Miércoles, Agosto 15, 2018
   
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El Rincón de Ápices

'Obligados a cambiar de acera'

"En plena Alameda de San Antón de Cartagena, muy cerca del hospital de la Cruz Roja (hoy Perpetuo Socorro), se ha instalado un andamio para reparar la fachada de un edificio que intento reproducir en la foto adjunta. Sólo hay que contemplar el andamio para comprobar que por el interior del mismo es casi imposible que pueda pasar una silla de ruedas, y quizás con mucha dificultad carritos de bebés.


Que un invidente con su bastón intente pasar por el pasillo que se ha dejado resultará bastante complicado. En definitiva, en la calle más ancha de Cartagena, y posiblemente con todos los permisos legales obtenidos, gran número de discapacitados tienen que cambiar de acera si es que tienen o desean pasar por ella".

 

Modificación de la Ley electoral

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se ha dirigido a todos los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado reclamando que las nuevas Cámaras modifiquen con urgencia la legislación electoral para otorgar el derecho de voto a las personas con discapacidad que ahora se ven privadas del mismo.

En su escrito a los grupos políticos, el CERMI recuerda que más de 80.000 personas con discapacidad no pueden ejercer su derecho de sufragio porque una sentencia judicial de incapacitación se lo ha negado, cuestión que es contraria a los más elementales de los derechos humanos como es el de la participación política.

La legislación electoral española mantiene este vestigio de discriminación y exclusión contra las personas con discapacidad con el que hay que acabar inmediatamente, garantizando el derecho de voto a todas las personas con discapacidad, sin excepciones, pues así lo consagra la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por España y plenamente vigente.

Junto a la reclamación política de reformar la legislación, el CERMI ha remitido a los grupos políticos la siguiente  propuesta articulada de modificación de la Ley Orgánica Electoral General:

Propuesta de proposición de Ley orgánica de modificación de la Ley organíca de régimen electoral general para garantizar del derecho de sufragio de todas las personas con capacidad

Exposición de motivos
El Estado Español garantiza el derecho de igualdad de trato y no discriminación para todos los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad. La propia Constitución Española así lo establece en su artículo 14 que proclama la igualdad ante la ley de todos los españoles y españolas.

El 3 de mayo de 2008 entró en vigor en España la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que recoge el derecho de igualdad ante la ley en su artículo 12. Este tratado internacional tiene el propósito declarado de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, de acuerdo a lo establecido en su artículo 1. Para ello, garantizar la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad se convierte en un elemento esencial para cumplir con los compromisos adquiridos internacionalmente por España.

A este respecto, el ejercicio del derecho de sufragio en igualdad de condiciones supone la máxima expresión de participación política de los miembros de una sociedad democrática. Así lo recoge el artículo 29 del tratado citado, que conmina al Estado a garantizar el derecho al voto en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad, entre otras formas de participación política y pública.

Por todo ello, la regulación del derecho de sufragio vigente en España choca en este sentido con el principio de igualdad ante la ley consagrado en nuestra Constitución, puesto que la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en su artículo tercero apartado 1, apartados b y c dispone: “1. Carecen de derecho de sufragio:

b.    Los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio.
c.    Los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio".


Sobre esta exclusión de un derecho fundamental, el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, en el examen al que sometió a España en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35 de la Convención, aprobó en sus observaciones finales, en su 62ª sesión celebrada el 23 de septiembre de 2011, la siguiente recomendación respecto del derecho de participación en la vida política y pública recogido en el artículo 29 del Tratado:

47.    Preocupa al Comité que se pueda restringir el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial si la persona interesada ha sido privada de su capacidad jurídica o ha sido internada en una institución. Le inquieta además que la privación de ese derecho parezca ser la regla y no la excepción. El Comité lamenta la falta de información sobre el rigor de las normas en materia de prueba, sobre los motivos requeridos y sobre los criterios aplicados por los jueces para privar a las personas de su derecho de voto. El Comité observa con preocupación el número de personas con discapacidad a las que se ha denegado el derecho de voto.

