Miércoles, Diciembre 13, 2017
   
Texto

El Rincón de Ápices

‘Mas sobre la futura ley regional de accesibilidad universal’

El consejero de Fomento, Francisco Bernabé, subraya que se contemplará “por primera vez, la accesibilidad de forma transversal al objeto de permitir la plena integración de todas las personas".

La Comunidad Autónoma y Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) han consensuado los contenidos de la futura Ley de Accesibilidad Universal de la Región de Murcia, que "introduce diversos aspectos pioneros a nivel nacional para lograr que la accesibilidad sea de carácter transversal", anunció hoy el consejero de Fomento e Infraestructuras, Francisco Bernabé, quien, junto a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, y la presidenta de CERMI, Pilar Morales, presentó el texto.
Bernabé subrayó que el principal logro es que "traspasará el carácter sectorial y responde realmente a los principios de accesibilidad universal de forma transversal". Es decir, se extiende el concepto de accesibilidad a todos los ámbitos de la sociedad, desde el punto de vista físico hasta el sensorial, para que "cualquier persona con una discapacidad auditiva, visual o psíquica pueda quedar perfectamente reconocida e integrada en la sociedad, con el fin de que todos tengamos los mismos derechos y oportunidades".

Para ello, se integran en el texto todos los ámbitos competenciales de la Comunidad que puedan resultar afectados por la futura Ley, no solamente las propias de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, aunque se ha prestado especial atención a cuestiones importantes relativas a la edificación.

El consejero indicó que el texto actual es fruto de los trabajos desarrollados entre los equipos técnicos de la Consejería de Fomento y del CERMI y que, prueba de ello, es que recoge las reivindicaciones de sus destinatarios principales, las personas con algún tipo de discapacidad o movilidad reducida.

Así, se han establecido condiciones de accesibilidad que afectan a espacios públicos naturales, las telecomunicaciones y la sociedad de la información, así como accesibilidad a los bienes y servicios a disposición del público y relaciones con las administraciones públicas.

El texto continuará su tramitación ordinaria para su aprobación definitiva como ley, por lo que se enviará al Consejo Económico y Social de la Región y al Consejo Jurídico de la Región para que emitan sus correspondientes informes. A continuación se someterá a la valoración del Consejo de Gobierno y finalmente se debatirá en la Asamblea Regional.

Entre las consejerías que han participado de forma activa en la redacción figuran las de Presidencia; Agua, Agricultura y Medio Ambiente; Desarrollo Económico, Turismo y Empleo y Familia e Igualdad de Oportunidades.

Por parte de CERMI, han colaborado sus entidades, la Asociación para el tratamiento de personas con Parálisis Cerebral y Patologías afines (Aspace-Astrapace), la Asociación de Parapléjicos y grandes Discapacitados Físicos de Murcia (Aspaym), la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Famdif/Cocemfe-Murcia), la Federación de Asociaciones de Familias de Personas Sordas de la Región de Murcia (Fasen) y la Federación de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral (Feaps).

Asimismo, la Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad (Acime), la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Psíquica (Fadis), la Federación Murciana de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes), la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder), la Federación de Personas Sordas de la Región de Murcia (Fesormu), la Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia (Fundown) y la delegación en Murcia de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

 

Convocatoria de pruebas selectivas para jueces y fiscales

En el BOE de 23 de diciembre se publica el ‘Acuerdo de 18 de diciembre de 2015, de la Comisión de Selección a la que se refiere el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de alumnos de la Escuela Judicial, para su posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez, y plazas de alumnos del Centro de Estudios Jurídicos, para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal’.

En el mismo se hace constar que “de las plazas expresadas, se reservan 5 plazas para ser cubiertas por personas con discapacidad en grado igual o superior al 33%, siempre que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas correspondientes. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 301.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el capítulo III del Título I del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial, cuyas previsiones resultarán de aplicación a este proceso selectivo. Las plazas no cubiertas por este turno acrecerán las del turno libre. En el caso de que alguna de las personas aspirantes que toman parte en el proceso por el turno de reserva para personas con discapacidad superase la oposición y no obtuviera plaza en ese turno, si su puntuación fuera superior a la obtenida por otras personas opositoras del turno libre, sería incluido por su orden de puntuación en éste. Durante el procedimiento selectivo se dará un tratamiento diferenciado al cupo de personas con discapacidad, llamamientos a los ejercicios y relación de personas aprobadas”.

Igualmente que “Quienes aspiren al turno de reserva para personas con discapacidad, además de lo indicado en el punto anterior, presentarán junto a su solicitud la eventual petición sobre las adaptaciones y ajustes razonables de tiempo para su participación en el proceso en condiciones de igualdad, consignando las necesidades específicas que se precisan y si se solicitan para el ejercicio escrito o para los orales, debiendo adjuntar el Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de minusvalía competente, acreditando de forma fehaciente las deficiencias permanentes que dan origen al grado de minusvalía reconocido. La adaptación de tiempos no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar. Corresponde a la Comisión de Selección resolver, de forma individualizada, la procedencia y concreción de la adaptación. Para la adaptación de tiempos adicionales, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio”.

