Lunes, Diciembre 09, 2019
   
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'Reforzar las medidas de protección y apoyo a las mujeres'

Este 25 de noviembre, Juezas y Jueces para la Democracia manifiesta su preocupación y rechazo a posiciones de grupos con responsabilidades institucionales, que niegan alejados de la realidad (51 mujeres fallecidas en lo que va de año a consecuencia de delitos de violencia de género), niegan que exista esta grave vulneración a los derechos humanos de las mujeres y de sus hijos e hijas, victimas también de estos delitos.

Estas posiciones, aunque sistemáticamente ignoran datos empíricos ciertos, cercenan las posibilidades de disminuir los delitos contra las mujeres y dificultan el trabajo y el esfuerzo que las instituciones y la sociedad están realizando para hacer frente a este atentado constante contra los derechos humanos.

Supone un retroceso pretender la invisibilidad de esta violencia y el incumplimiento de los tratados internacionales suscritos por España para prevenir, investigar, castigar y reparar los daños causados por la violencia contra las mujeres, como el Convenio del Consejo de Europa, conocido como Convenio de Estambul.      

Para posibilitar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, queremos reiterar la necesidad de utilizar las herramientas conceptuales que han demostrado su utilidad para este fin y consideramos imprescindible el refuerzo de las medidas de protección y apoyo a las mujeres, que vienen prestándose desde la sociedad civil y desde las instituciones, sin las cuales las leyes previstas en el ordenamiento jurídico no pueden alcanzar su finalidad; por ello consideramos contraproducentes los recortes económicos que de forma directa o indirecta suponen la imposibilidad de aplicar las leyes destinadas a acabar con la violencia contra las mujeres.

Finalmente interesamos la efectividad de las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con la implicación de todos los poderes públicos que están obligados a garantizar la seguridad y el pleno disfrute de los derechos de toda la ciudadanía, incluidas las mujeres, que constituyen más del 50% de la población.

 

Sus zapatos son los nuestros

El pasado martes, las dos marchas de mujeres y hombres pensionistas españoles que procedían de Rota y Bilbao llegaron a la Puerta del Sol de Madrid después de varias semanas caminando. La manifestación cocnluyó ayer ante la puerta del Congreso de los Diputados/as, donde dejaron sus zapatos.

Las reformas del sistema de Seguridad Social llevadas a cabo por la Ley 27/11, de 1 agosto y la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, han ocasionado un grave deterioro del sistema público de pensiones que garantiza nuestra Constitución (art.41 CE), sometiéndolas a un régimen de revalorización que entraña una innegable pérdida de su poder adquisitivo. El art.50 CE contiene un mandato preciso dirigido al Estado "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.

La Seguridad Social es un Derecho Humano reconocido en multitud de Tratados y Convenios Internacionales, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos (art.22), hasta el Convenio 102 de la OIT, pasando por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (art.9) o la Carta Social Europea (art.12). De dichos Convenios y Tratados se deriva la obligación de los estados de elevar progresivamente el nivel del régimen de Seguridad Social.

La realidad denunciada por los pensionistas es preocupante, no sólo para ell@s, sino para las generaciones venideras. La pensión media en España en 2019 es de 993,11 euros. Las mujeres son las más perjudicadas en la precariedad de las pensiones, su pensión media es de 790,56 euros, frente a los 1.210,29 euros de los hombres. La cuantía de las pensiones mínimas de jubilación y  viudedad es de 677,40 euros mensuales. La mayoría de pensiones de viudedad, las cobran las mujeres.

Tales datos se han de relacionar con el preocupante aumento de la desigualdad y de la pobreza que informes Nacionales e Internacionales están  poniendo de manifiesto en relación con nuestro país, hechos que amen de conllevar una vulneración de la normativa anteriormente referida, a corto y medio plazo puede ser un riesgo evidente para la propia estabilidad democrática.

Ante la preocupante situación de las pensiones, desde Juezas y Jueces para la Democracia, como asociación comprometida con la defensa de los Derechos Humanos y el Estado Social y Democrático de Derecho, queremos manifestar nuestro más firme apoyo y reconocimiento a las reivindicaciones realizadas para conseguir un sistema digno de pensiones. La lucha de las mujeres y hombres pensionistas es un ejemplo para todos/as.

Pedimos al Parlamento y al Gobierno, sea del signo que sea, que cumplan con los mandatos Constitucionales e Internacionales que le incumben, atiendan las justas  reivindicaciones de los pensionistas y garanticen un sistema de pensiones dignas y suficientes para quienes han pasado su vida trabajando.

 

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