Las denuncias por negligencias hospitalarias vuelven a niveles de 2014 en la Región

Escrito por CTL12. 17 de enero de 2022, LUNES.

La asociación Defensor del Paciente, que preside Carmen Flores (en el centro en la foto adjunta), ha emitido un informe que refleja que en 2021 se produjeron 13.156 quejas hacia la sanidad pública y privada, de las que 545 se dieron en nuestra comunidad autónoma (ocupa el octavo lugar del ránking de denuncias de 2021), lo que supone un incremento del 25% con respecto a un año atrás y volver a las cifras del año 2014.

🏥. Ciudadanos, por otro lado, condena que 1.400 murcianos fallecieran en 2021 en las listas de espera de la dependencia



Los hospitales que más denuncias recibieron, según el informe del Defensor del Paciente, en la Región de Murcia fueron Virgen de la Arrixaca, el complejo hospitalario Santa Lucía-Rosell de Cartagena, Morales Meseguer de Murcia, Rafael Méndez de Lorca y Los Arcos del Mar Menor de San Javier, por ese orden.

En cuanto a las áreas, en los primeros lugares figuran listas de espera, cirugía general, urgencias, traumatología, ginecología y oftalmología.

Al margen de la asociación, la formación liberal Ciudadanos ha emitido un comunicado para condenar que más de 1.400 murcianos fallecieron en 2021 en las listas de espera de la dependencia.




NOTA DE PRENSA NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DEL PACIENTE

La asociación Defensor del Paciente registró en 2021 un total de 13.156 quejas por presuntas negligencias médicas relacionadas con la sanidad pública o privada, una cifra que supone 2.647 denuncias más que el año anterior (un 25%), pero que no supera los 13.454 casos que se recibieron en 2019, el año anterior a la COVID-19.

La Memoria anual que ha hecho pública este lunes la asociación revela variaciones similares respecto a los datos de negligencias que terminaron en fallecimiento; el pasado año se registraron en total 628 reclamaciones con resultado de muerte, lo que se traduce en 100 más que en 2020 y 129 menos que en el año anterior a la irrupción de la pandemia.

"Los datos hablan por sí solos ya que, de 2020 a 2021 se han incrementado", señala la asociación en ese balance en el que se ve, no obstante, que se trata de cifras muy similares a las de hace una década, en 2011, cuando se dieron los números más bajos de toda la serie que aparece en este informe.

El aumento tiene que ver, según el Defensor del paciente, con que "la actividad médica ha vuelto a niveles prepandemia", pero la presidenta de la asociación, Carmen Flores, se muestra muy crítica al respecto: "La excusa del covid-19 ya no cuela puesto que el sistema sanitario sigue sin ser idílico por la falta de recursos personales y materiales. La pandemia ha dejado al descubierto las vergüenzas del sistema nacional sanitario. Nuestra sanidad no da para más debido a que la inversión no es la adecuada. (...) Tenemos los mejores profesionales, pero por el contrario están sobrecargados y mal retribuidos".

En cuanto a los  fallecimientos tras una presunta una mala praxis médica, la asociación señala que la causa principal ha sido al error de diagnóstico y la pérdida de oportunidad terapéutica, seguidas por intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, atención deficiente, infecciones hospitalarias o retrasos en ambulancias.

El análisis identificó 34 fallecidos tras avisar al 112, casos en los que o bien no se envió una ambulancia al domicilio para trasladar al enfermo a un hospital, o la respuesta fue tardía con más de una hora de retraso desde la llamada de asistencia.

También aparecen en el informe 38 pacientes fallecidos por infección hospitalaria debido a que el hospital "no cumplió las medidas de asepsia necesarias", aunque el Defensor del Paciente advierte de que este número es "ínfimo" con respecto al real, "ya que en España al año fallecen más personas por infecciones hospitalarias que por accidentes de tráfico".

Por otra parte, la Asociación ha recibido 298 denuncias por resultado insatisfactorio en cirugía plástica, reparadora y estética; una cifra ligeramente superior en comparación con el año pasado, lo que señala que con la pandemia las personas se han sometido más a este tipo de intervenciones.

