Miércoles, Diciembre 13, 2017
   
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El Rincón de Ápices

Convocatoria de ayudas individualizadas a personas con discapacidad

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) nº 98, del pasado día 29 de abril, la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades publica resolución de 25 de Abril de 2017, nº 3006, por la que se convocan las ayudas individualizadas a personas con discapacidad para el ejercicio de 2017. Su finalidad, según contempla el artículo 2, es la concesión de Ayudas Individualizadas a Personas con Discapacidad, con carácter no periódico, otorgadas por una sola vez a personas con discapacidad que precisen determinados servicios, adquisición de instrumentos o ayudas especializadas.

En concreto, se subvencionará la adquisición de ayudas técnicas que mejoren la autonomía personal y la calidad de vida de estas personas, las cuales permiten a las personas con discapacidad una plena integración social y salvar barreras que permiten una mejor adaptación al medio.

Se consideran ayudas técnicas los aparatos o equipos utilizados para desenvolverse mejor en la vida diaria. A modo de ejemplo se podrán solicitar ayudas por “Adaptación funcional del hogar”, por “Eliminación de las barreras Arquitectónicas”, por “tratamiento bucodental”, por “Audífonos”, por “otras ayudas técnicas Auditivas”, por “repuestos y accesorios para ayudas técnicas auditivas”; todas éstas ayudas tendrán una cuantía máxima de 3.000,00 euros; por “adaptación de vehículos de motor” habrá una cuantía máxima de 1.800,00 euros: por “prótesis dental” será de 1.500,00 euros; por “silla de baño/ducha con reposacabezas” de 1.300,00 euros; existirá una cuantía máxima de 1.200,00 euros para ayuda de “Grúa eléctrica (arnés incluido)”; 1.100,00 euros será la cuantía máxima para “cama articulada completa (incluye somier, colchón articulado y barandillas)”; por “silla de baño/ducha” será de 450,00 euros; y de 400,00 euros popr “Colchon articulado/látex”, “Gafas (máximo dos unidades)”, “lentes (máximo cuatro unidades) y “lentillas (presupuesto anual)”; y por último, hasta 200,00 euros por “colchón antiescaras”.

Es importante el reseñar que “podrá concederse ayuda para un solo concepto por solicitante”, y que en cualquier caso, “la ayuda máxima a conceder por solicitante será de 3.000,00 euros”.
La Consejera Violante Tomás explicó que "los beneficiarios podrán adquirir ayudas técnicas auditivas, camas eléctricas articuladas, colchones articulados, de látex o antiescaras, gafas y grúas eléctricas, además, contemplan la eliminación de barreras arquitectónicas".

Esta partida presupuestaria se puso en marcha el pasado año y este ejercicio se incrementa un 20 por ciento, al pasar de los 200.000 euros consignados en 2016 a los 240.000 euros de este año. Podrán solicitar ayudas las personas que tengan reconocido un grado igual o superior al 33 por ciento de discapacidad, que residan y estén empadronadas en cualquiera de los municipios de la Región, al menos con seis meses de antelación a la solicitud de la ayuda.

La cuantía máxima que se establece para los solicitantes en la orden también aumenta, es de 3.000 euros, y supera los 1.000 euros que se recogían en la convocatoria del año anterior.

Asimismo se amplía el plazo de presentación de solicitudes de 15 a 30 días hábiles. De manera que el plazo de presentación de solicitudes será del 2 de mayo hasta el 13 de junio.

Este año también se amplían las ayudas a nuevos conceptos, como la adaptación funcional del hogar, eliminación de barreras arquitectónicas, adaptación de vehículos a motor o sillas de baño, entre otras. Para los tratamientos bucodentales, las prótesis dentales, lentes y lentillas también se podrán solicitar ayudas.

La ampliación de estos conceptos es fruto de diversas  propuestas de las asociaciones integradas en el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad y sus Familias (Cermi-Región de Murcia), y  de personas con discapacidad que, a título individual, han manifestado sus demandas ante el Instituto Murciano de Acción Social.

 

Los fiscales y la imagen de menores con discapacidad

El Fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha firmado una instrucción en la que pide a los fiscales que se abstengan de actuar contra aquellas informaciones que afectan a menores con discapacidad, salvo que se trate de contenidos intolerables, es decir, que sean actos de intromisión ilegítima en los derechos fundamentales de cualquier persona menor de edad, o de discriminación en el tenor de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social (LGDPD).

Así se recoge en la Instrucción 1/2017 sobre la actuación del fiscal para la protección de los derechos al honor, intimidad y propia imagen de menores de edad con discapacidad ante los medios de comunicación audiovisual, firmada por el fiscal general del Estado este lunes 27 de marzo.

