Miércoles, Noviembre 21, 2018
   
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El Rincón de Ápices

Medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios

En el Boletín Oficial del Estado nº 66 del pasado sábado día 18 de marzo, aparece publicado el  Real Decreto-ley 5/2017, por el que se modifica el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Aparte del indudable interés que para cualquier deudor hipotecario pueda tener su publicación, dado en el rincón que nos encontramos, he de destacar que con  dicho Real Decreto-ley cuya entrada en vigor lo fue al día siguiente de su publicación en el BOE,  se refuerza y extiende las medidas en favor de deudores hipotecarios que sean o en cuya unidad de convivencia o residencia existan personas con discapacidad.

El artículo 1, apartado Uno de dicha norma, establece que “se entiende que se encuentran en una circunstancia familiar de especial vulnerabilidad….4º La unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente, para realizar una actividad laboral”.  5º.- “La unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o mas personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral”. Y finalmente, y aunque no tenga que ver específicamente con la discapacidad, dado que a veces va unida mujer discapacitada con violencia de género, el punto 6º considera también en una circunstancia familiar de especial vulnerabilidad “la unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género”. 

Las situaciones de discapacidad alcanzan así los mayores rangos de protección legal contra los desahucios, junto a otros supuestos de exclusión de análogos efectos, e incluye a este sector social entre los destinarios de medidas adicionales para recuperar la propiedad de la vivienda que en el plazo de 8 meses deberá adoptar el Gobierno, según ordena este Real Decreto-ley.

 

Discapacidad y bono social

Las situaciones de discapacidad serán tenidas en cuenta por primera vez a la hora de definir a los consumidores eléctricos vulnerables y adoptar medidas  de protección contra la pobreza energética.

Así queda establecido en Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros y publicado  en el Boletín Oficial del Estado del pasado día 24 de diciembre.

“..,.de ésta forma, y de acuerdo con el artículo 45.2 de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, y el artículo 2 de éste Real Decreto-Ley, se procederá a la definición de diversas categorías de consumidores vulnerables, incluyendo los severos cuyo suministro se considera esencial en los términos de la letra J) del artículo 52.4. La definición de ésta categorías responderá  a criterios de renta, atenuados en atención a las circunstancias personales y familiares de cada hogar, que podrá referirse al número de miembros de la unidad familiar, la presencia en el mismo de menores a cargo ‘o discapacitados’, entre otras cuestiones”.

Sin embargo, el alcance y extensión concretos de la posición de las unidades de convivencia en cuyo seno haya una persona con discapacidad queda diferida al reglamento de desarrollo del Real Decreto-ley que habrá de aprobarse en el plazo de tres meses, pero constituirán un criterio para regular la categoría de consumidores eléctricos vulnerables a efectos de medidas protección contra la pobreza energética.

El CERMI pedirá participar en el proceso de elaboración de la norma de desarrollo reglamentario de este Real Decreto-ley y planteará propuestas para asegurar la mejor posición de las personas con discapacidad y de las familias en las que se incluyen.

Por tanto, habrá que estar muy atentos al próximo Reglamento, que en principio habrá de aprobarse en el plazo de tres meses , es decir y en teoría antes del próximo 24 de marzo, según dispone la disposición final segunda del Real Decreto Ley. 

 

Una década con derechos para las personas con discapacidad

Hoy, 13 de diciembre, se cumplen diez años de la publicación de ‘La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad’, aunque no de su  entrada en vigor en España, ya que fue ratificada el día 30 de marzo de 2007 y publicada en el BOE de 21 de abril de 2008, entrando en vigor el día 3 de mayo de dicho año.

Dicho instrumento jurídico, que es considerado el primer texto sobre Derechos Humanos del siglo XXI,  tiene rango de Ley de obligatoria aplicación en España. 

Dicha Convención trata de garantizar a las personas con discapacidad el goce y ejercicio de derechos y libertades fundamentales, y además, en condiciones de igualdad con las demás personas, por lo que la transversalidad es uno de sus  principales características.

Pese al tiempo transcurrido desde su entrada en vigor, su aplicación siempre se ha visto retardada por las más diversas circunstancias, aunque  poco a poco las nuevas normas han venido sistemáticamente haciendo referencia a la misma. Así la Ley 1/2009 de Reforma de algunos artículos de la Ley del Registro Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad.

La profesora de Derecho Civil María Rovira Sueiro estima que “sin duda, la primera gran medida adoptada a expensas de las previsiones de la Convención de Naciones Unidas aún se haría esperar hasta la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de Adaptación de la Normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, que, tal y como su propio nombre indica, tuvo como resultado inmediato la reforma de diversas leyes….fue entonces, a partir del tercer cuatrimestre del año 2011, cuando el proceso de cambio comenzó a despuntar de manera irrefrenable, alcanzando su punto más álgido con el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad (RDLeg 1/2013, de 29 de noviembre) cuyo objetivo es ofrecer una respuesta integral a este colectivo desde los más diversos ámbitos”, 

En la tesis doctoral del Fiscal Cristóbal Fábrega Ruiz se hace constar la existencia de más de 3.500.000 personas que se encuentran afectadas por una deficiencia, lo que supone un 9% de la población total, aunque es cierto que otros estudios sitúan la cifra en el 10% de la población.

