Martes, Febrero 18, 2020
   
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¿Habían sido informados plenamente sobre lo que votaban?


Los concejales demandantes y su abogado, Vicente Pérez Pardo, en la sala de vistas

En la respuesta de esta pregunta podría estar la resolución jurídica de la demanda interpuesta por los concejales Jesús Giménez e Isabel García, de MC, contra el ayuntamiento de Cartagena al entender que fueron vulnerados sus derechos fundamentales en una reunión de la comisión de Hacienda que presentó, fuera del orden del día, la aprobación de la modificación de las ordenanzas fiscales para 2020. La sala de Lo Contencioso-Administrativo ha acogido hoy la vista oral, en la que la parte demandante insiste en anular ese trámite que fue previo a la aprobación posterior por el Pleno Municipal, mientras que la parte demandante se muestra firme en que no se vulneró la legalidad.





El asunto es importante, pues, como ha indicado en un momento dado el magistrado Andrés Montalbán, afecta a una población de 220.000 habitantes, ya que las ordenanzas fiscales repercuten en el capítulo de impuestos para este año.


El origen se sitúa en la reunión de la comisión informativa de Hacienda que el ayuntamiento de Cartagena celebró el 28 de octubre de 2019, posterior a la junta de gobierno que tuvo lugar el mismo día. Según se ha expuesto en sala, el trámite para la modificación de las ordenanzas fiscales pasa por comisión informativa, Pleno, exposición, nueva comisión y nuevo Pleno. De ahí que si uno de los pasos no es correcto, se corra el riesgo de anulación del proceso. Ahí, en la nulidad de esos acuerdos, está la petición de los ediles de Movimiento Ciudadano, quienes han presentado esta demanda al entender que no se les facilitó toda la información preceptiva antes de votar en la comisión, con lo que piden que se declare que se vulnerados sus derechos, mientras que la parte demandante mantiene que todo se llevó a cabo de forma legal. También interviene la Fiscalía que, en principio, parece que se adhiere a la petición de la parte actora.

La vista oral, celebrada en la sala de Lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cartagena, ha durado 105 minutos ante el magistrado Andrés Montalbán, quien se ha mostrado muy pedagógico en sus preguntas y comentarios (en la línea de los que se haría cualquier ciudadano) con los testigos y que ha avisado a las partes de que no le interesaban las opiniones, sino el fondo del asunto.

Vicente Pérez Pardo, abogado de los concejales Jesús Giménez e Isabel García, ha comenzado el capítulo de preguntas después de comentar que el vídeo aportado sobre la comisión de Hacienda "no es de corrido, pues está troceado y sesgado". Pilar Marcos, edil de Unidas Podemos IU Equo y testigo de la parte actora, ha sido la primera en responder. Ha comentado que la comisión no incluía en el orden del día la modificación de las ordenanzas fiscales, "fue una sorpresa", ha afirmado. "Justo cuando acabó el orden del día se presentó la propuesta, la cual se acababa de presentar en la junta de gobierno que se había celebrado esa mañana. Ahí es cuando nos enteramos, con lo que estuvimos privados de presentar una alternativa. En mi caso, al ser portavoz de una coalición, no podía hacerlo sin someterlo a mis compañeros de varios partidos. No tuve opción de trasladarlo a la coalición y no podíamos votar a favor una propuesta que no conocíamos, por lo que los tres grupos de la oposición exigimos el expediente. La presidenta, Esperanza Nieto, dijo que estaba ahí, pero no lo enseñó", ha comentado, añadiendo que se había pasado "una propuesta sin firma clara, algo que yo no había visto en los cinco años que llevo en el Ayuntamiento, por lo que para nosotros no tiene carácter legal. El teniente de alcalde Manuel Padín dijo que, como secretario, podía legalizarlo, pero no hubo variación y dijeron que nos lo enviarían por correo electrónico, el cual recibimos sobre las tres de la tarde, ya concluida la comisión". También ha comentaron que votaron en contra por esos motivos y que en el Pleno del 31 de octubre los partidos de la oposición (MC, Vox y el que representa) pidieron retirar la propuesta, pero se votó de forma afirmativa por los que integran el equipo de gobierno, "las mayorías es lo que tienen".

Después ha preguntado el letrado de la asesoría del Ayuntamiento, Francisco Pagán, quien le ha planteado si es normal presentar asuntos fuera del orden del día, si la presidenta expuso la urgencia, si ella votó y que si en el Pleno la propuesta era la misma, respondiendo de forma afirmativa Pilar Marcos, aunque apuntando que en este caso se trataba de "una medida de calado, por lo que este procedimiento fue una falta de respeto a los grupos políticos y a la ciudadanía".

El abogado Francisco Págan y el fiscal Orencio Cerezuela

A continuación, el fiscal, Orencio Cerezuela, ha preguntado si sabía concretamente qué votaban y si pudieron contrastar si la propuesta era lo mismo que el expediente previo, contestando en ambos casos de forma negativa.

El magistrado ha comentado que en un Ayuntamiento, al igual que las Cortes Generales, "no es sólo cuestión de votar, sino también de saber las consecuencias", y ha planteado do cuestiones: ¿Se explicó cómo podría afectar a los ciudadanos, se explicó las consecuencias? "No", ha dicho la edil.

