"La gestión política es distinta a la administrativa, que corresponde a los funcionarios"

Escrito por Carlos Illán Ruiz - 21DEhoy agenCYA. 5 de febrero de 2020, miércoles.

Daniel García, exalcalde de Torre Pacheco, rechaza la acusación de que cometió prevaricación durante tres años de su mandato en el Ayuntamiento, afirmando que estampaba sus firmas en documentos que le llegaban tras un proceso del que confiaba plenamente y del que le era imposible comprobar. También defienden su inocencia el entonces edil de Urbanismo y el interventor, para los que la Fiscalía solicita también diez años de inhabilitación para empleo o cargo público. El juicio, que se ha iniciado en la Audiencia Provincial, también investiga a cinco arquitectos, quienes proclaman sus inocencias.

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Más de cinco horas ha durado el primero de los dos capítulos fijados para la vista oral contra ocho personas acusadas de prevaricación en la adjudicación de contratos durante la etapa comprendida entre 2004 y 2007 en el ayuntamiento de Torre Pacheco, lo que ha llevado al banquillo de los acusados a Daniel García, quien fue alcalde de la villa entre 2003 y 2014; a quien fue su concejal de Urbanismo y a al interventor, solicitando en este caso el ministerio público penas que se elevan a diez años de inhabilitación para cargo o empleo público. Hay también cinco arquitectos encausados, para los que se pide la misma pena, pero por un período de ocho años. Ha sido llamativa la escena de tener junto a cinco profesionales de este sector, algunos autores de obras de gran relevancia y con premios internacionales en su palmarés.

Las cuestiones previas han ocupado más de una hora del juicio, solicitándose por parte de los abogados causa juzgada, en el caso del exalcalde, y prescripción en lo que afecta a todos. Respecto a lo primero, el abogado José Pardo Geijo ha expuesto que en el proceso que culminó en 2018 contra García Madrid, con sentencia de cinco años de inhabilitación que fue revocada por el Supremo, ya se abordaron estos asuntos. Respecto a la prescripción, los letrados han planteado que se han superado los diez años entre la presunta comisión del delito en 2004, exponiendo que un auto de 2010 no reunía los requisitos y por tanto no interrumpía ese período de tiempo.

La fiscal, Carmen de la Fuente, ha rechazado lo primero poniendo énfasis en la "identidad sustancial del asunto" y considera que no ha existido prescripción, por cuanto no existe documento alguno del inicio de la presunta comisión del delito hasta la factura presentada por un arquitecto en abril de 2005 y que fue en enero de 2013 cuando la Fiscalía presentó el escrito por el que pedía que se abriesen diligencias y en marzo del mismo año cuando se solicitó la incoación de previas. Sí ha estimado que en uno de los arquitectos investigados (Martín F.L.A.) no existe presunto delito continuado, sino un caso individual.

El tribunal, integrado por los magistrados Jacinto Aresté, Matías Soria y Juan Ángel Pérez, tras un muy breve receso, han comunicado que desestima que sea causa juzgada en base a una sentencia del Supremo del año 2019 y que sobre la prescripción no están en condiciones de "establecer ahora de forma clara y diáfana una respuesta por la complejidad del procedimiento", reservando esa decisión a la sentencia.

El juicio ha comenzado con la declaración de Daniel García Madrid durante 55 minutos. La fiscal ha comenzado preguntándole si conocía el contenido de la Ley de Contratos y el exalcalde ha respondido: "Para eso estaban los funcionarios, que son los que se encargan. La gestión política es distinta a la gestión política es distinta de la gestión administrativa, por lo que ni me ocupaba ni me preocupaba. Yo no contrataba ni contactaba con los arquitectos, limitándome a firmar los acuerdos de la junta de gobierno", la cual estaba integrada por el alcalde, siete concejales, el secretario, el interventor y un asesor jurídico. "No me puedo plantear la realidad física de miles de documentos; es imposible analizar todos los documentos que me llegaban, las facturas o leer las actas. En el caso de las facturas, llevaban un procedimiento antes de llegar a la junta de gobierno, y no estaban validadas, no llegaban". La fiscal le ha expuesto que alguno de los documentos de esta causa sólo van firmado por él. "No es posible", ha expresado, atribuyendo ese error a alguna circunstancia puntual.

