Miércoles, Agosto 15, 2018
   
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El Rincón de Ápices

Ley, derecho e igualdad

Ley 8/2016 de 27 de mayo de Igualdad Social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Con este extenso nombre se ha publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 125, de 31 de mayo, la Ley 8/2016, dotada de un no menos extenso preámbulo, así calificado por la Ley, aunque más adelante exponga que se trata de una exposición de motivos, cuatro títulos, cinco disposiciones adicionales, una derogatoria y dos disposiciones finales.

A efectos trascendentes, la misma ya se encuentra en vigor, ya que según la disposición final segunda, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BORM, es decir, el día 1 de junio.

La Ley se inspira en unos denominados principios fundamentales, definidos en el artículo 3, como son el reconocimiento a todas las personas del derecho al pleno disfrute de todos los Derechos Humanos, con independencia de su orientación sexual, expresión o identidad de género, igualdad y no discriminación, reconocimiento de la personalidad, prevención, integridad física y seguridad personal, protección frente a represalias, privacidad, garantía a un tratamiento adecuado en materia de salud, Efectividad de derechos y derecho a recursos y resarcimientos efectivos.

Entrando ya en el campo en el que suelo tratar, es decir, en el de la discapacidad, ya en el artículo 7 (Apoyo y protección a colectivos vulnerables) se hace constar que “se llevarán a cabo medidas de prevención de la discriminación y apoyo a la visibilidad entre los colectivos más vulnerables, adolescentes, niños y niñas, personas de la tercera edad, personas con discapacidad…..”

En el mismo artículo, apartado 3, se hace expresamente constar que “la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia garantizará y adoptará las medidas necesarias para la protección y el absoluto respeto de los derechos de las personas con discapacidad LGBTI”, los centros y servicios de atención a personas con discapacidad  públicos y privados, velaran por que el respeto del derecho a la no discriminación de las personas LGBTI sea real y efectivo”.

Y en el apartado 5 del mismo artículo, se hace mención a que “se adoptarán las medidas necesarias para que los espacios o equipamientos identificados en función del sexo en los centros de menores, pisos tutelados, centros de atención a personas con discapacidad, residencias de la tercera edad… puedan utilizarse por las personas transexuales, transgénero e intersexuales en atención al género sentido”.

 

‘El Cermi insta a la Fiscalía a perseguir por delito de odio a los autores de unas pintadas'

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha instado al Ministerio Fiscal a perseguir penalmente por delito de odio a los autores de las pintadas ofensivas y amenazantes aparecidas en el colegio Juan XXIII de la localidad madrileña de Fuenlabrada.

A juicio del CERMI, se trata de una conducta criminal inspirada en el odio hacia un grupo social, en este caso las personas con discapacidad, a las que se las desprecia mediante mensajes hostiles e intimidantes que generan miedo, perturban gravemente su tranquilidad y comprometen el ejercicio pacífico de sus derechos constitucionales.

La actuación es más reprochable si cabe por cuanto va dirigida contra una comunidad escolar integrada por jóvenes y niños y niñas con discapacidad, que han de ser más intensamente protegidos contra cualquier ataque u hostigamiento movido por el odio.

El CERMI ha pedido a la Fiscalía General que extreme el celo en la protección de los derechos de las personas con discapacidad contra las agresiones basadas en el odio, ya que son un grupo social más expuesto a estas conductas reprobables.

 

Publicado el informe sobre Derechos Humanos y Discapacidad España 2015

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha publicado en forma de libro un año más, el octavo, el informe completo de situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España.

Este informe se elabora en su condición de organismo independiente de seguimiento de la aplicación en nuestro país de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estatuto reconocido oficialmente al CERMI por el Estado español.

El informe, a través de una metodología rigurosa, describe, valora y evidencia el estado de situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España. En él se muestra que la gran brecha en el cumplimiento de los mandatos de la Convención son la falta de voluntad política de los poderes públicos, así como la insuficiente toma de conciencia por parte de todas las partes concernidas, pese a que España fue uno de los primeros países en firmar y ratificar este tratado internacional de derechos humanos.

En el año 2015, se patentizan vulneraciones flagrantes ya denunciadas anteriormente, que se reiteran contumazmente, como la esterilización forzosa, la negación de derechos políticos y de participación, la ausencia de la educación inclusiva, las gravísimas carencias en materia de accesibilidad, la no garantía del derecho a la inclusión en la comunidad y a llevar una vida independiente, o la no adecuación de la legislación civil a los mandatos relativos al pleno reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad.

