que en cualquier caso, “la ayuda máxima a conceder por solicitante será de 3.000,00 euros”.
La Consejera Violante Tomás explicó que "los beneficiarios podrán adquirir ayudas técnicas auditivas, camas eléctricas articuladas, colchones articulados, de látex o antiescaras, gafas y grúas eléctricas, además, contemplan la eliminación de barreras arquitectónicas".

Esta partida presupuestaria se puso en marcha el pasado año y este ejercicio se incrementa un 20 por ciento, al pasar de los 200.000 euros consignados en 2016 a los 240.000 euros de este año. Podrán solicitar ayudas las personas que tengan reconocido un grado igual o superior al 33 por ciento de discapacidad, que residan y estén empadronadas en cualquiera de los municipios de la Región, al menos con seis meses de antelación a la solicitud de la ayuda.

La cuantía máxima que se establece para los solicitantes en la orden también aumenta, es de 3.000 euros, y supera los 1.000 euros que se recogían en la convocatoria del año anterior.

Asimismo se amplía el plazo de presentación de solicitudes de 15 a 30 días hábiles. De manera que el plazo de presentación de solicitudes será del 2 de mayo hasta el 13 de junio.

Este año también se amplían las ayudas a nuevos conceptos, como la adaptación funcional del hogar, eliminación de barreras arquitectónicas, adaptación de vehículos a motor o sillas de baño, entre otras. Para los tratamientos bucodentales, las prótesis dentales, lentes y lentillas también se podrán solicitar ayudas.

La ampliación de estos conceptos es fruto de diversas  propuestas de las asociaciones integradas en el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad y sus Familias (Cermi-Región de Murcia), y  de personas con discapacidad que, a título individual, han manifestado sus demandas ante el Instituto Murciano de Acción Social.

   

Los fiscales y la imagen de menores con discapacidad

El Fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha firmado una instrucción en la que pide a los fiscales que se abstengan de actuar contra aquellas informaciones que afectan a menores con discapacidad, salvo que se trate de contenidos intolerables, es decir, que sean actos de intromisión ilegítima en los derechos fundamentales de cualquier persona menor de edad, o de discriminación en el tenor de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social (LGDPD).

Así se recoge en la Instrucción 1/2017 sobre la actuación del fiscal para la protección de los derechos al honor, intimidad y propia imagen de menores de edad con discapacidad ante los medios de comunicación audiovisual, firmada por el fiscal general del Estado este lunes 27 de marzo.

La instrucción refleja que el CERMI y la FGE coinciden en admitir que "una intervención excesiva y desproporcionada puede tener el efecto adverso de desalentar a los medios hacia el objetivo ya reseñado por el Comité de Derechos del Niño de utilizar los medios de comunicación para fomentar actitudes positivas hacia las niñas y niños con discapacidad y procurar que su aparición en la programación sea proporcional al peso y a la participación de este colectivo en el conjunto de la sociedad".

De esta forma, los fiscales analizarán la aparición de niños y niñas con discapacidad en los medios de comunicación audiovisual partiendo de la protección reforzada que ha de dispensarse en tanto menores de edad y personas con discapacidad. En concreto, según recoge el documento "aunque generalmente proceda la anuencia a la realización del programa, habrá que ponderar siempre si es necesario un control de su contenido y si el mismo ha de realizarse antes o después de la emisión".

En este sentido, la instrucción indica que mantiene plena vigencia los criterios contenidos en la Instrucción 2/2006 sobre el Fiscal y la Protección del Derecho al Honor, Intimidad y Propia Imagen de los Menores. Tales criterios se aplicarán, tras las tareas de comprobación de contenidos.

También establece que la gravedad de las intromisiones en los derechos de los menores con discapacidad debe ponderarse a partir de la evolución producida en el seno de la autorregulación de contenidos televisivos e infancia, y del derecho administrativo sancionador de carácter estatal y autonómico.

Respecto al marco de los contenidos intolerables que justificaría el ejercicio de acciones judiciales por parte del fiscal, son definidos como los actos de intromisión ilegítima en los derechos fundamentales de cualquier persona menor de edad, así como de discriminación en el tenor de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social (LGDPD).

En caso de que la emisión (cualquiera que sea su formato) no contemple contenidos intolerables, pero pueda verse afectada la imagen social de los niños y niñas con discapacidad por la actuación de los medios de comunicación por no responder a los criterios que exige la Convención sobe los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Instrucción establece que los fiscales se abstendrán del ejercicio de acciones judiciales.

No obstante, a través del Fiscal Delegado de Menores, pondrán el caso en conocimiento de la Unidad de Menores de la FGE al objeto de su correspondiente comunicación al CERMI para que, por el mismo, se procuren las restantes medidas alternativas para la plena eficacia del derecho fundamental.

Por otro lado, para facilitar la labor de la Comisión de Seguimiento creada conforme al Convenio de colaboración entre la FGE y el CERMI, los fiscales comunicarán a la Unidad de Menores de la FGE los casos relativos a programas cuyos contenidos o formas de presentación revistan características especiales o alguna complejidad.

La firma ha tenido lugar al término de la reunión con los miembros del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que ha colaborado activamente en su realización. El fiscal general ha explicado que, con esta Instrucción, se garantiza la seguridad jurídica de los ciudadanos, ya que los Fiscales pueden armonizar su actuación y ofrecer una respuesta común ante hechos similares, y ha agregado que los diferentes Convenios Internacionales firmados por España exigen que se dispense un trato respetuoso, y que salvaguarde la identificación de los menores con discapacidad.

 

Medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios

En el Boletín Oficial del Estado nº 66 del pasado sábado día 18 de marzo, aparece publicado el  Real Decreto-ley 5/2017, por el que se modifica el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Aparte del indudable interés que para cualquier deudor hipotecario pueda tener su publicación, dado en el rincón que nos encontramos, he de destacar que con  dicho Real Decreto-ley cuya entrada en vigor lo fue al día siguiente de su publicación en el BOE,  se refuerza y extiende las medidas en favor de deudores hipotecarios que sean o en cuya unidad de convivencia o residencia existan personas con discapacidad.

El artículo 1, apartado Uno de dicha norma, establece que “se entiende que se encuentran en una circunstancia familiar de especial vulnerabilidad….4º La unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente, para realizar una actividad laboral”.  5º.- “La unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o mas personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral”. Y finalmente, y aunque no tenga que ver específicamente con la discapacidad, dado que a veces va unida mujer discapacitada con violencia de género, el punto 6º considera también en una circunstancia familiar de especial vulnerabilidad “la unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género”. 

Las situaciones de discapacidad alcanzan así los mayores rangos de protección legal contra los desahucios, junto a otros supuestos de exclusión de análogos efectos, e incluye a este sector social entre los destinarios de medidas adicionales para recuperar la propiedad de la vivienda que en el plazo de 8 meses deberá adoptar el Gobierno, según ordena este Real Decreto-ley.

   

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