Lunes, Noviembre 19, 2018
   
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El Rincón de Ápices

Peatones y ciclistas

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha lamentado la dejación de la dirección general de Tráfico y del Ministerio del Interior que no han sido capaces durante esta Legislatura de aprobar la modificación del Reglamento General de Circulación en la que se hubiera impedido la instalación de carriles-bici en las aceras de las ciudades y pueblos.

La normativa vigente deja a decisión de las corporaciones locales la instalación de carriles-bici en las aceras de las vías urbanas, facultad que muchos ayuntamientos han usado para permitir estos circuitos, desoyendo las demandas de las organizaciones de personas con discapacidad y mayores, que han venido reclamando una regulación que priorice a los peatones más vulnerables, sin perjudicar la movilidad sostenible, que en todo caso ha de tener garantizado su desarrollo mediante carriles-bici en las calzadas, sin necesidad de ocupar las aceras.

En la reforma del Reglamento General de Circulación que el Gobierno tendría que haber aprobado y que finalmente no se ha materializado, por la renuncia de Interior a llevarla a efecto, tras largos y tortuosos meses de tramitación, debería haber aparecido en normativa estatal la prohibición de usar las aceras como vías habilitadas para la instalación de los carriles-bici, sin posibilidad de decisión municipal.

El movimiento de la discapacidad espera del nuevo Gobierno un compromiso real con los derechos preferenciales de los peatones más vulnerables que se traduzca en una regulación que sin menoscabar la movilidad sostenible garantice la libertad y la seguridad de los desplazamientos de las personas con discapacidad y mayores.

 

Nuevo baremo

Nuevo baremo

Un 50% más en el caso de fallecimiento y las amas de casa serán beneficiarias. Las víctimas de accidentes de circulación contarán desde este mes con un nuevo baremo de indemnizaciones, que supone un incremento medio de un 50% en las compensaciones por fallecimiento y un 35% para las secuelas permanentes, pero un descenso del 2% para las lesiones temporales.

Esto será posible al entrar en vigor la Ley de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, consensuada tras un trabajo de cuatro años entre las asociaciones de víctimas (Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico y Stop Accidentes), de personas con discapacidad (Cermi, Fedace, Aspaym y Aesleme) y las aseguradoras, así como instituciones públicas como la Fiscalía de Seguridad Vial, y fue aprobada por unanimidad en el Senado.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, señaló en la tramitación parlamentaria de la ley, que actualiza una norma de 1995, que los objetivos principales del texto son incrementar la protección a los afectados con “una indemnización suficiente”, mejorar el tratamiento resarcitorio, establecer “un sistema indemnizatorio activo, actualizado y adaptado a la realidad”, y agilizar la resolución de los casos”.

Puso dos ejemplos de lo que supondrá el nuevo baremo. Uno de ellos es que la indemnización por el fallecimiento de un padre de familia de 40 años con unos ingresos netos de 38.000 euros que deja viuda de 30 años e hijos de 3, 6 y 12 años pasa de los actuales 335.000 a los 670.000 euros. Y la de una médico con una renta superior a 60.000 euros anuales que sufre la amputación de una pierna sería de un máximo de 750.000 euros, incluido el lucro cesante o los futuros gastos sanitarios, por los 350.000 euros de la actualidad.

Para conocer la cuantía que le corresponde recibir a las víctimas de siniestros de circulación en función de la gravedad de sus lesiones o por su vinculación con un fallecido por este motivo, la patronal del seguro (Unespa) ha elaborado una aplicación informática gratuita que actúa como calculadora de indemnizaciones.

La norma tiene en cuenta las nuevas estructuras familiares, los grandes lesionados serán compensados con los apoyos necesarios para la autonomía personal, incorpora como víctimas de accidentes de tráfico a las amas de casa y las cuantías se actualizarán conforme al índice de revalorización de las personas.

Acuerdos extrajudiciales
El sistema también afecta a la sanidad pública porque las aseguradoras indemnizarán a los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas con los gastos derivados de nuevos perjuicios cubiertos, como los importes médicos futuros, ciertos gastos de rehabilitación o necesidades de recambio de prótesis de lesionados graves.

Uno de los principales propósitos de la nueva norma es evitar la litigiosidad en los tribunales y potenciar los acuerdos extrajudiciales. No obstante, cerca de 200.000 de los 800.000 juicios de faltas que se tramitan cada año en España están relacionados con los daños personales relacionados con accidentes de tráfico, en su mayoría leves.