48. El Comité recomienda que se revise toda la legislación pertinente para que todas las personas con discapacidad, independientemente de su deficiencia, de su condición jurídica o de su lugar de residencia, tengan derecho a votar y a participar en la vida pública en pie de igualdad con los demás. El Comité pide al Estado parte que modifique el artículo 3 de la Ley orgánica Nº 5/1985, que autoriza a los jueces a denegar el derecho de voto en virtud de decisiones adoptadas en cada caso particular. La modificación debe hacer que todas las personas con discapacidad tengan derecho a votar. Además, se recomienda que todas las personas con discapacidad que sean elegidas para desempeñar un cargo público dispongan de toda la asistencia necesaria, incluso asistentes personales.

A tenor de lo anteriormente expuesto, y de acuerdo al compromiso adquirido por el Estado español, con la ratificación de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, de garantizar el pleno y efectivo ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad se presenta la siguiente Proposición de Ley Orgánica relativa a la reforma de la Ley 5/1985 de 19 de junio, de Régimen Electoral General:

Artículo primero. Se suprimen el punto 1 en sus apartados b) y c) y el punto 2 del artículo 3 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, de Régimen Electoral General.

Artículo segundo. Se añade una nueva Disposición Adicional Séptima a la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, de Régimen Electoral General, en los siguientes términos:

A partir de la entrada en vigor de ley de modificación de la LOREG para adaptarla a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, quedan sin efecto las limitaciones en el ejercicio del derecho de sufragio establecidas por decisión judicial fundamentadas jurídicamente en el apartado 3.1. b) y c) de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, ahora suprimidos. Las personas a las que se les hubiere limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la Ley.

 

Demanda del Cermi contra Metro de Madrid por inacción en materia de accesibilidad

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad de Madrid ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Estatal) y por el CERMI Comunidad de Madrid contra Metro de Madrid por inacción administrativa para dar cumplimiento a obligaciones normativas estatales en materia de accesibilidad universal.

La Sección Octava de Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid ha comunicado al CERMI la resolución por la que se procede a la admisión del recurso y ordena a Metro de Madrid a presentar en el plazo de 20 días el expediente administrativo y todos los antecedentes relativos a actuaciones sobre accesibilidad.

El pasado mes de diciembre la representación cívica de la discapacidad española y madrileña presentó recurso ante el TSJ contra la inactividad por parte de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y la Empresa Pública Metro de Madrid, en el cumplimiento legal de los plazos establecidos en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad (art. 7 en relación Anexo IV y VI).

Metro de Madrid no ha actuado dentro del plazo legal fijado en la normativa estatal para dotar de accesibilidad a su red de estaciones, habiéndose comprobado incumplimientos desde 2011 y 2014, en los que una serie de estaciones que no reunían condiciones de accesibilidad tendrían que haberse convertido en accesibles, de acuerdo con la progresividad temporal de la regulación básica del Estado.
La demanda del CERMI es la primera que por razón de inacción administrativa en relación con la accesibilidad va a ser enjuiciada por un Tribunal, por lo que el proceso podría sentar un precedente relevante en la protección efectiva de los derechos de las personas con discapacidad.

   

Ampliada la condena a TVE por uso indebido de imagen de un menor con discapacidad

La Audiencia Provincial de Tarragona ha condenado a Televisión Española, a la productora del programa ‘Entre todos’ (Proamagna) y a su director, Nicolás Díaz Bustos, a indemnizar con 15.000 euros a un menor con discapacidad al que utilizó en la emisión de este programa del 21 de octubre de 2013 por los daños y perjuicios ocasionados al considerar que se vulneraron los derechos a la imagen y a la intimidad personal y familiar.