También se deja constancia de que estarán “exentas del pago de la tasa, en virtud de lo establecido en la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social: a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, que acreditarán ese extremo presentando, junto a la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, certificación del Departamento Ministerial competente o, en su caso, del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma con la competencia transferida en esa materia. b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado”.

Igualmente dispone: ‘La Comisión de Selección podrá nombrar varios Tribunales calificadores para la evaluación de los ejercicios orales en función del número de aspirantes, distribuyendo equitativamente entre los mismos el número de personas opositoras y de plazas convocadas, salvo quienes participen por el turno de reserva para personas con discapacidad, que serán todas examinadas por el Tribunal calificador número 1’, así como que ‘El primer ejercicio tendrá una duración de dos horas y cuarenta y cinco minutos, salvo lo dispuesto en la base B.2 de la convocatoria, sobre concesión de tiempo adicional a las personas aspirantes que concurran por el turno de reserva para personas con discapacidad’. 

En cuanto a la lista de aprobados, dispone que “Por su parte, el Tribunal calificador número 1 incluirá en la relación anterior a las personas aprobadas que le hayan sido asignadas tanto por el turno libre como por el turno de reserva para personas con discapacidad. Este Tribunal integrará a las personas aprobadas procedentes del turno de reserva para discapacitados por riguroso orden de puntuación”.

El temario del proceso selectivo comprende aspectos jurídicos de discapacidad, y más en concreto, los temas  7. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. El estado civil de la persona. El título de estado civil y su prueba. La edad: La mayoría de edad, capacidad de los menores de edad. La emancipación y la habilitación de edad.  Y el tema 8. Las personas con discapacidad; la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La incapacitación y la prodigalidad: Aspectos sustantivos. Protección patrimonial de las personas con discapacidad. Capacidad del concursado. 

 

La nueva y ‘transversal’ Ley de Accesibilidad Universal de la Región de Murcia

El Gobierno regional y el CERMI Región de Murcia han acordado la nueva Ley de Accesibilidad Universal de la Región de Murcia, que tiene un carácter ‘transversal’, ya que reconoce las discapacidades de tipo sensorial, físico y psíquico.

Así lo ha hecho saber el consejero de Fomento e Infraestructuras, Francisco Bernabé, quien ha presentado el nuevo texto a usuarios, asociaciones y entidades de personas con discapacidad acompañado por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, y la presidenta de CERMI, Pilar Morales.

A la hora de llevar a la práctica la Ley, Bernabé ha explicado que los edificios tendrán que tener unas señales luminosas para que las personas sordas puedan percibir cualquier tipo de anomalía, y que existan mecanismos auditivos para alertar también a las personas con discapacidad visual.

En definitiva, Bernabé explica que se trata de "dar un paso más" y trasladar a todos los ámbitos lo que "ya tenemos asumido a nivel de discapacidad física, con la instalación de rampas y ascensores especiales. El objetivo es que el resto de discapacidades "se vean igualmente reconocidas".

De hecho, la directora general de Ordenación de Territorio, Arquitectura y Vivienda, Nuria Fuentes, ha explicado que la nueva Ley no contempla solo medidas de accesibilidad en edificaciones, sino también en transportes, en los parques públicos, en servicios de telecomunicaciones, en la sociedad de la información, en empleo, en patrimonio histórico o cultural y en empleo, por ejemplo.

Después de una serie de "vicisitudes y problemas" en la tramitación de la Ley de Accesibilidad Universal, Bernabé ha dado a conocer el acuerdo alcanzado con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para que la Ley, que es "pionera" a nivel regional, sea ya "una realidad".

Según el consejero, esta Ley contempla la accesibilidad "no solo desde el punto de vista físico, sino también "sensorial", por lo que quedan "perfectamente reconocidas, integradas y puestas en valor" las discapacidades de tipo visual o auditivo, por ejemplo, con el fin de que "todos tengamos los mismos derechos y oportunidades.

Los consejeros y representantes del CERMI en la presentación del proyecto

Calendario de actuación
"No se conoce un texto igual en todo el territorio nacional y Murcia va a ser pionera en ponerlo en marcha", ha subrayado Bernabé, quien ha explicado que la Ley será sometida de nuevo al Consejo Económico y Social (CES), que lo dictaminó de forma negativa a principio de este año, con el fin de recabar su visto bueno definitivo.

A continuación, el texto será sometido al dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, y Bernabé cree que el Consejo de Gobierno podrá aprobar definitivamente el proyecto de ley en Primavera para remitirlo a la Asamblea Regional.
En este sentido, Bernabé ha remarcado que la accesibilidad tiene que tener ese carácter "universal y transversal" para que "cualquier persona, con independencia de su condición física, psíquica o sensorial, tiene los mismos derechos, las mismas oportunidades y está en pie de igualdad con el resto de los seres humanos".

