PERIÓDICO DE SUCESOS, TRIBUNALES y TRÁFICO DE LAS COMARCAS DEL CAMPO DE CARTAGENA Y DEL MAR MENOR                                                                         booked.net

Entrevista a Antonio Martínez Sola

Motivo que le ha impulsado a presentarse al Decanato del Colegio de Abogados: "El trato diario que se le dispensa al abogado en el Palacio de Justicia de Cartagena, donde ha perdido total y absolutamente su antiguo estatuto, su anterior prestigio e incluso su condición de coadyuvante de la Justicia y de los tribunales".

* Antonio Martínez Sola nació en Cartagena el 6 de febrero de 1961 y lleva veinte años de ejercicio profesional como abogado.

 

¿Cómo define el papel en la sociedad actual del abogado?

Debe tener un papel activo defendiendo al individuo frente al Estado, al poder y al poderoso, siendo un coadyuvante de la Justicia y un eslabón que una al Estado con la sociedad.

Los abogados son los únicos capaces de hacer frente a los abusos del poder con las exclusivas armas del Derecho, sólo ellos hacen avanzar la jurisprudencia, y su intervención es la máxima garantía de una administración de justicia democrática.

Por desgracia, actualmente el poder político ve en los abogados y en el ejercicio independiente de la abogacía los grandes enemigos de la Justicia, siendo los menos culpables de su mal funcionamiento. El abogado es el chivo expiatorio de todos los males de la Justicia de los que es inocente; de coadyuvante de la Justicia y de los tribunales ha pasado a estar bajo permanente sospecha, siendo realmente, junto con con el justiciable, el gran perjudicado de su mal funcionamiento.

Si pudiera, ¿qué cambiaría en el actual sistema judicial para mejorarlo?

En primer lugar, el acceso a la carera judicial suprimietno una oposición obsoleta de raíz, donde el juez accede a tal condición sin más preparación y ayuda que la superación de dicha oposición. La Judicatoria, en el año 1975, era la función más prestigiada, actualmente, tras la política, arrastra la tasa más alta de desprestigio.

Modificaría en profundidad la selección de la Judicatura y de sus promociones internas, no haciéndolas depender de la política ni del corporativismo de las asociaciones profesionales que se convierten en opciones políticas, dejando al juez realmente independiente condenado a un exilio profesional interior.

Juzgaría los delitos cometidos por los jueces contra la administración de Justicia a través de la Ley del Jurado, tal y como se sostenía en su primer proyecto, de forma que no puedan ser los jueces los que sena juzgados en ese tipo de delitos por sus propios compañeros.

Mejoraría la Inspección de Tribunales, haciendo que fuera lo que su nombre dice que debe ser, en vez de anunciarlas como se hace ahora con dos meses de antelación, haciéndolas por sorpresa, de forma aleatoria y sin filtraciones en los juzgados.

Suprimiría en los juzgados los horarios para la atención de profesionales y público, siendo vergonzosa la actual situación donde se requiere pedir día y hora hasta para practicar una renuncia judicial. Y propondría una norma estableciendo que ningún juez pudiera pedir traslado mientras no tuviera su juzgado al día.

Me gustaría que el poder judicial sea un poder independiente del Estado, se cumpliera la división de poderes de Montesquieu, y que el poder judicial nunca fuere un comisionado de las cortes o del ejecutivo.

¿Es bueno que cuatro personas aspiren al cargo de decano del Colegio de Abogados?

Sí, porque denota un interés y responsabilidad de los abogados por las labores colegiales que nunca antes había acontecido, favorece la participación ante la diversidad de candidatos. Me hubiera gustado que esta pluralidad se hubiera producido en el resto de puestos a cubrir en la Junta de Gobierno.

¿Qué puede aportar usted al Colegio de Abogados?