En el caso de reclamación extrajudicial por no estar de acuerdo con la indemnización correspondiente, el perjudicado podrá solicitar informes periciales de forma gratuita a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), gracias a un real decreto aprobado recientemente por el Consejo de Ministros y que también entrará en vigor el 1 de enero de 2016.
Una de las entidades que ha trabajado en la elaboración de la normal, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), calificó de “avance” el nuevo marco legal regulador de las indemnizaciones económicas a las víctimas de accidentes de tráfico, sobre todo a aquellas que adquieren una discapacidad por esta causa.

El Cermi recordó que las indemnizaciones por accidentes de tráfico no se revisaban desde 1995, y únicamente se adaptaban a la inflación anual. A su juicio, estas compensaciones no alcanzaban a reparar los efectos económicos, sanitarios y sociales que el accidente representa para las víctimas y sus familias.

“El nuevo cuadro indemnizatorio, como contempla el texto de la reforma legal aprobada, no sólo mejora en suficiencia económica, sino que va orientado a dar cobertura y apoyo de todo tipo a la víctima para que pueda reincorporarse activamente a la vida en comunidad, potenciando al máximo su autonomía personal”, concluyó.

 

Denuncia del CERMI ante el Defensor del Pueblo

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado ante la Defensora del Pueblo el retraso en que ha incurrido el Gobierno al no aprobar en el plazo legal establecido el real decreto regulador de las condiciones básicas de accesibilidad universal de las personas con discapacidad a los bienes y servicios a disposición del público.

Según dispone la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que entró en vigor el 4 de diciembre de 2013, en su Disposición final tercera y referente al  Desarrollo reglamentario,  El Gobierno, previa consulta al Consejo Nacional de Discapacidad y a las comunidades autónomas, dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley, y también, en su apartado 2, que en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, según lo previsto en el artículo 29, para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad.

A pesar de las demandas y advertencias del movimiento social de la discapacidad al Gobierno, a través del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para que cumpliera esta mandato legal, ha transcurrido el plazo máximo sin que esta normativa reglamentaria tan necesaria haya sido adoptada, por lo que existe un vacío regulatorio que deja en situación de desprotección a las personas con discapacidad en su acceso a los bienes y servicios a disposición del público.

En su queja, el CERMI reclama a la Defensora del Pueblo que investigue esta demora e inste al Ejecutivo a acelerar el proceso de aprobación de esta normativa. En el mismo sentido, la plataforma representativa de la discapacidad se ha dirigido al Congreso de los Diputados, a través de la Comisión de Peticiones, para que tramite esta denuncia en la vía parlamentaria.

   

‘Mas sobre la futura ley regional de accesibilidad universal’

El consejero de Fomento, Francisco Bernabé, subraya que se contemplará “por primera vez, la accesibilidad de forma transversal al objeto de permitir la plena integración de todas las personas".

La Comunidad Autónoma y Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) han consensuado los contenidos de la futura Ley de Accesibilidad Universal de la Región de Murcia, que "introduce diversos aspectos pioneros a nivel nacional para lograr que la accesibilidad sea de carácter transversal", anunció hoy el consejero de Fomento e Infraestructuras, Francisco Bernabé, quien, junto a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, y la presidenta de CERMI, Pilar Morales, presentó el texto.
Bernabé subrayó que el principal logro es que "traspasará el carácter sectorial y responde realmente a los principios de accesibilidad universal de forma transversal". Es decir, se extiende el concepto de accesibilidad a todos los ámbitos de la sociedad, desde el punto de vista físico hasta el sensorial, para que "cualquier persona con una discapacidad auditiva, visual o psíquica pueda quedar perfectamente reconocida e integrada en la sociedad, con el fin de que todos tengamos los mismos derechos y oportunidades".

Para ello, se integran en el texto todos los ámbitos competenciales de la Comunidad que puedan resultar afectados por la futura Ley, no solamente las propias de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, aunque se ha prestado especial atención a cuestiones importantes relativas a la edificación.

El consejero indicó que el texto actual es fruto de los trabajos desarrollados entre los equipos técnicos de la Consejería de Fomento y del CERMI y que, prueba de ello, es que recoge las reivindicaciones de sus destinatarios principales, las personas con algún tipo de discapacidad o movilidad reducida.

Así, se han establecido condiciones de accesibilidad que afectan a espacios públicos naturales, las telecomunicaciones y la sociedad de la información, así como accesibilidad a los bienes y servicios a disposición del público y relaciones con las administraciones públicas.

El texto continuará su tramitación ordinaria para su aprobación definitiva como ley, por lo que se enviará al Consejo Económico y Social de la Región y al Consejo Jurídico de la Región para que emitan sus correspondientes informes. A continuación se someterá a la valoración del Consejo de Gobierno y finalmente se debatirá en la Asamblea Regional.

