Lunes, Noviembre 19, 2018
   
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El blanco de la discordia

Un abogado se enfrenta a una pena de seis años de prisión por la denuncia de varios clientes que afirman que no les pagó la parte de las indemnizaciones que correspondía a los gastos de las clínicas donde llevaron a cabo la recuperación tras sufrir diversos accidentes y que les hizo firmar papeles en blanco, mientras que el letrado asegura que esto último es falso porque esos documentos son los recibos auténticos del dinero entregado y que él sólo se quedó con el diez por ciento que correspondía a sus honorarios.


No es habitual ver a un abogado afrontar una vista oral como acusado. Esa escena se vivió ayer en la sala de vistas de la sección quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, donde la Fiscalía solicita una condena de cárcel de seis años por el delito de apropiación indebida para un letrado que proclama ser inocente. Además, se le reclama una responsabilidad civil de 14.060 euros, que corresponde a las cantidades que reclaman catorce personas que en su día, en concreto entre los años 2010 y 2011, fueron sus clientes.  

El investigado, como es preceptivo, fue el primero en declarar después de que su abogado defensor, Joaquín de Lacy Pérez, presentase unas cuestiones previas que el tribunal resolverá en sentencia. La fiscal le preguntó directamente si recibió dinero que estaba destinado a pagar los gastos médicos de fisioterapeutas. La respuesta general fue "no, salvo en dos o tres casos de un mismo accidente que sí porque se me encargó que los pagases yo, lo que hice. Del resto no recibí dinero y en algún caso no fueron clientes míos", añadiendo poco más adelante que en ocasiones buscaba "un punto de acuerdo entre lo que se facturaba por el tratamiento y lo que realmente pagaba la aseguradora". Fue tajante en negar que hubiese hecho firmar documentos en blanco a los demandantes cuando eran sus clientes.

Después preguntaron la acusación particular, que lleva la letrada Elena Asís Jiménez, y su abogado. En sus respuesta dijo que los pagos recibidos "abarcan la indemnización y los gastos médicos, pero algunos pensaban que todo era indemnización" y que podía darse el caso de que un cliente "gaste 1.500 euros en el tratamiento y que luego la compañía pague sólo mil". También afirmó que en muchos casos era él quien los cobraba porque los clientes tenían problemas, como embargos u otros problemas personales, y que descontaba los honorarios de sus servicios ("no me quedé con dinero que fuese de ellos", refiriéndose a los demandantes). En un momento dado también comentó que los perjudicados "son amigos, conocidos o familiares, se conocen entre todos". 

El siguiente capítulo fue el paso de los demandantes por la sala. El primero, que reclama 972 euros, dijo que firmó un papel en blanco ("confiaba en él") y que le endosó un talón que le entregó la aseguradora de 5.600 euros, pero que no ha visto "un euro", además de que el abogado le daba largas o no le cogía el teléfono cuando trató de contactar con él. Aseguró que Practiser le reclama la deuda del tratamiento. El abogado defensor le planteó que en su denuncia sólo reclamaba los gastos médicos y no la cifra que había dicho en sala. Tras él fueron pasando más personas, que a diferencia del primero sí dijeron haber recibido dinero, pero que faltó el pago a las clínicas. Casi todos coincidían en afirmar que firmaron varias hojas en blanco (unos lo aseguraban y otros creían haberlo hecho), remarcando que lo hicieron porque se lo dijo el letrado y no desconfiaban. Lo que no recordaban varios eran las cantidades exactas que correspondían a lo que pagaron sus respectivas aseguradoras y lo que tenían que abonar por gastos médicos y por los servicios del letrado. También varios coincidieron en decir en que no pudieron localizar al letrado cuando surgieron los problemas y que las mutuas les reclamaron dinero ("no esperábamos esas reclamaciones pues nos dijo que se encargaba de todos los pagos"). Respecto a esto último, unos señalaron que todavía están siendo reclamados por las mutuas y otros que pactaron una reducción de la deuda o un pago fraccionado. Hay que reseñar que la fiscal preguntó a todas las víctimas si el abogado les detalló en algún momento los conceptos en que se desglosaban las indemnizaciones, respondiendo todos de forma negativa. 

También testificó un fisioterapeuta. Afirmó que el abogado le propuso trabajar con él enviándole clientes. "Él era quien pagaba las facturas hasta que le di unas a un cliente que se había marchado a otro abogado y entonces se cabreó conmigo", dijo, además de señalar que le debe cuatro facturas por un montante de 1.200 euros que reclama.  

El tribunal presidido por José Manuel Nicolás y que completan los magistrados José Francisco López y Juan Ángel Pérez deberán resolver con su sentencia un procedimiento que, después de tres suspensiones anteriores por diferentes motivos, ha conseguido celebrar su juicio.

 

 

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