La siguiente testigo, esta vez propuesta por la parte demandada, ha sido la directora del órgano de gestión recaudatoria, quien estuvo en calidad de invitada en la comisión. Ha expuesto que el motivo de la urgencia fue planteado por la presidencia y que se hizo para llegar a tiempo a su publicación el uno de enero de 2020, remarcando que ese procedimiento "lo permite la Ley y el reglamento". Afirmó que se repartieron copias del expediente y que la edil Isabel García preguntó sobre la propuesta. "Votaron todos los grupos", dijo, además de asegurar que el contenido del envío por correo electrónico "no difería nada del que se presentó en la comisión". ¿Quedaron ilustrados todos sobre el objeto de la votación?, le ha preguntado el abogado municipal. "Creo que sí", ha respondido. Por su parte, el letrado de la demandante ha planteado después que si sabía si los documentos pudieron ser vistos por todos en la comisión y ha dicho: "Eso no lo sé". También ha intervenido en este capítulo el magistrado: ¿Los que votaron eran conscientes de las consecuencias para los ciudadanos? "Desconozco si conocían el contenido, pero supongo que debían saberlo".

La mayor parte de la sesión se ha centrado en el interrogatorio a la secretaria del Pleno Municipal y de la comisión informativa, quien ha comenzado explicando que estas comisiones "son para estudiar y preparar los asuntos que serán debatidos en el Pleno", añadiendo que es "normal" presentar asuntos fuera del orden del día y que basta una mayoría simple en estos casos. "Nadie solicitó formalmente la retirada de la propuesta y tampoco si se votaba la urgencia que planteó la presidenta". El juez entonces ha preguntado si no lo hizo la oposición y ha contestado que estos partidos centraron sus quejas en los plazos, apuntando que considera que desacuerdo estaba en el encabezamiento de la propuestas, "que no tenía el formato habitual, pues era el mismo que se había presentado en la junta de gobierno, pero intervinieron los técnicos, se informó y se debatió su contenido. Es normal que se presenten asuntos fuera del orden del día y que el contenido se conozca en la misma comisión".

El magistrado le ha comentado que hay asuntos más importantes que otros, como es el caso en éste cuyas consecuencias afectan a los ingresos y pagos del Ayuntamiento, "por lo que para dar una opinión mínimamente fundada se requiere información plena", añadiendo que la urgencia podría, en un momento dado, considerarse que la genera una negligencia, pues podría haberse presentado en otra fecha. "No se discutió la urgencia, sino las formalidades de la propuesta", ha aseverado la secretaria, quien más adelante ha explicado que en la grabación audiovisual cortó cuando se produjeron momentos "en los que no hubo nada relevante, pero al final cada partido grabó su postura para que fuera recogido en acta y ahí nadie planteó que no había expediente". Ha remarcado que, además de ella y de los políticos, estuvieron el interventor, el tesorero y los técnicos, y que se efectuaron preguntas ("está grabado"), pero nadie "pidió ver los informes. Desde mi punto de vista, estaban ilustrados sobre el objeto del debate". También ha remarcado que no tiene interés alguno con alguna de las partes, "al contrario, me gusta ser justa y en este caso tengo claro lo que se debatió, las dudas y en qué ha derivado todo".

El juez le ha planteado el caso expuesto por Pilar Marcos sobre que ella representa a una coalición, a la que no pudo hacerle llegar de forma previa la propuesta. "La petición de retirada del documento se planteó en el Pleno, pero no en la comisión, en la que lo único que se expusieron fueron reparos". Andrés Montalbán ha reiterado la transcendencia de la modificación y el derecho de los concejales a consultar con sus asesores. "Sin duda es mejor poder estudiarlo desde una semana antes, pero llevar un asunto en la comisión fuera el orden del día no es ilegal y yo soy la garante. Además, no son vinculantes los dictámenes de las comisiones con el Pleno, por lo que no tiene tanta transcendencia. Es preceptivo, pero no vinculante. El objetivo se cumplió, que era preparar el asunto de la propuesta, la cual se leyó de forma literal, se preguntó, se debatió y la votaron todos los partidos". ¿Por qué fiarse de lo que les leen o dar por bueno que tienen los informes?, ha preguntado el juez. "Nadie pidió los informes ni se negaron a votar".

Después, el letrado de la demandante ha debatido sobre si había vivido muchos casos en que un asunto de modificación de ordenanzas fiscales ("que afecta a 220.000 personas") se presentase fuera del orden del día, cuando lleva en esa función desde abril, y ha debatido sobre frases que ha escuchado en la grabación, siendo rebatidas todas por la secretaria. También se ha comentado que en el Pleno Municipal se pidió perdón, "fue una disculpa política, pues el trámite fue correcto".

El abogado Pérez Pardo ha comentado en el cierre de su intervención que el expediente incluía el informe emitido por el Consejo Económica Administrativo ese mismo día. "Teniendo en cuenta cuándo comenzó la comisión informativa, se tuvieron que reunir a las seis de la mañana", ha expresado.

Ha cerrado el capítulo de preguntas la Fiscalía. ¿Pudieron los demandantes presentar alternativas?, ha preguntado. "Sí, in voce", ha sido la respuesta dela secretaría.

Ahora, las tres partes (demandante, demanda y ministerio público) tienen cinco días para presentar por escrito sus conclusiones y a partir de ahí será cuando el titular del juzgado de Lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cartagena resuelva con su sentencia.

 

 

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