Lunes, Noviembre 19, 2018
   
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Una factura podría costarle el doble al ayuntamiento de Cartagena por demorar su pago

La empresa que llevó a cabo el desplazamiento de un espigón de la playa de Punta Brava presentó en febrero de 2013 una factura por 7.856 euros que sigue sin cobrar. El asunto ha terminado en una demanda contenciosas presentada por el letrado Carlos García (en la foto adjunta), que ha solicitado al juez unas medidas cautelares además de que el consistorio sea condenado al pago, además de la deuda, de intereses, perjuicios y costas. El juicio se ha fijado en la sala de Lo Contencioso para el 27 de febrero.


La obra, que consistía en desplazar el espigón hacia la zona de Los Alcázares, fue encargada por el IMSEL (Instituto Municipal de Servicios del Litoral), siendo factura con fecha 4 de febrero de 2013. Sin embargo, la misma sigue sin ser abonada, por lo que la empresa de movimientos de tierras ha decidido acudir a la vía judicial a través del despacho García Gil Abogados con una demanda presentada en el juzgado de Lo Contencioso número 1 de la ciudad, que ha fijado para el 27 de febrero el juicio.

El letrado Carlos García expone que es un asunto que se va demorando en el tiempo sin que exista duda sobre la factura, pues en mayo de 2016, en unas manifestaciones publicadas por la prensa, la entonces vicepresidenta del IMSEL, Ana Belén Castejón, reconocía su existencia dentro de una deuda global de 90.000 euros del Instituto. El IMSEL se disolvió, pero los pagos pendientes los asumía el consistorio. “Hemos tratado desde hace tiempo de cobrar a través de gestiones con las concejales de Infraestructuras, Descentralización y Hacienda, pero cada uno ‘se pasa la pelota’ y mi cliente sigue sin cobrar y sin saber cuándo y cómo lo hará”, expone el abogado. La demanda ha sido interpuesta contra la alcaldesa (Ana Belén Castejón) y los representantes de las citadas concejalías (en su momento, José López, Juan Pedro Torralba e Isabel García), por lo que preguntamos si se sospecha que la crisis interna del Ayuntamiento entre ambas formaciones políticas haya podido tener algo que ver. El letrado dice ignorarlo y que lo importante para su cliente es cobrar el trabajo que llevó a cabo. En la demanda solicita al magistrado Andrés Montalbán que adopte unas medidas cautelares y que el Ayuntamiento sea condenado también al pago de intereses, perjuicios y costas, con lo que los gastos podrían casi duplicar la factura. 

 

 

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