Ilusión, responsabilidad y compromiso de los fines marcados, siendo consciente que la consecución de los mismos sólo puede realizarse desde la unión de todos los colegiados, y desde una Junta de Gobierno, con su decano a la cabeza, que sin miedo defienda con vigor y con rigor a todos sus colegas y a la profesión que representa aún a riesgo de que su bufete se vea dañado como consecuencia de dicha defensa, actuando siempre desde la 'autoritas' por encima de la 'potestas' disciplinaria.

¿Cuáles son las líneas básicas de su proyecto?

Además de las apuntadas en las anteriores respuestas, deseo un Colegio de Abogados que salvaguarde los intereses de la profesión, del colectivo, frente a la defensa de los individuales o de unos pocos.

Un Colegio de Abogados que reafirme su papel de coadyuvante de los tribunales, y no acepte ser un mero subalterno, descartando las actitudes de docilidad y de genuflexión en sus relaciones con ellos.

Un Colegio de Abogados que defienda con vigor y con rigor a sus colegas y a la profesión que representan, resolviendo sus problemas sin necesidad de pedirles la interposición de una denuncia previa.

Un Colegio de Abogados que informe puntualmente a los abogados de las fechas en que se practiquen la Inspección de los Juzgados, facilitando a los colegiados la posibilidad de dar a la Inspección una relación de procedimientos concretos que entiendan deben ser objeto de inspección.

Un Colegio de Abogados transparente para todos sus colegiados, que gestione medios económicos suficientes para el digno desarrollo de sus funciones, máxime ante los cambios que conllevará la ley Ómnibus, que traspone la Directiva Europea de Servicios; procurando una formación continuada para sus colegiados.

Un Colegio de Abogados donde el turno de oficio esté dignamente retribuido, con absoluta dedicación no limitada al papel de mero administrativo al que se somete al abogado de oficio respecto a los eventuales beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Un Colegio de Abogados que vele por la atención social de sus colegiados, fomentando iniciativas y convenios que favorezcan nuestro quehacer cotidiano, con especial seguimiento a la consolidación de las iniciativas legislativas tendentes a la universalización de la asistencia sanitaria que que permita a todos los abogados tener asistencia sanitaria pública gratuita.

Un Colegio de Abogados que impulse la creación de la Ciudad de la Justicia, participe en el seguimiento de proceso de transferencias de la Justicia, y vele por la creación de una sección segunda de la Audiencia Provincial para Cartagena, necesaria para su conveniente oxigenación jurídica.

¿Desea aportar algo más a esta entrevista?

Me gustaría ser cauto respecto a las expectativas creadas en relación a la implantación de la nueva oficina judicial (Ley Orgánica 1/2009 de 3 de Noviembre y Ley 13/2009 de la misma fecha de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial), porque no va a ser la panacea que resuelva el mal funcionamiento de la Justicia.

Considero positivo que la grabación de las vistas se extienda a todos los procedimientos más allá de los regulados por la Ley de Enjuiciamiento Civil, acogiendo una permanente reivindicación de los abogados hartos de las limitadas, parcas e ilegibles, Actas de Juicio sobre todo, a efectos de interposición de recursos, aunque si no se dota del personal necesario para el control de aparatos de grabación y reproducción de DVD, el fracaso está asegurado. Si actualmente la rotura de un aparato de grabación o los problemas de reproducción son habituales grabando sólo los procedimientos civiles, el problema se acrecentará cuando se amplíen las grabaciones a otro tipo de procedimientos.

Sinceramente, no veo al secretario judicial pudiendo llevar a cabo todas las funciones que les atribuye la nueva Ley con los medios humanos y materiales con los que se cuenta en la actualidad, siendo frecuente, por ejemplo, que por unos mismos hechos existan abiertos varios procedimientos en un mismo juzgado, procediéndose casi siempre a su acumulación a instancias de los abogados, o el estado en que se encuentran las ejecuciones de los procedimientos que se dilatan en el tiempo sin plazo de finalización, o la tramitación de los procedimientos en algunos juzgados del Palacio de Justicia donde permanecen seis meses en el suelo sin ser trabajados con la consiguiente prescripción, sin derivación de responsabilidad alguna para la administración de Justicia y con el consiguiente perjuicio al justiciable.

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