Lunes, Noviembre 19, 2018
   
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El Rincón de Ápices

Páginas blancas sobre empleo y discapacidad

El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) presentó este miércoles en Madrid el 'Libro Blanco sobre acceso e inclusión en el empleo público de las personas con discapacidad', que aboga por incrementar la reserva de este tipo de empleo para los aspirantes con discapacidad, por considerar que la cuota actual es "insuficiente".

"El 5% para discapacidad general, y el 2% para discapacidad intelectual para cada oferta de empleo público se ha mostrado como una reserva escasa si lo que se pretende es alcanzar el objetivo del 2% del total de efectivos en las Administraciones Públicas", indica el libro, que plantea también "una reserva para mujeres con discapacidad".

El texto se presentó en un acto conducido por Francisco Botía, director general de Ilunión Capital Humano, quien informó de que este Libro Blanco no está cerrado, ya que admitirá aportaciones durante seis meses, a través del sitio web 'todostenemostalento.org'.

El acto, conjunto entre el Inap, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y Fundación ONCE, contó con la participación de Manuel Arenilla, director del Inap; Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, y Luis Alonso, gerente del CERMI, y con la presidencia en la clausura del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

En su intervención, Beteta aseguró que el libro que hoy se presenta servirá "de hoja de ruta" a las políticas del Ministerio de Hacienda y, en concreto, a su secretaría que, como el resto del Gobierno, ha apostado y apostará por abandonar el concepto paternalista de la discapacidad y por impulsar medidas "activas, no pasivas", para mejorar la inserción laboral de este colectivo.

Por su parte, Arenilla admitió que la Administración General del Estado no logra cubrir el 30% de las plazas reservadas a personas con discapacidad y se preguntó, a raíz de esta afirmación, cuánto talento se está perdiendo. "Es cierto", añadió, "que necesitamos revisar el tipo de pruebas (…) y formar en discapacidad a los tribunales", pero no lo es menos que "tendremos que hacer muchas más cosas", cambiando para ello y en primer lugar la óptica de la observación.

Arenilla abogó también por cumplir las normas existentes antes de redactar unas nuevas, algo para lo que, se mostró convencido, es necesario cambiar la óptica de observación y tratar a las personas con discapacidad como a las demás. Y para ello, afirmó Alberto Durán, la Administración Pública "debe ser un estandarte de la plena inclusión social, de la igualdad de acceso y de la accesibilidad universal".
Las personas con discapacidad, agregó, pueden aportar mucha diversidad, algo que enriquecería la realidad de las administraciones públicas, que han de recordar que este colectivo supone el 10% de la población.

Finalmente, el representante del Cermi señaló que las políticas de empleo para personas con discapacidad precisan de la implicación de todos los actores, sociales y políticos, por lo que consideró que este libro será de gran utilidad. Destacó el hecho de que el texto no exponga solo realidades, sino que incluya recomendaciones, y afirmó que no es la conclusión de nada, sino el principio de todo.

Libro blanco
Como indicó Alonso, el libro cuenta con una serie de recomendaciones entre las que figuran la revisión de la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad en tres vertientes: la encaminada a aumentar el porcentaje de esa reserva, la destinada a ampliar los cuerpos y escalas en los que se dejan plazas para aspirantes con discapacidad y la que se propone cambiar los criterios de distribución de plazas reservadas para las personas con discapacidad intelectual.

Además, el manual habla de fijar un plazo para alcanzar el porcentaje del 2 por ciento de personas con discapacidad entre los efectivos totales en cada Administración Pública, que sitúa en 2020, y de mantener en futuras convocatorias las plazas reservadas para empleados con discapacidad no cubiertas en anteriores procesos selectivos.

Igualmente, aconseja elaborar una guía de buenas prácticas para el desarrollo y contenido de las pruebas de acceso que pueda servir como fundamento de actuación a todas las administraciones públicas.

El 'Libro Blanco sobre acceso e inclusión en el empleo público de las personas con discapacidad' es fruto de un convenio firmado en 2014 por el Instituto Nacional de Administración Pública con el Cermi, Fundación ONCE y FSC Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

 

Nueva ley del sector ferroviario

Las empresas ferroviarias que operen en España tendrán la obligación de prestar ‘asistencia a las personas con discapacidad y las personas de movilidad reducida’, según establece la nueva Ley del Sector Ferroviario, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado, Ley 38/2015.