Entre las consejerías que han participado de forma activa en la redacción figuran las de Presidencia; Agua, Agricultura y Medio Ambiente; Desarrollo Económico, Turismo y Empleo y Familia e Igualdad de Oportunidades.

Por parte de CERMI, han colaborado sus entidades, la Asociación para el tratamiento de personas con Parálisis Cerebral y Patologías afines (Aspace-Astrapace), la Asociación de Parapléjicos y grandes Discapacitados Físicos de Murcia (Aspaym), la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Famdif/Cocemfe-Murcia), la Federación de Asociaciones de Familias de Personas Sordas de la Región de Murcia (Fasen) y la Federación de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral (Feaps).

Asimismo, la Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad (Acime), la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Psíquica (Fadis), la Federación Murciana de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes), la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder), la Federación de Personas Sordas de la Región de Murcia (Fesormu), la Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia (Fundown) y la delegación en Murcia de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

 

Convocatoria de pruebas selectivas para jueces y fiscales

En el BOE de 23 de diciembre se publica el ‘Acuerdo de 18 de diciembre de 2015, de la Comisión de Selección a la que se refiere el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de alumnos de la Escuela Judicial, para su posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez, y plazas de alumnos del Centro de Estudios Jurídicos, para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal’.

En el mismo se hace constar que “de las plazas expresadas, se reservan 5 plazas para ser cubiertas por personas con discapacidad en grado igual o superior al 33%, siempre que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas correspondientes. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 301.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el capítulo III del Título I del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial, cuyas previsiones resultarán de aplicación a este proceso selectivo. Las plazas no cubiertas por este turno acrecerán las del turno libre. En el caso de que alguna de las personas aspirantes que toman parte en el proceso por el turno de reserva para personas con discapacidad superase la oposición y no obtuviera plaza en ese turno, si su puntuación fuera superior a la obtenida por otras personas opositoras del turno libre, sería incluido por su orden de puntuación en éste. Durante el procedimiento selectivo se dará un tratamiento diferenciado al cupo de personas con discapacidad, llamamientos a los ejercicios y relación de personas aprobadas”.

Igualmente que “Quienes aspiren al turno de reserva para personas con discapacidad, además de lo indicado en el punto anterior, presentarán junto a su solicitud la eventual petición sobre las adaptaciones y ajustes razonables de tiempo para su participación en el proceso en condiciones de igualdad, consignando las necesidades específicas que se precisan y si se solicitan para el ejercicio escrito o para los orales, debiendo adjuntar el Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de minusvalía competente, acreditando de forma fehaciente las deficiencias permanentes que dan origen al grado de minusvalía reconocido. La adaptación de tiempos no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar. Corresponde a la Comisión de Selección resolver, de forma individualizada, la procedencia y concreción de la adaptación. Para la adaptación de tiempos adicionales, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio”.

También se deja constancia de que estarán “exentas del pago de la tasa, en virtud de lo establecido en la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social: a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, que acreditarán ese extremo presentando, junto a la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, certificación del Departamento Ministerial competente o, en su caso, del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma con la competencia transferida en esa materia. b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado”.

Igualmente dispone: ‘La Comisión de Selección podrá nombrar varios Tribunales calificadores para la evaluación de los ejercicios orales en función del número de aspirantes, distribuyendo equitativamente entre los mismos el número de personas opositoras y de plazas convocadas, salvo quienes participen por el turno de reserva para personas con discapacidad, que serán todas examinadas por el Tribunal calificador número 1’, así como que ‘El primer ejercicio tendrá una duración de dos horas y cuarenta y cinco minutos, salvo lo dispuesto en la base B.2 de la convocatoria, sobre concesión de tiempo adicional a las personas aspirantes que concurran por el turno de reserva para personas con discapacidad’. 

En cuanto a la lista de aprobados, dispone que “Por su parte, el Tribunal calificador número 1 incluirá en la relación anterior a las personas aprobadas que le hayan sido asignadas tanto por el turno libre como por el turno de reserva para personas con discapacidad. Este Tribunal integrará a las personas aprobadas procedentes del turno de reserva para discapacitados por riguroso orden de puntuación”.

El temario del proceso selectivo comprende aspectos jurídicos de discapacidad, y más en concreto, los temas  7. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. El estado civil de la persona. El título de estado civil y su prueba. La edad: La mayoría de edad, capacidad de los menores de edad. La emancipación y la habilitación de edad.  Y el tema 8. Las personas con discapacidad; la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La incapacitación y la prodigalidad: Aspectos sustantivos. Protección patrimonial de las personas con discapacidad. Capacidad del concursado. 

   

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