Por tanto, es una norma que afecta a gran cantidad de población, y que sin embargo, a estas alturas y pese al tiempo que lleva en vigor, sigue siendo una gran desconocida, incluso para los Tribunales de Justicia. Así lo reconoce Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) , cuando en el Prólogo de la Obra “Estudios y Comentarios Jurisprudenciales sobre Discapacidad” dirigida por Cristina Guilarte Martín-Calero, profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid, Editorial “Thomsom Reuters Aranzadi”, y refiriéndose a la obra que presenta dice textualmente que “como operador humilde del Derecho de la Discapacidad puedo afirmar que la amplitud benéfica de estos Comentarios no ha de inducirnos a pensar, sería errado, que la Convención de Naciones Unidas de 2006 es un instrumento jurídico internacional que los tribunales examinados, en su actividad juzgadora, tengan demasiado en cuenta. Y cuando la tienen, apliquen en su potencialidad más promotora y activadora de los derechos de las personas con discapacidad….una cierta audacia creativa les ha faltado y le falta a nuestros jueces y tribunales para por medio de su elevada función, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, acercar los derechos humanos a las personas con discapacidad”. 

Y es por ello que son muchos los distintos órganos e instituciones que por todos los medios están intentando dar a conocer la Convención, a través de distintos actos como  cursos abiertos, cursos de formación específicos, congresos nacionales e internacionales y publicaciones.


   

Las personas con discapacidad, en el simulador de pensiones de jubilación

La Secretaría de Estado de la Seguridad Social ha incluido a las personas con discapacidad en el servicio digital puesto en marcha para conocer la pensión de jubilación que puede corresponder a cualquier ciudadano, conocido como ‘simulador de pensiones’.

En el momento de ponerse a disposición del público a través de Internet, hace unos meses, el servicio denominado “Tú Seguridad Social”, este no comprendía los casos de trabajadores con discapacidad que deseaban conocer el cálculo simulado de su pensión de jubilación, dada la normativa específica de jubilación anticipada que estos trabajadores tienen, que se aparta de la general en determinados supuestos.

Al CERMI llegaron entonces quejas de personas con discapacidad, en el sentido de que el nuevo “Simulador de pensiones de jubilación”, inserto en el canal “Tu Seguridad Social”, no incluía las situaciones de jubilación anticipada de trabajadores con discapacidad, lo que dejaba a estos ciudadanos fuera de este interesante y útil servicio digital de la Administración de la Seguridad Social.

El CERMI planteó esta situación a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, exigiendo su subsanación rápida, la cual respondió que las regulaciones especiales se incorporarían más tarde, habida cuenta la mayor complejidad de estos casos.

Ahora, la Seguridad Social se ha dirigido al CERMI para confirmar que tras las operaciones informáticas realizadas en el simulador, las personas con discapacidad puedan acceder finalmente al mismo y ver satisfechos sus deseos de información, sin discriminaciones ni tratos desfavorables, como cualquier otro ciudadano.

 

La Ley de Accesibilidad Universal comenzará a tramitarse antes de final de año

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Pedro Rivera, anunció hoy que la Ley de Accesibilidad Universal "será muy pronto una realidad", dado que "se iniciará antes de final de año su tramitación parlamentaria como proyecto de ley".

Rivera destacó que el texto "introduce importantes mejoras, siendo la más relevante su carácter transversal para dar cobertura a todas las personas con discapacidad, y la aplicación del diseño para todos en los entornos, bienes, productos y servicios que se ofrece a los ciudadanos".

El titular de Fomento e Infraestructuras mantuvo hoy un encuentro de trabajo con la presidenta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Pilar Morales, y miembros de la Junta directiva, con el propósito de abordar la situación actual y los próximos pasos de la futura Ley de Accesibilidad.

El consejero explicó que "durante el último año se han llevado a cabo jornadas de trabajo con todas las entidades que representan a las personas con discapacidad para que la nueva norma recoja todas sus necesidades desde un prisma transversal, tanto físicas como sensoriales, con el fin de dar también solución a las personas con deficiencias auditivas y visuales".

La Ley de Accesibilidad Universal regulará las políticas en materia de accesibilidad para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad que se aplicarán en todos los ámbitos como edificación, espacios públicos urbanizados y naturales, transportes, infraestructuras y telecomunicaciones, además de sociedad de la información, bienes y servicios a disposición del público, relaciones con las administraciones públicas, patrimonio cultural y empleo.

Pedro Rivera remarcó que "la accesibilidad es algo más que un problema exclusivamente arquitectónico" y que el texto "recoge, con una visión global en el articulado, la referencia al 'diseño para todas las personas', haciendo hincapié en la necesidad de diseñar desde el principio productos y entornos de fácil acceso para el mayor número de personas, de tal forma que no tengan que ser adaptados o rediseñados de un modo especial".

El titular del área de Fomento recordó que "el impulso definitivo de esta ley nace desde el convencimiento del Gobierno regional de que todas las personas tienen que desarrollarse y desenvolverse con las mismas oportunidades, y el objetivo ha sido que en ella viesen recogidas sus reivindicaciones todos los colectivos afectados, cumpliendo así con una de sus demandas históricas".

El texto actual recoge todas las aportaciones introducidas por el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CES) y ha sido consensuado con todas las organizaciones que componen el CERMI.

El consejero explicó que actualmente el texto está siendo analizado por el Consejo Jurídico y, una vez que este órgano emita su dictamen, se someterá a deliberación del Consejo de Gobierno y se remitirá "antes de que finalice el año" a la Asamblea Regional para que inicie su tramitación como proyecto de ley.

Rivera subrayó que "el compromiso de este Gobierno es, una vez aprobada la ley, realizar el desarrollo reglamentario de la misma en el plazo de seis meses a fin de que pueda ser puesta ya a disposición de las personas con discapacidad".

Con la entrada en vigor de la nueva norma se constituirá el Consejo Asesor Regional de Accesibilidad Universal de la Región de Murcia como un órgano consultivo y de participación que engloba todas las competencias autonómicas que puedan afectar a la accesibilidad universal como sanidad o educación.

   

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