Este reconocimiento debe hacerse extensivo a "todos los ámbitos de la vida", tanto en el doméstico, como el familiar, el profesional y el de la vida pública. Además, deben imponerse "las obligaciones correspondientes a las administraciones y a los agentes privados para que cumplan esa normativa".

Para ello, el texto prevé que, a partir de su aprobación, habrá un periodo de un año para aprobar los reglamentos de desarrollo, que ya se han trabajado con cinco consejerías distintas, además de la de Fomento. Bernabé dice que el objetivo es que el horizonte es tener ya aprobado "todo el texto legislativo" para poner en marcha todas las medidas.

Precisamente, la presidenta del CERMI, que ha agradecido al Gobierno regional el trabajo realizado, ha emplazado a las administraciones públicas a "alcanzar convenios con los servicios jurídicos o con quien haga falta" con el fin de completar su tramitación "cuanto antes". De hecho, les ha pedido que empiecen a trabajar ya en el reglamento.

   

Periciales en accidentes de tráfico

El Gobierno ha aprobado una norma que regula las periciales que realizan los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) en accidentes de circulación, de manera que a partir del uno de enero los informes sobre daños corporales serán gratuitos para los perjudicados.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al real decreto que regula la elaboración de pericias por parte de los IMLCF a petición de particulares en los casos de reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor.

Este real decreto, que entrará en vigor el 1 de enero de 2016 y se aplicará a los accidentes que tengan lugar a partir de esa fecha, supone la incorporación de un nuevo mecanismo para lograr una solución rápida, segura y efectiva en aquellos siniestros en los que se produzca un daño corporal indemnizable, explica el Ministerio de Justicia en un comunicado.

La norma desarrolla la ley de 2015 que ofrece una vía alternativa a la judicial civil para que los perjudicados y las compañías de seguros puedan llegar a un acuerdo sobre la indemnización en el caso de accidente.

Así, se prevé que, en caso de que el perjudicado no esté conforme con la indemnización que le ofrezca la compañía de seguros, pueda solicitar una pericia de los daños corporales sufridos a los IMLCF, lo que le permitirá contar con la garantía de la experiencia, profesionalidad e imparcialidad que ofrecen estos profesionales.

El objetivo que persigue esta norma, destaca Justicia, es ofrecer a los particulares "un servicio pericial independiente y de calidad, que facilite la resolución extrajudicial", y también que se garantice la igualdad de trato en cualquier parte de España para el acceso de los ciudadanos a los IMLCF.

Cuando se habla de perjudicados en accidentes, la norma especifica que serán la víctima del siniestro y, en caso de fallecimiento, el cónyuge viudo, ascendientes, descendientes, hermanos y allegados, así como las entidades aseguradoras, que deberán realizar una oferta motivada al perjudicado.

La solicitud pericial al IMLCF la podrán realizar la entidad aseguradora y el perjudicado de común acuerdo y, a falta del mismo, podrá ser instada por la víctima.

En ambos casos el precio público que se fije como contraprestación de la pericia será a cargo de la entidad aseguradora y, por tanto, gratuito para el perjudicado al que se le permite optar entre el IMLCF de su domicilio o bien el del lugar donde ocurrió el accidente.

En todo caso, se solicitará el consentimiento informado y expreso de la víctima lesionada para cada prueba que se acuerde realizar, así como para el acceso a la historia clínica y para la cesión de datos a las entidades aseguradoras.

Justicia destaca que para elaborar esta norma se ha contado con la participación y consenso de diversas entidades y asociaciones, entre las que se encuentran las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Asociación Empresarial del Seguro (UNESPA), así como el Consejo Médico Forense y representantes de médicos forenses.

 

Plazas para funcionarios dirigidas a personas con discapacidad intelectual

El Boletín Oficial del Estado de hoy 18 de diciembre publica una resolución de la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por las que se procede a la convocatoria de proceso selectivo para cubrir 70 plazas reservadas a personas que acrediten discapacidad intelectual.

Con esta decisión administrativa, se inicia proceso selectivo para cubrir como personal laboral fijo de la Administración General del Estado, con la categoría de Ayudante de Gestión y Servicios Comunes (Ordenanza), 70 plazas reservadas para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual.

Las plazas objeto de convocatoria se reparten por casi todas las provincias, destacando las 11 de Madrid, la 4 de Cuenca o las 3 de Lleida.

Este proceso selectivo es el más elevado en numero de plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual desde que en 2011, gracias a una propuesta del CERMI, se modificó la ley de función pública y se creó una subcuota específica para personas con discapacidad intelectual (del 2 % dentro del 7 % global de toda la oferta de empleo público).

Enlace al BOE:
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/18/pdfs/BOE-A-2015-13800.pdf

   

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