Esto significa que las empresas ferroviarias deberán habilitar y disponer de servicios de atención y acompañamiento a viajeros con discapacidad para que puedan hacer uso del ferrocarril en condiciones de normalidad, seguridad y comodidad.

Además de esta obligación legal, la nueva norma declara también como fines del sistema ferroviario español ‘proteger los intereses de los usuarios, con atención especial a las personas con discapacidad o de movilidad reducida, garantizando sus derechos al acceso a los servicios de transporte ferroviario de viajeros en adecuadas condiciones de calidad y seguridad’.

Finalmente, en relación con las personas con discapacidad, la Ley del Sector Ferroviario tipifica como infracción administrativa grave el incumplimiento de la normativa sobre accesibilidad a los vehículos ferroviarios por parte de las personas con discapacidad.

Todas estas previsiones en materia de discapacidad y accesibilidad son resultado de las propuestas planteadas por el CERMI a lo largo de la tramitación de la iniciativa legislativa en sus fases de anteproyecto y proyecto de ley.

La Ley mencionada entrará en vigor al día siguiente de su publicación, según hace constar su disposición final sexta.

 

Compatibilidad entre trabajo y cobro de pensión en personas discapacitadas

El Partido Popular ha incorporado una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 en su tramitación en el Senado en la que incrementa el límite de compatibilidad entre la pensión no contributiva a la que acceden las personas con discapacidad y los ingresos derivados de una actividad laboral, de manera que el colectivo que puede acceder a ambas rentas crecerá en un 20%.

En concreto, la enmienda fija como único límite a la compatibilidad de la pensión y los ingresos laborales en que estos rendimientos por actividad profesional no superen el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem), de manera que si se excede esta cifra, se reducirá hasta cumplir con este máximo.

En la actualidad, el límite a esta compatibilidad se sitúa en que la suma de ambas cuantías en cómputo anual no supere el Iprem. Si la cuantía sobrepasa este indicador, se reduce este exceso en un 50% y siempre por debajo de 1,5 veces el Iprem.

El cambio introducido por el PP supone aumentar el límite de ingresos para poder compatibilizar pensión con otras rentas, pasando de 9.585,2 euros anuales a 11.526,73 euros.

Asimismo, se incrementa la cuantía de la pensión que perciben las personas con discapacidad en entre 2 y 4,5 veces, de manera que la suma de ambas rentas crece hasta en 2.000 euros anuales.

Esta medida obedece a una demanda del Cermi planteada al ministerio de Empleo y Seguridad Social, y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y asumida por estos, que la han traducido en una enmienda de modificación de la Ley General de Seguridad Social.

Por otro lado, el PP ha incorporado otra enmienda al proyecto de presupuestos por la que elimina la restricción que limitaba el acceso al ‘software’ para facilitar el uso de los servicios de la sociedad de la información a que no haya ánimo de lucro.

   

El nuevo baremo de lesiones en accidentes

El nuevo baremo de lesiones de accidentes de circulación ha sido publicado hoy, 23 de septiembre, en el Boletín Oficial del Estado.

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Capital europea de la accesibilidad

Un total de cinco ciudades españolas han presentado sus candidaturas para la fase nacional del premio Capital Europea de la Accesibilidad correspondiente al año 2016.

Gijón, Cáceres, San Sebastián-Donostia, Santander y Vigo son las poblaciones que aspiran a pasar el corte de la fase española, del que resultarán tres finalistas, para competir en la fase europea, junto a las ciudades del resto de países de la Unión.

El premio Capital Europea de la Accesibilidad, de carácter anual, tiene como objetivo distinguir y reconocer a las ciudades que se esfuerzan por crear un entorno accesible para todas las personas y, en especial, para las personas con discapacidad y personas mayores. Esta iniciativa se encuadra en el trabajo general de la Unión Europea para construir una Europa sin barreras.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) coordina un año más, por designación de la Unión Europea, la fase española del concurso para elegir la capital europea de la accesibilidad correspondiente al año 2016.

En este certamen, pueden participar las ciudades europeas con 50.000 habitantes o más. Las candidaturas españolas serán valoradas por un jurado designado por el CERMI, como coordinador nacional, que elevará sus propuestas al jurado europeo encargado de fallar el concurso.
Solo nos queda preguntarnos si alguna vez veremos a Cartagena presentar su candidatura para participar con un mínimo de éxito. De las cinco ciudades que se presentan, cuatro dan al mar, como Cartagena, y son Ciudades muy abiertas al turismo. ¿Por qué no intentarlo para el año 2017?

   

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