Martes, Octubre 16, 2018
   
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“El interno fallecido en la prisión de Sangonera tenía antecedentes por consumo de drogas”

La plataforma sindical de prisiones formada por APFP, CCOO, CSIF y UGT informan que el trato recibido por los trabajadores del centro penitenciario ante el fallecimiento de un interno a primeros de enero fue adecuado en todo momento.


El interno J.P.G, que falleció en la prisión de Sangonera la noche pasado día 4 de enero, se encontraba en el módulo 1 del centro y estaba siendo objeto de un seguimiento especial por sospechar que introducía sustancias prohibidas en la prisión.

Los sindicatos no comparten lo que la familia está afirmando en los medios de comunicación de que no fue atendido adecuadamente ya que cuando alguien se pone enfermo y empiezan a llamar a los funcionarios (el argot taleguero lo llama “picar”) para que lo atiendan, se produce un gran ruido al golpear la puerta metálica de las celdas que siempre va acompañado de la solidaridad de otros internos que hacen lo mismo para que los funcionarios acudan rápidamente.

En el caso de la noche del 4 de enero los compañeros de galería no oyeron nada por lo que, dudosamente, si los compañeros de la galería no pudieron oír nada, el funcionario tampoco lo podría haber hecho, lo cual se contradice con la versión de la familia.

En lo que respecta a la asistencia sanitaria los sindicatos informan que los días laborables se cuenta con un médico y enfermera durante la noche que prestan una asistencia sanitaria localizada, pero en el caso del fallecido la asistencia se produjo a la apertura de las celdas, a las 8 horas del día 5 de enero, por lo que se contaban ya con efectivos.

Además al interno se le estaba realizando un seguimiento especial por el Grupo de Control y Seguimiento del centro, que son empleado públicos que controlan todas aquellas situaciones que se puedan producir y que puedan afectar a la seguridad del centro, por las sospechas de que introducía droga en la prisión a través de las comunicaciones con los familiares.

Ello derivó que el centro solicitara al Juzgado la autorización pertinente para realizarle una prueba diagnóstica radiológica en el hospital, tras una comunicación familiar, a efectos de clarificar si introducía droga en su cuerpo, permitiéndolo el Juzgado y llevándose a cabo en el mes de noviembre de 2017.

Lo más llamativo del caso lo tenemos cuando los hechos se produjeron la noche del 4 de enero y, según consta en el centro, el día 1 de enero tuvo una comunicación familiar.

Los sindicatos afirmamos que “El resultado de la autopsia será lo que determine si la muerte fue natural o debida a sustancias prohibidas”.

 

 

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