El programa, conducido por la presentadora Toñi Moreno, trataba de casos de personas que pasan por dificultades económicas para los que se solicitaba ayuda financiera en directo a su audiencia. Se emitió desde el 26 de agosto de 2013 hasta que fue retirado de la parrilla el 27 de junio de 2014, en medio de fuertes críticas de diversos colectivos sociales.

La sentencia, del pasado 10 de diciembre, revisa un fallo anterior del juzgado número 6 de primera instancia de Tarragona que aunque condenó a TVE y a la productora a retirar cualquier vídeo del programa por considerar probado que se vulneró el derecho a la intimidad y la propia imagen del menor, desestimó la petición de indemnización que solicitaba la Fiscalía. El juez argumentó que, tras un informe pericial de tres sicólogos, se había constatado que el niño no presenta actualmente “sintomatología reactiva” derivada del impacto de ver aquel programa.

La Audiencia no comparte este razonamiento puesto que al reconocer que se ha producido “una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen y en el derecho a la intimidad personal y familiar del menor, la ley presume la existencia de un perjuicio el cual debe ser indemnizado”.

El nuevo fallo, tras precisar que el programa se emitió en horario de tarde, a partir de las 16 horas, en la cadena pública nacional TVE y registró una cuota de pantalla del 8,1%, señala que “la lesión efectivamente producida en el menor con dicha intromisión ilegitima debe calificarse de grave, no sólo por el medio de difusión nacional en que se realice, sino también por los datos revelados del menor identificado, y por el cariz morboso dada a la información en numerosos momentos con revelación de aspectos innecesarios para la finalidad pretendida por el programa”.

Entre esos detalles escabrosos que aparecieron en la emisión están la esquizofrenia de la madre y el intento de la misma de asfixiarlo con una almohada mientras estaba jugando; la retirada de la custodia el miedo que tiene el niño a la misma y la discapacidad del menor y los cuidados que precisaba.

La Audiencia desestima los recursos de TVE y la productora contra la sentencia del juzgado de primera instancia, y confirma la condena de retirada del vídeo del programa. La productora Proamagna produce actualmente el programa de entrevistas que dirige Bertín Osborne ‘En la tuya o en la mía’.

El Ministerio Fiscal planteó la demanda contra TVE y la productora de ‘Entre todos’ a petición del CERMI en el marco del convenio entre al Fiscalía General del Estado y esta entidad social para la defensa de la imagen social de los menores con discapacidad.

 

Peatones y ciclistas

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha lamentado la dejación de la dirección general de Tráfico y del Ministerio del Interior que no han sido capaces durante esta Legislatura de aprobar la modificación del Reglamento General de Circulación en la que se hubiera impedido la instalación de carriles-bici en las aceras de las ciudades y pueblos.

La normativa vigente deja a decisión de las corporaciones locales la instalación de carriles-bici en las aceras de las vías urbanas, facultad que muchos ayuntamientos han usado para permitir estos circuitos, desoyendo las demandas de las organizaciones de personas con discapacidad y mayores, que han venido reclamando una regulación que priorice a los peatones más vulnerables, sin perjudicar la movilidad sostenible, que en todo caso ha de tener garantizado su desarrollo mediante carriles-bici en las calzadas, sin necesidad de ocupar las aceras.

En la reforma del Reglamento General de Circulación que el Gobierno tendría que haber aprobado y que finalmente no se ha materializado, por la renuncia de Interior a llevarla a efecto, tras largos y tortuosos meses de tramitación, debería haber aparecido en normativa estatal la prohibición de usar las aceras como vías habilitadas para la instalación de los carriles-bici, sin posibilidad de decisión municipal.

El movimiento de la discapacidad espera del nuevo Gobierno un compromiso real con los derechos preferenciales de los peatones más vulnerables que se traduzca en una regulación que sin menoscabar la movilidad sostenible garantice la libertad y la seguridad de los desplazamientos de las personas con discapacidad y mayores.

   

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