Lunes, Agosto 20, 2018
   
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Un juez revoca un acuerdo del Pleno de Los Alcázares que perjudicaba a una trabajadora

José Grau, titular del juzgado de Lo Social número 3 de Cartagena (en la foto adjunta), ha condenado al ayuntamiento de Los Alcázares a restituir las condiciones laborales de una abogada a quien varió su estructura salarial como asesora jurídica de servicios sociales tras un acuerdo unánime del Pleno Municipal y establece que el consistorio debe pagar una multa de trescientos euros y las costas “por su temeridad y mala fe”.


El caso se centra en una abogado que ha venido prestando servicios al Ayuntamiento desde el 19 de noviembre de 2007. En junio de 2016 fue declarado, por esta misma sala, nulo su despido, siendo readmitida en su puesto de trabajo con un salario bruto mensual de 841,78 euros y un total de 9 horas semanales de trabajo. Sin embargo, el 27 de marzo de 2017 se le comunica que el Pleno Municipal aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos la modificación puntual para la función de asesora jurídica de servicios sociales a jornada parcial, pasando a recibir un complemento específico.

La letrada se opuso, indicando que se trataba de un complemento que no existía, mientras que el consistorio señalaba que al tratarse de un acuerdo de Pleno con corresponde el asunto a la jurisdicción laboral. El magistrado José Grau, por su parte, señala en la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, que la estructura salarial “cuando se añaden y quinta conceptos retributivos, supone una variación sustancial de las condiciones de trabajo”. En este caso, el juez considera que se ha lesionado “el patrimonio jurídico del trabajador” y declarada vulnerado el artículo 24 de la C.E. en su vertiente de indemnidad. En el fallo judicial, declara nula la modificación de la estructura salarial de la actora llevada a cabo por acuerdo de Pleno, obligando al Ayuntamiento a restituir a la abogada en sus anteriores condiciones laborales en cuanto a la estructura salaria.

Respecto a la posible temeridad, en el punto sexto de los fundamentos de derecho, el juez considera que la parte demandada “ha hecho un abuso temerario de su derecho de defensa. Desde un principio intentó obstaculizar este procedimiento a través de recurso improcedente contra la admisión de la demanda, sin tener en cuenta que las excepciones en un juicio laboral, de naturaleza verbal debían oponerse en la contestación de la demanda (…) Opone sin rigor y pese a la advertencia, la excepción de falta de jurisdicción, en proceso cuyo objeto es la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de una trabajadora, perosnal laboral indefinido, y por último, no presenta prueba alguna ni documenta que tenga nada que ver con el procedimiento”, indica, por lo que condena al Ayuntamiento también a pagar 300 euros de multa y al pago de las costas del procedimiento, incluida la minuta del graduado social José García Antón que representó a la trabajadora, con un límite de 600 euros.

La abogada, tras esta sentencia, ha manifestado su intención de reclamar perjuicios sufridos, mientras que el ayuntamiento de Los Alcázares ha anunciado que recurrirá.



 

 

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