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PERIÓDICO DE SUCESOS, TRIBUNALES y TRÁFICO DE LAS COMARCAS DEL CAMPO DE CARTAGENA Y DEL MAR MENOR                                                                         booked.net

Lleva casi dos años sin ver a su hija pese a acordarlo tres jueces

Una mujer de Cartagena decide recurrir al 'Defensor de pueblo' y a 'Alto comisionado de la Región de Murcia' para llevar a cabo las visitas a su pequeña que estableció un juzgado en enero de 2019 y que después ratificaron otras dos salas, pero que no está siendo llevado a cabo por el Punto de Encuentro Familiar, donde afirma que le comentan que están con falta de medios y cola de espera. "Es una situación horrorosa y un daño irreversible, todo un disparate", afirma su abogado, Pérez Avilés.   



Una madre está desesperada. Así se expresó ante Cartagena de Ley. El motivo es que lleva 22 meses sin poder ver a su hija, quien ahora cuenta con cuatro años de edad. "Me estoy perdiendo una etapa muy importante en su vida", exclama quien no entiende cómo puede ser así después de que el juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena acordase en auto fechado el 28 de enero de 2019 que la guardia y custodia de la menor se atribuía al padre, pero que la madre podría visitar y tener consigo a la pequeña en el Punto de Encuentro Familiar (PEF) "un día a la semana y en horario que fijará este organismo, siendo acompañada por el padre y del persona correspondiente", según hemos podido leer en el documento.

"Es un auténtico disparate que con esa orden haya pasado tanto tiempo si hacerse efectiva". Son palabras de Juan Francisco Pérez Avilés, abogado en el que se ha apoyado esta mujer en pos de conseguir el anhelado objetivo. "Comencé llamando al PEF numerosas veces, pero recibía respuestas evasivas sin que me indicasen cuándo se podían llevar a cabo las visitas", indica la madre.

El asunto pasó al juzgado de Instrucción número 1, ante el que se presentaron varias quejas, "y entonces se comprueba que en las actuaciones han existido gravísimos errores por parte de las oficinas judiciales de ambos juzgados al no haber tramitado el oficio al punto de encuentro", informa Pérez Avilés, añadiendo que en junio de 2019 se dicta una providencia judicial que reza lo siguiente: "...habiéndose verificado que no se ha tramitado lo acordado respecto a las visitas de la denunciada a la menor a través del PEE, líbrese al mismo el correspondiente protocolo de derivación a los efectos de su tramitación con carácter de urgencia". Sin embargo, se comunica al PEF "nada menos que casi medio año después de que judicialmente se reconociera el derecho de que la madre puede ver semanalmente a su hija", apunta el letrado.  

Documentalmente ese derecho sigue siendo ratificado en nuevos documentos, como el auto que recoge el procedimiento civil sobre alimentos y custodia de la niña que lleva el juzgado de Primera Instancia número 7 (sala de asuntos de familia): "Acuerdo de prorrogar durante la tramitación del presente procedimiento las medidas provisionales establecidas en el auto de 28 de enero de 2019 por el juzgado de Instrucción número 4".

Pasa el tiempo y todos los intentos resultan baldíos. "Han pasado casi dos años desde que se otorgó el derecho y pese a que hay resoluciones de tres jueces distintos en el mismo sentido, esta madre aún no ha podido ver a su hija porque se ha visto despojada de forma antijurídica de lo que han determinado jueces diferentes. Es un daño irreversible, inhumano e injustificable", recalca el abogado.

La mujer y su letrado nos aseguran que han intentado de forma amistosa conseguir esos encuentros, pero que recibieron la respuesta negativa de la familia paterna. "Hemos intentado todo y la situación es desesperante", proclaman. "Se está intentando todo, pero parece que nadie le pone 'el cascabel al gato', pues todos se desmarcan".

Ahora han decidido recurrir tanto al 'Defensor del pueblo' de España como a su homólogo autonómico, el 'Alto comisionado de la Región de Murcia para la protección y defensa de los derechos fundamentales y las libertades de los ciudadanos murcianos". "Es más que evidente que existe una situación anómala, improcedente y anticonstitucional en el funcionamiento del PEF, que está violentando tres resoluciones judiciales", indica el letrado. También comentan que desde dicho Punto de Encuentro Familiar de Cartagena, donde llevan meses llamando por teléfono, les dicen que tienen escasos medios y lista de espera, teniendo aún doce expedientes por delante, "que sólo irán corriendo turno cuando se produzcan bajas en los actuales usuarios y en los supuestos de indicación de los profesionales del centro o por decisión judicial. Es una explicación surrealista para una situación que está ocasionando un daño irreversible en una relación materno-filial".

Como es obvio, piden en los nuevos escritos presentados que se requiera a las administraciones responsables del PEF que se cumplimente con diligencia el derecho que tiene la madre.  

Etiquetas: Cartagena

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