Como documentación de interés, el informe incluye un apartado sobre el trabajo de Naciones Unidas en materia de discapacidad o la actividad del CERMI ante Naciones Unidas.

En el año del décimo aniversario de la adopción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se conmemora en 2016, queda de manifiesto sin ambages la tarea ingente aún pendiente para que los hombres y mujeres con discapacidad en España accedan y ejerciten los derechos humanos con la misma intensidad y alcance que el resto de miembros de la comunidad.

   

Convenio de la AECC y el CERMI en pro de un espacio sanitario inclusivo

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), miembros de Somos Pacientes, han firmado un convenio de colaboración en virtud del cual ambas entidades se comprometen, entre otros aspectos, a la elaboración, formulación y planteamiento conjunto de demandas políticas y sociales que supongan avances en materia de inclusión, bienestar o derechos para las personas con discapacidad y los pacientes de cáncer y sus familias.

Como explican ambas entidades, “con este convenio se abre la puerta a una colaboración entre ambas entidades dirigida a defender y atender las nuevas realidades, los nuevos rostros de la discapacidad a los que se enfrentan las personas que sufren esta enfermedad, a fin de lograr un verdadero cambio social al que sin la unidad de esta parte del tercer sector de acción social no se llegaría”.

Concretamente, la AECC y el CERMI centrarán su atención en el sistema de baremos para la obtención del certificado de discapacidad, en la actualización del catálogo ortoprotésico y en el análisis de la normativa aplicable a la emisión y renovación del carnet de conducir.

Y asimismo, informan las entidades firmantes, “el impacto del cáncer en la esfera laboral, así como el acceso a las prestaciones establecidas en el ámbito de la autonomía personal y dependencia para pacientes con enfermedad avanzada o en la etapa final de la vida, serán otros aspectos relevantes de este trabajo conjunto”.

Así, el CERMI ha manifestado su compromiso de incluir entre sus reivindicaciones y demandas todas las peticiones del grupo social representado por la AECC, entidad que, como destaca el Comité, “realiza una importante labor en el ámbito de la prevención, la investigación y el acompañamiento de las personas enfermas de cáncer y sus familias que la sociedad debe conocer y aprovechar”.

 

Un voto con derechos

El CERMI insta a la defensora del pueblo a recurrir ante el Constitucional la negativa del Supremo a devovler el voto a una mujer con discapacidad intelectual.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha instado a la Defensora del Pueblo a que presente recurso de amparo contra la reciente sentencia del Tribunal Supremo que niega la restitución del derecho de sufragio a una mujer gallega con discapacidad intelectual, por vulneración de los derechos fundamentales de ésta.

En un amplio escrito dirigido a Soledad Becerril fundamentando su solicitud, el CERMI expone la inadecuación de la sentencia del Supremo tanto a la Constitución española como a los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por España, en especial, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006.

Con arreglo a la legalidad internacional vinculante para el Estado español, constituye una vulneración de los derechos de las personas con discapacidad cualquier restricción del derecho de voto por motivos o causas asociadas a la situación de discapacidad, como claramente establece el artículo 29 de la Convención citada, por lo que el Supremo hace una incorrecta interpretación de ese tratado internacional que vicia su decisión.

Este error del Supremo, que no ha asumido en toda su intensidad y alcance el enfoque de derechos humanos que se deriva de la Convención Internacional de Naciones Unidas de 2006, justifica que se recurra en amparo ante el Tribunal Constitucional, recurso para el que está legitimada la Defensora del Pueblo, como Alta Comisionada para la protección de los derechos humanos de los españoles.

El recurso de amparo de la Defensora del Pueblo, de acceder a la petición del CERMI, se uniría al que va a presentar la mujer perjudicada y su familia, con el apoyo y el soporte jurídico de la Fundación Down Compostela.

Al margen de las actuaciones judiciales, el CERMI viene reclamando al Legislador que solvente este grave problema de derechos humanos, modificando con urgencia la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, y elimine de su articulado la posibilidad de que los jueces priven del derecho de voto a determinadas personas con discapacidad, ya que es un elemento atentatorio contra los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y una infamia para nuestro sistema democrático.



   

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