Miércoles, Diciembre 13, 2017
   
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El Rincón de Ápices

Reforma de la ley de propiedad horizontal con respecto a la accesibilidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha urgido a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados a acometer la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para, de esta manera, obligar a las comunidades de propietarios a asumir íntegramente el coste de las obras y actuaciones de accesibilidad de los inmuebles en los que vivan vecinos con discapacidad o mayores de 70 años.

El CERMI ha trasladado al Congreso una propuesta de reforma del régimen legal de la propiedad horizontal que, tienen por objeto resolver un grave problema social derivado de la ausencia de accesibilidad de gran número de los inmuebles de nuestro país, que impide a las personas con discapacidad y mayores ejercer su derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna.

Entre las propuestas concretas de modificación, el CERMI plantea la supresión del límite vigente de 12 mensualidades de cuotas cuando sea solicitada por los vecinos con discapacidad o mayores de 70 años.

Como explica el CERMI, “este límite marca, desde 2011, el punto hasta donde están obligadas las comunidades de propietarios para llevar a cabo obras y actuaciones de accesibilidad y lo que supere dicha cantidad no resulta obligatorio, siendo por cuenta de las propias personas afrontar el coste de la intervención de accesibilidad”.

Debe reseñarse que en la vigente legislación de propiedad horizontal, esta limitación se aplica solo a la accesibilidad. No así en otras cuestiones como la seguridad o estanqueidad del edificio, en las que la obligación de la comunidad es total con independencia del coste de la obra o la actuación.

Por todo ello, el CERMI exige que la ley no imponga un trato desigual más negativo cuando se trata de la accesibilidad, lo que supone una clara discriminación que sufren los sectores más vulnerables de la sociedad, como son las personas con discapacidad y mayores”.

 

‘Paso a frente por la movilidad en Madrid’

La Comunidad de Madrid modificará la normativa con el fin de permitir el acceso de scooter para personas con movilidad reducida a los autobuses interurbanos, tras analizar y recibir más de una decena de reclamaciones de viajeros con este tipo de silla que no han podido utilizar el transporte público ante la falta de regulación.

Así lo anunció este jueves el consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras,  tras reunirse con el cantante y actor Juan Manuel Montilla,  El Langui , que esta semana y la pasada protagonizó sendos incidentes al impedírsele acceder a autobuses interurbanos.

El Consejero dijo que "con carácter inmediato se permitirá el acceso a todos los autobuses" de estas personas y señaló que "a lo largo de la próxima semana, tras reunirse con el Cermi Madrid, se fijará una hoja de ruta" para resolver este problema.

Hasta que se modifique el reglamento de viajeros, se establecerá un "periodo transitorio en el que se va a permitir acceder (a los autobuses) a todos los vehículos (para personas con movilidad reducida) que están en el mercado".

El consejero agradeció a 'El Langui' su protesta, porque ha posibilitado que este tipo de problemas se empiecen a resolver, y dijo que se permitirá el acceso de estas personas sin tener que esperar a que se aprueben las modificaciones.
El Langui  se mostró satisfecho de la reunión y de la solución inmediata a esta demanda de personas que se mueven en silla de ruedas e indicó que colaborará para que mejore la situación no sólo en Madrid, sino también en otras provincias españolas.

Rollán consideró "fundamental garantizar la seguridad tanto de las personas que utilizan estas scooter para desplazarse como del resto de viajeros, por lo que es necesario adaptar el transporte y poder acabar con el vacío legal que, hoy por hoy, existe en la Comunidad de Madrid en este aspecto, al igual que en otras grandes ciudades, como Barcelona o París".

Manifestó que el objetivo del Gobierno regional es que las personas con movilidad reducida no encuentren problemas para desplazarse en los autobuses interurbanos, que actualmente son accesibles al 100% para las sillas de ruedas tradicionales, no así para estos últimos modelos motorizados, cada vez más comunes.
El consejero informó de que la Comisión Técnica de Accesibilidad de Modos de Transporte, en la que participan diferentes entidades relacionadas con personas con problemas de movilidad, del pasado 5 de febrero trató ya este asunto y se emplazó a la siguiente reunión, que se celebrará en los próximos días, para afrontar una regularización de esta situación.

