Los procesos de despidos y las ejecuciones de sentencia ya tardan hasta ocho meses
Así se ha desvelado en el acto de presentación del manifiesto por la Ciudad de la Justicia, en el que, además de la demanda principal, se han conocido este tipo de demoras y que jueces de Cartagena se desplacen a los juzgados centralizados de Murcia a resolver asuntos de cláusulas suelo en asuntos que afectan a los cartageneros y que podrían resolver aquí.
- También se reclaman más juzgados (como los de menores y de cláusulas suelo), una audiencia provincial propia, una oficina de notificaciones y el servicio psicosocial
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Jose Moreno, presidente de los graduados sociales cartageneros, en su alocución, también ha desvelado que, como consecuencia del Covid-19, el número de expedientes en los juzgados de Lo Social se ha multiplicado y en el partido judicial de Cartagena "nos encontramos que un proceso de despido que se señalaba, normalmente, en dos o tres meses, ahora se señala en ocho, mínimo. Esto genera mucha preocupación y desde el Tribunal Superior de Justicia no tenemos constancia de que se vaya a reforzar ese servicio".
Los juzgados de las cláusulas suelo también ha tenido su protagonismo. Actualmente este servicio está centralizado en Murcia, lo que conlleva problemas de desplazamientos para los englobados por el Partido Judicial de Cartagena. Antonio Navarro Selfa, decano de los abogados, ha desvelado que algunos de los jueces que resuelven estos asuntos en las dos salas especializadas en Murcia son magistrados de Cartagena, que combinan esta labor con la que llevan a cabo en juzgados de primera instancia de aquí. "El justiciable, e profesional y el juez tienen que ir a Murcia a celebrar el juicio... ¿No sería más normal celebrarlo en Cartagena y evitar que vayan todos allí? Es absurdo, no tiene sentido alguno. Pues bien, parece que en esa línea el ministerio de Justicia trabaja para los juzgados de Covid-19", ha desvelado.
Alejandro Lozano ha ampliado este asunto que las cuantías de los asuntos de cláusulas suelo están entre 600 y 2.000 euros, además de que las sentencias, en el 99% de los casos, son sentencias tipo que no dan lugar a juicios, "en la audiencia previa ya sale la sentencia que obliga a pagar al banco", ha indicado. El decano de los procuradores también ha recordado que Cartagena carece de un servicio común de notificaciones de documentos judiciales y embargos, "a diferencia de Lorca. Es decir, cada juzgado tiene que poner a un funcionario a salir a la calle a efectuar ese servicio, cuando si hubiera un servicio común todo iría más rápido". Entonces ha dado a conocer que una ejecución de una sentencia en Cartagena "puede tardar ocho meses y en otras ciudades, como Ávila o Teruel, puede tardar cuatro". También ha reclamado un servicio psicosocial permanente, "pues no lo tenemos en una ciudad de 250.000 habitantes".
Además de los juzgados de Lo Mercantil y de primera instancia ya concedidos, el capítulo de demandas de servicios judiciales se ha concretado después en un juzgado de Menores, un juzgado de Cláusulas suelo, una audiencia provincial propia y más tribunales de instancia y de Lo contencioso-Administrativo.
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