Jueves, Junio 20, 2019
   
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El Rincón de Ápices

'Más sobre el derecho al sufragio'

En el Boletín Oficial del Estado nº 62 del pasado miércoles 13 de marzo, se publicó la Instrucción 5/2019, de 11 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre aplicación de la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General llevada a cabo por la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad.

Acuerda, entre otros apartados los siguientes:
Primero. A partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2018, han quedado suprimidas las dos causas de incapacidad civil para el ejercicio del derecho de sufragio establecidas en los párrafos b) y c) del apartado 1 del artículo 3 de la LOREG. En consecuencia, la Oficina del Censo Electoral deberá incorporar a dicho censo a todas aquellas personas que hubieren sido excluidas como consecuencia de resoluciones judiciales de naturaleza civil de privación del derecho de sufragio activo.

Segundo. Las Mesas Electorales deberán admitir el voto de cualquier persona con aparente discapacidad que se encuentre inscrita en el censo electoral correspondiente a dicha Mesa. Las personas con alguna discapacidad podrán valerse de alguien que les acompañe, o de algún medio material para trasladar los sobres electorales a los miembros de la Mesa Electoral. En el supuesto de que algún miembro de una Mesa Electoral, o alguno de los interventores o apoderados adscritos a esa Mesa considere que el voto de una persona con discapacidad no es ejercido de forma consciente, libre y voluntaria, lo podrá hacer constar en el acta de la sesión, pero no se impedirá que dicho voto sea introducido en la urna. En esa manifestación de constancia, el acta identificará al elector únicamente por el número de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, por el documento identificativo que aporte.

Este último apartado ha movilizado a gran parte de Asociaciones y Organos, como  al CERMI, que  ha exigido a la Junta Electoral Central a que anule con carácter inmediato la instrucción que permite a determinados agentes electorales (interventores, apoderados) cuestionar las condiciones del voto de las personas con discapacidad.

Sigue manifestando que  instrucción, elaborada y aprobada sin participación ni consultas con el movimiento social de la discapacidad, entra en contradicción clara con el espíritu y la letra de la reforma electoral de diciembre de 2018 que ha reintegrado en el derecho de voto a todas las personas con discapacidad, restringiendo y debilitando el mandato legal que es categórico en favor del derecho de sufragio sin exclusiones.

La decisión de la Junta está cargada de un enfoque sesgado y prejuiciado contra las personas con discapacidad, señalándolas particularmente y sometiéndolas a un marco genérico de sospecha que las coloca en una situación de desventaja grave a la hora de ejercer su derecho de voto por vez primera.

El CERMI se ha dirigido a la Junta Electoral Central a través de su presidente pidiendo la revisión urgente de la instrucción para corregir esta interpretación desviada y contradictoria con el tenor de la reforma electoral.

Por otro lado, La confederación Plena Inclusión España pidió este miércoles "una reunión" urgente a la Junta Electoral Central (JEC) para revisar la directriz que permite a interventores y apoderados de los partidos apuntar, en el momento del voto, el DNI de aquellas personas con discapacidad que, a juicio de los responsables de las mesas, no están ejerciendo su derecho al sufragio de "forma consciente, libre y voluntaria". En su opinión, la instrucción “discrimina” a las personas con discapacidad. Así lo afirma el presidente de la confederación, Santiago López Noguera, en una carta enviada a Segundo Menéndez Pérez, presidente de la Junta Electoral Central. En su misiva, López Noguera reclama a la Junta Electoral Central “una revisión urgente de la instrucción”, celebrar una reunión inmediata para tratar dicho asunto y consultar con las organizaciones expertas en discapacidad cualquier medida que afecte a estas personas antes de su publicación.

En un comunicado, Plena Inclusión mostró “su sorpresa” ante la publicación de dicha medida, pues en una reunión del pasado 6 de marzo ya le había transmitido sus preocupaciones al respecto.

Además, la confederación transmitirá su pesar y preocupación en un encuentro con eurodiputados que celebrará hoy viernes.

Ignoro la solución que dará la Junta Electoral Central, pero ahora, de momento, y hasta que esté expuesto el Censo Electoral, lo importante es comprobar que se está incluido en el mismo, ya que de no estarlo y no solucionarlo, no habrá posibilidad alguna de votar en las próximas elecciones. 