Al mismo tiempo, añadió, el Consorcio Regional de Transportes se reunirá con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en Madrid para consensuar las medidas que se puedan poner en marcha de forma inmediata para evitar situaciones como las ocurridas con distintos viajeros que intentaron sin éxito acceder a los autobuses con sillas motorizadas.

También indicó que actualmente los autobuses no están dotados de anclajes para este tipo de vehículos, aunque sí para las tradicionales sillas de ruedas, por lo que ante una maniobra brusca del autobús o una frenada, tanto la persona que utiliza la scooter como el resto de los viajeros pueden sufrir daños.

 

Reunión del comité de apoyo del Cermi

El Comité de Apoyo del Cermi para el seguimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad mantuvo un encuentro este lunes en el marco de la promoción y supervisión de la aplicación de la convención en España con el fin de analizar la actividad del Cermi en el marco de trabajo de este Comité.

Dicho órgano, formado por 26 profesionales de diferentes ámbitos, mayoritariamente relacionados con la discapacidad y los derechos humanos, asesora y apoya al Cermi en su labor como organismo independiente de seguimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España, según explica la entidad.

La reunión ha servido para aprobar el Informe de Derechos Humanos y Discapacidad correspondiente al año 2015, en el que se reflejan las vulneraciones, denuncias y avances que permiten conocer el mapa de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España.

En el informe también se incluye la actividad de Naciones Unidas con incidencia en la discapacidad, así como la actividad desarrollada por el Cermi ante los diferentes Comités de derechos humanos.

Durante el encuentro, se han dado a conocer también algunas de las acciones de incidencia legislativa y política del Cermi en este ámbito, como la petición a la Fiscalía General del Estado de la elaboración de una circular relativa a la esterilización forzosa acorde con la nueva normativa y la convención.

También se ha analizado el estado en el que se encuentra el recurso contencioso-administrativo planteado por la inacción de la Administración por el incumplimiento de la normativa de accesibilidad por parte de Metro de Madrid, la petición al Parlamento para que cambie con urgencia la Ley Electoral para otorgar el derecho de voto a todas las personas con discapacidad, así como la información sobre la ampliación de la condena de la Audiencia Provincial de Tarragona por la emisión del programa ‘Entre todos’ en el que se usaba a un menor con discapacidad.

Del mismo modo, el comité ha estudiado la información sobre la denuncia ante la Defensora del Pueblo por no haberse desarrollado el Real Decreto que garantice la igualdad y no discriminación en el acceso a bienes y servicios de las personas con discapacidad.

   

'Obligados a cambiar de acera'

"En plena Alameda de San Antón de Cartagena, muy cerca del hospital de la Cruz Roja (hoy Perpetuo Socorro), se ha instalado un andamio para reparar la fachada de un edificio que intento reproducir en la foto adjunta. Sólo hay que contemplar el andamio para comprobar que por el interior del mismo es casi imposible que pueda pasar una silla de ruedas, y quizás con mucha dificultad carritos de bebés.


Que un invidente con su bastón intente pasar por el pasillo que se ha dejado resultará bastante complicado. En definitiva, en la calle más ancha de Cartagena, y posiblemente con todos los permisos legales obtenidos, gran número de discapacitados tienen que cambiar de acera si es que tienen o desean pasar por ella".

 

Modificación de la Ley electoral

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se ha dirigido a todos los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado reclamando que las nuevas Cámaras modifiquen con urgencia la legislación electoral para otorgar el derecho de voto a las personas con discapacidad que ahora se ven privadas del mismo.

En su escrito a los grupos políticos, el CERMI recuerda que más de 80.000 personas con discapacidad no pueden ejercer su derecho de sufragio porque una sentencia judicial de incapacitación se lo ha negado, cuestión que es contraria a los más elementales de los derechos humanos como es el de la participación política.

La legislación electoral española mantiene este vestigio de discriminación y exclusión contra las personas con discapacidad con el que hay que acabar inmediatamente, garantizando el derecho de voto a todas las personas con discapacidad, sin excepciones, pues así lo consagra la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por España y plenamente vigente.

