Viernes, Diciembre 14, 2018
   
Texto

Revocada una sanción de la Confederación Hidrográfica del Segura

La sala 2 de Lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, sección segunda, ha estimado en una reciente sentencia el recurso interpuesto por una persona jurídica contra una resolución del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, que le impuso una sanción de 6.000 euros de multa por la comisión de una infracción consistente en la construcción y explotación de un sondeo en el cauce de una rambla sin la autorización administrativa del organismo de cuenca, anulando y dejando sin efecto dicho acto, por no ser este conforme a derecho, imponiendo además las costas a la administración demandada. El recurrente ha estado representado en este proceso por el despacho Internacional de Abogados GM SL.


Según el fundamento de derecho primero de la sentencia, “la resolución impugnada (…) funda la imposición de sanción en la estimación de que la actora es responsable de la infracción imputada por la construcción y explotación de un sondeo sin disponer de la oportuna autorización administrativa. Hechos que han quedado por la denuncia formulada en su día por el Seprona y por los informes emitidos por los Agentes Medioambientales que gozan de fuerza probatoria. La realidad de los hechos queda acreditada porque el sondeo se encuentra en la propiedad del denunciado”.

La parte actora, por su parte, alego que adquirió "por escritura de compraventa una propiedad (…). Que la perforación supuestamente destinada a la extracción de agua de dominio público que se imputa a la recurrente, se encontraba realizada al momento de adquisición de la propiedad (…). Que el motor supuestamente utilizado para impulsar agua de la perforación no tiene carácter funcional dada su antigüedad, y por ende no puede impulsar agua de la perforación (…). Que por parte de la Administración no quedan acreditados ninguno de los extremos recogidos a lo largo del expediente administrativo y la sanción objeto de la presente, pues no se aporta prueba alguna más que la denuncia de los agentes del Seprona, la cual ha quedado rebatida en todos y cada uno de sus extremos, y un reportaje fotográfico que no puede respaldar las aseveraciones vertidas por dichos agentes (…). Igualmente, no queda acreditado por esta administración, que se haya extraido cantidad de agua alguna, pues en la citada inspección de los agentes instructores, no se hace referencia a la extracción de agua. Sin embargo, si se hace referencia en el expediente a que en la citada inspección el motor no se encontraba en funcionamiento. No se practica comprobación alguna de la funcionalidad de dicho motor, no pudienco probar por esta administración su uso efectivo.”

El fundamento de derecho segundo de la sentencia establece que la jurisprudencia del Tribunal Supremo "atribuye a las denuncias de los agentes de la Autoridad un principio de veracidad y fuerza probatoria al responder a una realidad apreciada directamente por las mismas, salvo prueba en contrario; pero en este caso la denuncia no responde a una realidad apreciada. Como ha señalado el Tribunal Constitucional, entre otras Sentencias 133/2011 y 70/2010, el derecho fundamental a la presunción de inocencia exige, por definición, que la acusación que conduce a que se dicte una resolución sancionadora desvirtúe la presunción iuris tantum en que consiste ese derecho, y que ello se haga con pruebas de cargo válidas, bien directas o indiciarias, pero practicadas con todas las garantías, que no lesionen otros derechos fundamentales y que se valoren en forma motivada y con un iter de razonamiento que conduzca desde la prueba al hecho probado en forma suficiente, razonable y respetando un razonamiento lógico. Lo que no ha ocurrido en este caso.”

“De las pruebas aportadas al expediente y las realizadas en este recurso en fase judicial, resulta acreditado que la entidad recurrente, que adquirió la finca el  (…) según escritura de compraventa (…), no realizó la construcción del sondeo ni consta que fuera ella quien instaló los elementos necesarios para su explotación, ya que nunca, (…), se decía que se le sancionaba por ser dueña de la finca donde se había construido el pozo (…), sino por la construcción e instalación. (…) en la denuncia del Seprona nada indica expresamente sobre si el pozo se encontraba en explotación, ni hay fotografías que ilustren con claridad que la tubería desemboque en la balsa, ni (…) que acrediten que el agua de la balsa se extraía del pozo (…)”

“Además, en este caso, según se desprende la denuncia formulada, los hechos imputados a la actora son la construcción y explotación de un sondeo sin autorización. Pero más que la explotación del pozo lo que se está sancionando es el alumbramiento de aguas subterráneas y la construcción del mismo, sin la correspondiente autorización de la Confederación.”

 

 

Prohibida la publicación de fotografías de este diario digital con la marca 'CYA' en cualquier publicación o en Internet sin autorización.

 

 

Banner
Banner

Banner

Banner
Banner
Banner

Login Form

Este sitio utiliza cookies de Google y otros buscadores para prestar sus servicios, para personalizar anuncios y analizar las visitas en la web. Google recibe información sobre tus visitas a esta página. Si visitas esta web, se sobreentiende que aceptas el uso de cookies. Para mas informacion visite nuestra politica de privacidad.

Comprendo las condiciones.

EU Cookie Directive Module Information