APENA, ‘látigo judicial’ de los trabajadores víctimas del amianto
La ‘Asociación de perjudicados por el amianto’, entidad independiente sin ánimo de lucro, está activa en Cartagena desde hace dos décadas, agrupando a antiguos empleados de Bazán, Izar, Navantia, Repsol, Armada Española y otras empresas que expusieron durante décadas al riesgo laboral de amianto a sus trabajadores y cónyuges. En la agenda de la primera mitad de este año 2022, afronta en estas fechas cuatro acciones judiciales por parte de tres electricistas y un mecánico que padecen graves secuelas por la exposición continuada y no protegida al amianto, y en mayo se sumará la reclamación de la familia de un trabajador fallecido en 2020 por un adenocarcinoma pulmonar. En la foto, Domingo Núñez, cuyo despacho lleva estos procedimientos.
APENA afronta este año 2022 perseverando en sus reivindicaciones a la sanidad pública de comunicación precoz de sospecha de enfermedad profesional y de una mayor dotación de recursos de la consulta de neumología-amianto y al INSS una mayor agilidad en la tramitación de prestaciones por causa de enfermedad profesional por los efectos del amianto y así como la activación del fondo nacional de compensación de víctimas del amianto aprobado en los recientes Presupuestos Generales del Estado.
APENA ha promovido este mes de febrero 2022 cuatro nuevas acciones judiciales de extrabajadores de Navantia (tres electricistas y un mecánico) por las graves secuelas ocasionadas por la exposición continuada y no protegida al amianto.
En el calendario judicial, para mayo 2022 figura en el juzgado de Lo Social número 2 de Cartagena la reclamación de familiares de un extrabajador de Navantia fallecido en 2020 a causa de un adenocarcinoma pulmonar. Ahora, ante la falta de cualquier disculpa y conciliación por la empresa, piden una declaración de responsabilidad empresarial y una compensación económica.
La Asociación de Perjudicados por el Amianto viene encargando desde 2019 al Domingo Núñez & Asociados, despacho de abogados aboralistas de Cartagena, el asesoramiento jurídico y las reclamaciones administrativas y judiciales de sus afiliados.
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