Junto a la reclamación política de reformar la legislación, el CERMI ha remitido a los grupos políticos la siguiente  propuesta articulada de modificación de la Ley Orgánica Electoral General:

Propuesta de proposición de Ley orgánica de modificación de la Ley organíca de régimen electoral general para garantizar del derecho de sufragio de todas las personas con capacidad

Exposición de motivos
El Estado Español garantiza el derecho de igualdad de trato y no discriminación para todos los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad. La propia Constitución Española así lo establece en su artículo 14 que proclama la igualdad ante la ley de todos los españoles y españolas.

El 3 de mayo de 2008 entró en vigor en España la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que recoge el derecho de igualdad ante la ley en su artículo 12. Este tratado internacional tiene el propósito declarado de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, de acuerdo a lo establecido en su artículo 1. Para ello, garantizar la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad se convierte en un elemento esencial para cumplir con los compromisos adquiridos internacionalmente por España.

A este respecto, el ejercicio del derecho de sufragio en igualdad de condiciones supone la máxima expresión de participación política de los miembros de una sociedad democrática. Así lo recoge el artículo 29 del tratado citado, que conmina al Estado a garantizar el derecho al voto en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad, entre otras formas de participación política y pública.

Por todo ello, la regulación del derecho de sufragio vigente en España choca en este sentido con el principio de igualdad ante la ley consagrado en nuestra Constitución, puesto que la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en su artículo tercero apartado 1, apartados b y c dispone: “1. Carecen de derecho de sufragio:

b.    Los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio.
c.    Los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio".


Sobre esta exclusión de un derecho fundamental, el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, en el examen al que sometió a España en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35 de la Convención, aprobó en sus observaciones finales, en su 62ª sesión celebrada el 23 de septiembre de 2011, la siguiente recomendación respecto del derecho de participación en la vida política y pública recogido en el artículo 29 del Tratado:

47.    Preocupa al Comité que se pueda restringir el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial si la persona interesada ha sido privada de su capacidad jurídica o ha sido internada en una institución. Le inquieta además que la privación de ese derecho parezca ser la regla y no la excepción. El Comité lamenta la falta de información sobre el rigor de las normas en materia de prueba, sobre los motivos requeridos y sobre los criterios aplicados por los jueces para privar a las personas de su derecho de voto. El Comité observa con preocupación el número de personas con discapacidad a las que se ha denegado el derecho de voto.

48. El Comité recomienda que se revise toda la legislación pertinente para que todas las personas con discapacidad, independientemente de su deficiencia, de su condición jurídica o de su lugar de residencia, tengan derecho a votar y a participar en la vida pública en pie de igualdad con los demás. El Comité pide al Estado parte que modifique el artículo 3 de la Ley orgánica Nº 5/1985, que autoriza a los jueces a denegar el derecho de voto en virtud de decisiones adoptadas en cada caso particular. La modificación debe hacer que todas las personas con discapacidad tengan derecho a votar. Además, se recomienda que todas las personas con discapacidad que sean elegidas para desempeñar un cargo público dispongan de toda la asistencia necesaria, incluso asistentes personales.

A tenor de lo anteriormente expuesto, y de acuerdo al compromiso adquirido por el Estado español, con la ratificación de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, de garantizar el pleno y efectivo ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad se presenta la siguiente Proposición de Ley Orgánica relativa a la reforma de la Ley 5/1985 de 19 de junio, de Régimen Electoral General:

Artículo primero. Se suprimen el punto 1 en sus apartados b) y c) y el punto 2 del artículo 3 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, de Régimen Electoral General.

Artículo segundo. Se añade una nueva Disposición Adicional Séptima a la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, de Régimen Electoral General, en los siguientes términos:

A partir de la entrada en vigor de ley de modificación de la LOREG para adaptarla a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, quedan sin efecto las limitaciones en el ejercicio del derecho de sufragio establecidas por decisión judicial fundamentadas jurídicamente en el apartado 3.1. b) y c) de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, ahora suprimidos. Las personas a las que se les hubiere limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la Ley.

   

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