 

'Derecho de sufragio'

La Ley 2/2018, de 5 de diciembre, modificó la Ley Orgánica 5/85 de 19 de Junio, de Régimen Electoral General. Dicha reforma tuvo como objeto el garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. Esto, que en principio parece muy claro, todas las personas con discapacidad tienen derecho al voto, a la hora de la verdad no será así, ya que la norma establece que  “toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera... quedan sin efecto las limitaciones en el ejercicio del derecho de sufragio establecidas por resolución judicial”.

Dada la proximidad de Elecciones Generales a celebrar el próximo mes de abril, y las Municipales en mayo, todas estas cuestiones van a ser objeto de discusión por las Juntas Electorales, ya que hay muchos aspectos que no están claros.

Pero lo importante ahora mismo, es comprobar si se aparece o no en el Censo Electoral, ya que para el caso de no estarlo, hay que reclamar.

Comunica el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena que “el servicio de Estadística y Población entre el 11 y el 18 de marzo las listas del censo electoral que se utilizarán en las Elecciones Generales del próximo 28 de abril en el municipio de Cartagena. El censo expuesto refleja los cambios habidos en cuanto a empadronamientos y cambios de residencia, hasta el día 28 de diciembre. Como en anteriores ediciones, las consultas de los datos deberá realizarse personalmente por los interesados acudiendo en horario de oficina, de 8,30 a 13 horas, a las dependencias de Estadística (calle Ronda de La Unión) o a la Oficina de Información y Atención al Ciudadano, edificio Administrativo en la calle de San Miguel.

También podrá consultarse en las OMITAS  de los barrios y diputaciones, en el horario y días de apertura de cada uno ellas

En todos estos casos, los ciudadanos, provistos de su documento nacional de identidad,  podrán comprobar que están incluidos en el censo, su nombre apellidos y dirección, así como el colegio donde podrán ejercer su derecho a voto. La consulta estará asistida por un funcionario municipal, que garantizará la protección de datos, y si  se observa algún error, se les facilitará un impreso para que formulen la correspondiente reclamación que tramitará el Ayuntamiento ante la Oficina del Censo Electoral.

Otra vía de consulta será la de internet, a través de la página del Ayuntamiento (www.cartagena.es), que sólo permitirá la consulta de la inclusión en el censo y el colegio donde votar, y no el resto de datos”.
Por tanto, y todo aquél que tenga interés en ejercer el derecho al voto, lo primero que habrá de hacer es comprobar si se encuentra o no en el Censo Electoral, y si no lo está, solicitar su inclusión, ya que es condición inexcusable estar en el Censo para posteriormente poder votar.
Y es muy importante que lo hagan sobre todo los que anteriormente estuvieran privado del derecho a voto, ya que ignoramos cómo se ha procedido a introducirlos en el Censo Electoral.

 

Bono social eléctrico

Reproduzco íntegramente éste recordatorio del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) por considerarlo interesante para aquéllas familias que tengan reconocido el bono social eléctrico, e incluso para los que no teniéndolo puedan optar al mismo.

“El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha recordado a las personas y familias que tengan reconocido en este momento el bono social eléctrico que soliciten su renovación antes del 8 de octubre próximo, para adecuarse al nuevo modelo que entrará en vigor esa fecha.
Las personas con discapacidad y las familias que incluyan en su seno una persona con discapacidad que vinieran disfrutando del bono social eléctrico vigente perderán este beneficio si no piden su renovación en los próximos días, por lo que desde el movimiento asociativo se les insta a proceder a esta solicitud.

Para ello, deben dirigirse a la compañía comercializadora con la que tengan contratado el suministro eléctrico de su hogar, y tras cumplimentar los formularios y aportar la documentación requerida, solicitarlo formalmente.

Las personas con discapacidad y familias de las mismas que no gozaran de este beneficio y que consideren tienen derecho a acogerse al mismo por cumplir los requisitos de acceso, pueden solicitarlo sin límite temporal también ante la compañía que comercializa el suministro eléctrico.