La instrucción refleja que el CERMI y la FGE coinciden en admitir que "una intervención excesiva y desproporcionada puede tener el efecto adverso de desalentar a los medios hacia el objetivo ya reseñado por el Comité de Derechos del Niño de utilizar los medios de comunicación para fomentar actitudes positivas hacia las niñas y niños con discapacidad y procurar que su aparición en la programación sea proporcional al peso y a la participación de este colectivo en el conjunto de la sociedad".

De esta forma, los fiscales analizarán la aparición de niños y niñas con discapacidad en los medios de comunicación audiovisual partiendo de la protección reforzada que ha de dispensarse en tanto menores de edad y personas con discapacidad. En concreto, según recoge el documento "aunque generalmente proceda la anuencia a la realización del programa, habrá que ponderar siempre si es necesario un control de su contenido y si el mismo ha de realizarse antes o después de la emisión".

En este sentido, la instrucción indica que mantiene plena vigencia los criterios contenidos en la Instrucción 2/2006 sobre el Fiscal y la Protección del Derecho al Honor, Intimidad y Propia Imagen de los Menores. Tales criterios se aplicarán, tras las tareas de comprobación de contenidos.

También establece que la gravedad de las intromisiones en los derechos de los menores con discapacidad debe ponderarse a partir de la evolución producida en el seno de la autorregulación de contenidos televisivos e infancia, y del derecho administrativo sancionador de carácter estatal y autonómico.

Respecto al marco de los contenidos intolerables que justificaría el ejercicio de acciones judiciales por parte del fiscal, son definidos como los actos de intromisión ilegítima en los derechos fundamentales de cualquier persona menor de edad, así como de discriminación en el tenor de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social (LGDPD).

En caso de que la emisión (cualquiera que sea su formato) no contemple contenidos intolerables, pero pueda verse afectada la imagen social de los niños y niñas con discapacidad por la actuación de los medios de comunicación por no responder a los criterios que exige la Convención sobe los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Instrucción establece que los fiscales se abstendrán del ejercicio de acciones judiciales.

No obstante, a través del Fiscal Delegado de Menores, pondrán el caso en conocimiento de la Unidad de Menores de la FGE al objeto de su correspondiente comunicación al CERMI para que, por el mismo, se procuren las restantes medidas alternativas para la plena eficacia del derecho fundamental.

Por otro lado, para facilitar la labor de la Comisión de Seguimiento creada conforme al Convenio de colaboración entre la FGE y el CERMI, los fiscales comunicarán a la Unidad de Menores de la FGE los casos relativos a programas cuyos contenidos o formas de presentación revistan características especiales o alguna complejidad.

La firma ha tenido lugar al término de la reunión con los miembros del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que ha colaborado activamente en su realización. El fiscal general ha explicado que, con esta Instrucción, se garantiza la seguridad jurídica de los ciudadanos, ya que los Fiscales pueden armonizar su actuación y ofrecer una respuesta común ante hechos similares, y ha agregado que los diferentes Convenios Internacionales firmados por España exigen que se dispense un trato respetuoso, y que salvaguarde la identificación de los menores con discapacidad.

 

Medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios

En el Boletín Oficial del Estado nº 66 del pasado sábado día 18 de marzo, aparece publicado el  Real Decreto-ley 5/2017, por el que se modifica el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Aparte del indudable interés que para cualquier deudor hipotecario pueda tener su publicación, dado en el rincón que nos encontramos, he de destacar que con  dicho Real Decreto-ley cuya entrada en vigor lo fue al día siguiente de su publicación en el BOE,  se refuerza y extiende las medidas en favor de deudores hipotecarios que sean o en cuya unidad de convivencia o residencia existan personas con discapacidad.

El artículo 1, apartado Uno de dicha norma, establece que “se entiende que se encuentran en una circunstancia familiar de especial vulnerabilidad….4º La unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente, para realizar una actividad laboral”.  5º.- “La unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o mas personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral”. Y finalmente, y aunque no tenga que ver específicamente con la discapacidad, dado que a veces va unida mujer discapacitada con violencia de género, el punto 6º considera también en una circunstancia familiar de especial vulnerabilidad “la unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género”. 

Las situaciones de discapacidad alcanzan así los mayores rangos de protección legal contra los desahucios, junto a otros supuestos de exclusión de análogos efectos, e incluye a este sector social entre los destinarios de medidas adicionales para recuperar la propiedad de la vivienda que en el plazo de 8 meses deberá adoptar el Gobierno, según ordena este Real Decreto-ley.

   

Discapacidad y bono social

Las situaciones de discapacidad serán tenidas en cuenta por primera vez a la hora de definir a los consumidores eléctricos vulnerables y adoptar medidas  de protección contra la pobreza energética.

Así queda establecido en Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros y publicado  en el Boletín Oficial del Estado del pasado día 24 de diciembre.

