Lunes, Mayo 21, 2018
   
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“Los asuntos sobre discapacidad deberían contar siempre con un abogado defensor”

Emilio Cerezuela protagonizó la última convocatoria del ‘Café jurídico’ de la Asociación de Jóvenes Abogados de Cartagena, donde, durante unas dos horas, se habló sobre la intervención de los letrados en los procesos de modificación de capacidad y sobre internamientos involuntarios. El letrado forma parte de un movimiento nacional que reclama que se estipule la presencia obligatoria de abogados en estos procesos, que son más habituales de lo que muchos ciudadanos piensan.


Los asuntos jurídicos de discapacidad, que se resuelven en el juzgado de Familia (primera instancia número 6), no tienen la obligatoriedad de que el protagonista cuenta con la defensa de un abogado, siendo la Fiscalía la que defiende sus derechos en caso de ausencia de un letrado. “El volumen de estos asuntos es importante, pues en muchas ocasiones es necesaria la declaración de incapacidad de una persona para, por ejemplo, la venta de una propiedad para pagar los gastos de una grave enfermedad. En algunas grandes ciudades, debido a la habitualidad de asuntos, existen juzgados de discapacidad específicos”, expone Emilio Cerezuela sobre estos asuntos, que en el Partido Judicial de Cartagena se amontonan con divorcios, custodias y otros relacionados con familia.

La familia o la autoridad son los que inician los procesos de internamiento involuntario, “que son procedimientos complicados y laboriosos, indicando el Tribunal Constitucional en 2016 que en esos asuntos y en los de modificación de capacidad es necesaria la presencia de un abogado, al margen de que también figure un fiscal, pues de esta manera se garantiza de que surgen problemas posteriores. Por ejemplo, si la Fiscalía se posiciona en que una persona debe ser internada, ¿quién queda entonces como defensor de la persona en cuestión? Mi opinión es que, al margen de la presencia fiscal, debe participar un letrado”, indica Cerezuela, quien forma parte de un movimiento nacional que reclama al Estado que sea obligatoria la presencia letrada, ya sea por vía de contratación o de oficio, “pues si se les concede a delincuentes, por qué no también a personas que lo que sufren es una enfermedad y tienen un problema”, apunta.

 

 

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