Para más información o consultas en caso de duda, cualquier persona interesada puede acudir a la oficina municipal de consumo o asociación de consumidores más próxima para recibir orientación sobre condiciones y procedimiento”.

   

'Presunción de capacidad'

El Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 15 de marzo,  númeor 146/2018 del Pleno de su sala primera, ha desestimado el recurso de casación interpuesto contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias y ha validado el testamento otorgado ante un notario por una persona con discapacidad intelectual.

El primer testamento fue otorgado antes de la sentencia de modificación judicial de la capacidad de la mujer, mientras que el segundo se hizo con posterioridad a la sentencia que había sometido a ésta a la figura de la ‘curatela’ para la realización de actos de disposición, sin referencia expresa a la facultad para otorgar testamento.

La sala recuerda que la finalidad de las normas que regulan la capacidad para otorgar testamento es garantizar la suficiencia mental del testador respecto del propio acto de testar y considera que, con independencia de cuál sea la causa de la discapacidad que da lugar a la modificación de la capacidad de obrar, el régimen del artículo 665 del Código Civil ofrece un cauce para que la persona con la capacidad modificada judicialmente pueda ejercer la facultad de testar.

Y la sala entiende que puede otorgar testamento conforme a este precepto toda persona que, de acuerdo con lo dispuesto en una sentencia de modificación de la capacidad de obrar, precisa de la intervención del curador para realizar actos de disposición.

Se basa en el principio de presunción de la capacidad, que ya resultaba de nuestro ordenamiento y ha quedado reforzado por la Convención de Nueva York sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que implica que no cabe basar la falta de capacidad para testar ni por analogía ni por interpretación extensiva de otra incapacidad.

Es importante el reseñar que la sala considera el testar como un acto personalísimo, y ni el tutor, como representante legal puede otorgar nuevo testamento en lugar de la persona con la capacidad modificada judicialmente, ni el curador puede completar su capacidad para testar cuando sea ella quien otorgue el testamento.

En este caso,  tras la valoración de todas las pruebas, no había quedado probado que la testadora careciera de capacidad para testar, ya que no que no existía pronunciamiento previo en la sentencia de incapacitación y el notario se aseguró que, a su juicio, la testadora tiene la capacidad legal necesaria, contando con el juicio favorable de dos facultativos. La sentencia recurrida había valorado, además, junto a la opinión profesional del notario y de la médica de cabecera que atendió a la testadora durante catorce años, otro tipo de pruebas, como lo manifestado por la testadora en el previo procedimiento de modificación de su capacidad, la realización de otros actos jurídicos antes y después de la modificación judicial de la capacidad y la coherencia de la voluntad de dejar sus bienes a las personas que le prestaron su apoyo y en quien confiaba. Por todo ello, se acordó la desestimación del recurso de casación presentado.

 

‘Aprobación inicial de la ordenanza para la accesibilidad universal en Cartagena’

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 27, del pasado viernes día 2 de febrero, y en la página 2412, se publica la Aprobación inicial de la Ordenanza para la accesibilidad Universal en el Municipio de Cartagena. Esta aprobación inicial se acordó por el pleno del Ayuntamiento de Cartagena, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 30 de noviembre de 2017. Y por medio de dicha resolución se somete el Texto del proyecto de Ordenanza a información pública y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente a la inserción del anuncio en el BORM, pudiéndose examinar la misma bien en el Servicio de Atención a la Dependencia y  Discapacidad de la Concejalía de Servicios Sociales o en el portal de transparencia del Ayuntamiento.

Por tanto, existe un plazo de treinta días para que todos los interesados puedan tanto examinarla como presentar alegaciones, ya que en caso de que no se presentasen, se considerará aprobada definitivamente dicha ordenanza.

Sólo dejar constancia, sin perjuicio de ir comentándola sucesivamente, ya que es la norma por la que se va a regir la accesibilidad universal en éste municipio, que sometida a votación, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acordó aprobarla por unanimidad de los Concejales asistentes a la sesión.

Sería muy interesante que todos los sectores de la discapacidad hicieran un detallado estudio de la misma, y caso de estimarlo oportuno y/o necesario, se presentasen las alegaciones que se considerasen oportunas.

   

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