“..,.de ésta forma, y de acuerdo con el artículo 45.2 de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, y el artículo 2 de éste Real Decreto-Ley, se procederá a la definición de diversas categorías de consumidores vulnerables, incluyendo los severos cuyo suministro se considera esencial en los términos de la letra J) del artículo 52.4. La definición de ésta categorías responderá  a criterios de renta, atenuados en atención a las circunstancias personales y familiares de cada hogar, que podrá referirse al número de miembros de la unidad familiar, la presencia en el mismo de menores a cargo ‘o discapacitados’, entre otras cuestiones”.

Sin embargo, el alcance y extensión concretos de la posición de las unidades de convivencia en cuyo seno haya una persona con discapacidad queda diferida al reglamento de desarrollo del Real Decreto-ley que habrá de aprobarse en el plazo de tres meses, pero constituirán un criterio para regular la categoría de consumidores eléctricos vulnerables a efectos de medidas protección contra la pobreza energética.

El CERMI pedirá participar en el proceso de elaboración de la norma de desarrollo reglamentario de este Real Decreto-ley y planteará propuestas para asegurar la mejor posición de las personas con discapacidad y de las familias en las que se incluyen.

Por tanto, habrá que estar muy atentos al próximo Reglamento, que en principio habrá de aprobarse en el plazo de tres meses , es decir y en teoría antes del próximo 24 de marzo, según dispone la disposición final segunda del Real Decreto Ley. 

 

Una década con derechos para las personas con discapacidad

Hoy, 13 de diciembre, se cumplen diez años de la publicación de ‘La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad’, aunque no de su  entrada en vigor en España, ya que fue ratificada el día 30 de marzo de 2007 y publicada en el BOE de 21 de abril de 2008, entrando en vigor el día 3 de mayo de dicho año.

Dicho instrumento jurídico, que es considerado el primer texto sobre Derechos Humanos del siglo XXI,  tiene rango de Ley de obligatoria aplicación en España. 

Dicha Convención trata de garantizar a las personas con discapacidad el goce y ejercicio de derechos y libertades fundamentales, y además, en condiciones de igualdad con las demás personas, por lo que la transversalidad es uno de sus  principales características.

Pese al tiempo transcurrido desde su entrada en vigor, su aplicación siempre se ha visto retardada por las más diversas circunstancias, aunque  poco a poco las nuevas normas han venido sistemáticamente haciendo referencia a la misma. Así la Ley 1/2009 de Reforma de algunos artículos de la Ley del Registro Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad.

La profesora de Derecho Civil María Rovira Sueiro estima que “sin duda, la primera gran medida adoptada a expensas de las previsiones de la Convención de Naciones Unidas aún se haría esperar hasta la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de Adaptación de la Normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, que, tal y como su propio nombre indica, tuvo como resultado inmediato la reforma de diversas leyes….fue entonces, a partir del tercer cuatrimestre del año 2011, cuando el proceso de cambio comenzó a despuntar de manera irrefrenable, alcanzando su punto más álgido con el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad (RDLeg 1/2013, de 29 de noviembre) cuyo objetivo es ofrecer una respuesta integral a este colectivo desde los más diversos ámbitos”, 

En la tesis doctoral del Fiscal Cristóbal Fábrega Ruiz se hace constar la existencia de más de 3.500.000 personas que se encuentran afectadas por una deficiencia, lo que supone un 9% de la población total, aunque es cierto que otros estudios sitúan la cifra en el 10% de la población.

Por tanto, es una norma que afecta a gran cantidad de población, y que sin embargo, a estas alturas y pese al tiempo que lleva en vigor, sigue siendo una gran desconocida, incluso para los Tribunales de Justicia. Así lo reconoce Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) , cuando en el Prólogo de la Obra “Estudios y Comentarios Jurisprudenciales sobre Discapacidad” dirigida por Cristina Guilarte Martín-Calero, profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid, Editorial “Thomsom Reuters Aranzadi”, y refiriéndose a la obra que presenta dice textualmente que “como operador humilde del Derecho de la Discapacidad puedo afirmar que la amplitud benéfica de estos Comentarios no ha de inducirnos a pensar, sería errado, que la Convención de Naciones Unidas de 2006 es un instrumento jurídico internacional que los tribunales examinados, en su actividad juzgadora, tengan demasiado en cuenta. Y cuando la tienen, apliquen en su potencialidad más promotora y activadora de los derechos de las personas con discapacidad….una cierta audacia creativa les ha faltado y le falta a nuestros jueces y tribunales para por medio de su elevada función, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, acercar los derechos humanos a las personas con discapacidad”. 

Y es por ello que son muchos los distintos órganos e instituciones que por todos los medios están intentando dar a conocer la Convención, a través de distintos actos como  cursos abiertos, cursos de formación específicos, congresos nacionales e internacionales y publicaciones.


   

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