Daniel García ha afirmado que el mecanismo de validación de su corporación "era el mismo que el de las anteriores. El asunto era analizado por técnicos municipales y cuando estaba bien, pasaba al concejal y de ahí al interventor. El secretario decía que el macanismo se ajustaba a ley, entonces ¿cómo me puedo plantear alguna duda?". Ha continuado diciendo que en momento alguno se planteó "alguna ley de alarma, salvo en 2007, cuando cambió la Ley, que entró en vigor al año siguiente y se cambió el sistema". Más adelante ha comentado que antes de 2003 gobernaba el Partido Independiente de Torre Pacheco, siendo el concejal de Urbanismo el actual regidor del municipio, Antonio León. "El mecanismo de contratación era el mismo que nosotros continuamos hasta que llegó la nueva Ley de 2007", apuntando que con respecto a la etapa anterior seguían los mismos interventor, secretario y técnicos, en general.  

Ha asegurado que eran los concejales los que contactaba con los arquitectos en base a sus trayectorias profesionales, a concursos de ideas o por reparto si se trataba de arquitectos del municipio. Se la ha indicado que la mayoría de contrataciones se concentraban en cinco arquitectos. "Ese dato no se ve en el día a día. Pasa igual que cuando se emiten sentencias, en el día a día no se lleva la cuenta cuanta se estiman o no", ha respondido. 

"Nadie tenía dudas entonces sobre la adjudicación de los contratos", ha reiterado, además de responder a una pregunta directa sobre el fondo del asunto: "Es falso que me pusiera de acuerdo con el concejal para prevaricar poniéndome de acuerdo con estos arquitectos".

El concejal de Urbanismo, Santiago M.L., ha comenzado su declaración exponiendo que desarrollaba su función como "ocupación parcial", pues mantuvo su actividad de autónomo como ingeniero agrícola. Ha manifestado que las facturas llevaban "unos trámites previos" y que él les daba el visto bueno "si sabía que se habían efectuado los trabajos". La fiscal ha insistido en saber cómo se fijaba el importe y la obligación, contestando el edil que estaba en la memoria del proyecto, desconociendo porqué en algunos de los casos de esta causa no figura en el procedimiento. "Mi labor era contactar con el arquitecto y firma la factura una vez comprobado que se había ejecutado el trabajo".

_{La imagen refleja el gran volumen de documentación que abarca este procedimiento}

El interventor Miguel P.M., por su parte, ha expuesto que por acuerdo de Pleno Municipal, según la ley de Haciendas Locales y por carecer de personal suficiente, tenía "una intervención limitada", que se reducía en los contratos en si había crédito y que se adjudicara por el órgano competente, no siendo de su competencia revisar el expediente. Su abogado, Vicente Pérez Pardo, ha incidido en que lo que se juzga no es la reserva de créditos para los proyectos, sino sólo la adjudicación de contratos.

De los cinco arquitectos han declarado cuatro, indicando, en general, que fueron contratados para unos trabajos y que después presentaron las facturas, como era habitual cuando se les encargaba un trabajo por parte de cualquier cliente.

Este martes, a partir de las diez horas en audiencia pública, continuará la vista oral en la sala de vistas de la sección quinta de la Audiencia Provincial, con sede en la planta baja del Palacio de Justicia de Cartagena. Tras la declaración del último de los investigados y de los testigos, presentarán sus conclusiones la fiscal y los abogados defensores, que además de Pérez Pardo son Pardo Geijo en el caso del exalcalde y del exconcejal; y Aida Pérez, Antonio Aznar, Francisco Martínez-Escribano, Antonoi Jesús Garre y Francisco Nieto, en lo que respecta a los arquitectos.

 

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