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Greenpeace se persona como acusación popular para buscar culpables en el ecocidio del Mar Menor

La organización se une así al conocido como 'caso Topillo', iniciado en 2017, que investiga los vertidos continuados de salmueras que van a parar a la laguna litoral. Tras la mortandad masiva de peces del pasado mes de octubre la organización considera fundamental que se sigan investigando los hechos junto a Ecologistas en Acción y ANSE.


Ante la grave crisis ecológica que sufre el Mar Menor y que ha puesto en riesgo la supervivencia de toda su flora y fauna, la organización ecologista Greenpeace ha decidido personarse como acusación en el conocido como “caso Topillo” en el que se investigan vertidos continuados de salmuera en esta zona y unirse así a las ONG que ya están en el proceso.

La situación del Mar Menor puede desembocar en la muerte total o “ecocidio” de su ecosistema. Sin embargo, los sucesos que convirtieron en 2016 este espacio natural único en Europa en una “sopa verde” o el impacto acumulado de las actividades agrícolas, acelerado por gotas frías como la ocurrida el pasado otoño, siguen evidenciando la ausencia de políticas decididas para salvar este entorno.

Por ello, en su escrito de personación Greenpeace señala que es ahora cuándo se ha puesto de manifiesto la situación límite en la que se encuentra el ecosistema, en especial a raíz del extraordinario episodio de muerte masiva de fauna ocurrido el 12 de octubre de 2019, que supuso al menos la muerte de hasta tres toneladas de peces y al que se han asociado otros hechos subsecuentes como la aparición masiva de mucílagos u organismos fitoplanctónicos potencialmente tóxicos.

“De ser ciertos estos hechos, se estaría investigando una actividad que presumiblemente habría atentado contra el interés general de la ciudadanía, pues habría afectado gravemente a uno de los mayores patrimonios naturales de la Región de Murcia y de toda Europa”, ha declarado Lorena-Ruiz Huerta, abogada de Greenpeace España.

En la causa que investiga el Juzgado nº 2 de Instrucción de Murcia, se investiga como posibles responsables de estos hechos a varias decenas de empresas agrícolas, autoridades políticas y funcionarios, que podrían haber incurrido en conductas de prevaricación por omisión en la persecución del delito ambiental.

Décadas de ausencia de políticas de protección, y de autoridades que han mirado para otro lado mientras los intereses agrícolas se enriquecían, a costa de realizar vertidos a la laguna litoral, han llevado al Mar Menor al límite de su supervivencia. Al personarse en esta causa Greenpeace busca contribuir de la mejor forma posible al éxito de la investigación judicial, en la que ya se encuentran las organizaciones Ecologistas en Acción y ANSE.

Greenpeace España cuenta con una larga trayectoria de actuación ante los Tribunales en defensa del medio ambiente, entre cuyas actividades se encuentran casos como la demolición del hotel Algarrobico (Almería), o más recientemente, la adopción de una medida cautelar por un Juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid, que paralizó el intento del Ayuntamiento de Madrid de suspender la zona de bajas emisiones, Madrid Central.
* Texto remitido en el que se respeta el contenido íntegro, la redacción y la ortografía

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