Lunes, Noviembre 18, 2019
   
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Anulado 'in extremis' un desahucio de Bankia

Un matrimonio, que no pudo hacer frente a los recibos de la hipoteca debido a la enfermedad del esposo, quien era autónomo, sigue, de momento, en su vivienda al paralizarse con escasas horas de antelación la ejecución de una resolución judicial por la que tenía que abandonar su vivienda, pero que ahora queda pendiente de la decisión que el Tribunal Constitucional adopte sobre las cláusulas abusivas. En la imagen se observa a Carlos García, el letrado que ha llevado este asunto.


El asunto sitúa su origen en el año 2012 en el seno de un matrimonio de Los Barreros (Cartagena) cuyo marido, entonces con 52 años de edad, sufre la amputación de dedos de los pies debido a una enfermedad (una diabetes muy agresiva), lo que supone que no pueda seguir ejerciendo su trabajo como conductor de camiones, el cual llevaba a cabo como autónomo. Le es concedida la invalidez por la reducida movilidad, pero con una pensión baja, lo que provoca que no pueda hacer frente a los recibos del préstamo hipotecario de su vivienda.

La deuda que se reclama entonces por parte de Bankia es de 113.705 euros, a los que se suman cerca de seis mil euros de costas, decretando el juzgado de Primera Instancia número 2 de Cartagena el lanzamiento, es decir, el desahucio. El inmueble sale a subasta en el año 2016, siendo adquirido por la propia entidad bancaria, quien continúa con el procedimiento para el desalojo dela vivienda.

El matrimonio es en el presente año cuando recurre al abogado Carlos García cuando apenas queda una semana para el lanzamiento, previsto para el mes de junio. El letrado presentó un incidente de nulidad que fue desestimando, optando entonces por presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El juez de Cartagena autoriza la suspensión cautelar del proceso, pero en octubre, al no haberse pronunciado el TC todavía, ordena la ejecución del lanzamiento para el 31 de octubre. La reacción de la parte que representa al matrimonio fue presentar un escrito de impulso administrativo, emitiéndose la orden con carácter de urgencia de paralización un día antes de que se llevar a cabo, en espera de que la sala del Constitucional resuelva la petición de nulidad del proceso y comenzar uno nuevo con la situación que se daba en 2014.

La base de esta petición "es que todavía está sin resolver el asunto de las cláusulas abusivas y, en este caso, existen bastante que ha acompañado a todo el proceso", indica el letrado Carlos García, quien apunta que este asunto "no está ganado, pero sí se ha evitado una injusticia ante una banca impasible, como sería que tuviesen que dejar su hogar cuando el TC todavía no se ha pronunciado. No es un caso mediático, pero, quizás, sí el más satisfactorio de los que he tenido", añade. 


 

 

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