Asimismo, el informe señala que 122 bebés nacieron con alguna discapacidad, que son 25 casos más respecto al año anterior, relacionados con partos llevados de forma inadecuada o con fórceps, causando secuelas como sufrimiento fetal, parálisis cerebral o braquial, etc. En este caso, el informe denuncia la falta de información en numerosos casos por parte de los ginecólogos sobre las malformaciones del feto.

La asociación también da cuenta de quejas por 105 casos de estado de discapacidad en pacientes después de intervención quirúrgica, quedando en estado de tetraplejia o paraplejia; este dato supone 23 casos más contabilizados comparándolo con 2020.

El informe también destaca los 85 casos de personas afectadas por depilación láser; un dato "muy a tener en cuenta" por ser una técnica que en los últimos años ha incrementado su práctica dentro de las cadenas de estética, dice el texto.

También se han recibido 28 casos de contagiados por hepatitis C (3 menos que en 2020) (la mayoría por trasfusiones de sangre en intervenciones) y 210 denuncias por parte de personas que fueron dadas de alta "sin estar en condiciones óptimas para poder ir a trabajar".

La asociación Defensor del Paciente ve "imprescindible abordar de inmediato la problemática de las listas de espera mediante un esfuerzo presupuestario que incremente los recursos humanos al igual que los centros hospitalarios cuenten con una mayor dotación de camas, además de abrir y reforzar la Atención Primaria para que, dada su capacidad de resolver la mayoría de los problemas de la población, sea accesible para todos".

Respecto a los servicios de Urgencias, el Hospital de La Paz de Madrid "vuelve a ser el peor parado", aunque la asociación hace hincapié en la "caótica" situación del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), seguido del Complejo Hospitalario Universitario Insular en Las Palmas de Gran Canaria y el Hospital Virgen de la Salud en Toledo, de los que se critica su "gestión deficiente".

En quinto lugar aparece el Hospital Universitari Son Espases de Palma de Mallorca; el Complejo Hospitalario Regional Virgen del Rocío de Sevilla; el Hospital General Universitari de Valencia; el Hospital Universitario Miguel Servet en Zaragoza; el Hospital Universitari Vall d'Hebron en Barcelona y, por último, el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid.
Por comunidades autónomas es la Comunidad de Madrid la que encabeza la lista de quejas con 3.226 casos, de los cuales 161 con resultado de muerte, aunque hay que tener en cuenta, precisa el documento, que se trata la región que más intervenciones quirúrgicas realiza a lo largo del año. Respecto a 2020 la subida de reclamaciones supone un 23%.

La segunda comunidad más denunciada es Andalucía, con 2.420 casos, un total de 417 quejas más que suponen un aumento del 17% en relación con el curso anterior. De la suma, 82 han sido con resultado de fallecimiento.

La tercera comunidad más denunciada es Cataluña con 1.704 casos, de los que 70 han sido muertes, y con una subida del 15% de reclamaciones con respecto a 2020, mientras que la Comunidad Valenciana se sitúa en cuarto lugar con 1.009 casos, de los cuales 47 han sido con consecuencia de fallecimiento. Con respecto a 2020 los las reclamaciones en esa última comunidad suponen una subida de un 12%.

Galicia aparece en el listado como la quinta comunidad más denunciada con 709 casos, de los cuales 44 han sido con resultado de muerte. En relación con 2020 los asuntos han aumentado en un total de 199, lo que supone una subida del 28%.

A estas le siguen en número de denuncias: Castilla y León (702 casos), Castilla-La Mancha (692), Murcia (545), País Vasco (410), Aragón (358), Canarias (303), Extremadura (283), Asturias (240), Baleares (201), Cantabria (196) y Navarra (92). En las ciudades autónomas no ha habido denuncias por muertes tras mala praxis pero sí quejas de otro tipo: 7 en Ceuta y 3 en Melilla.




NOTA DE PRENSA DE CIUDADANOS DE LA REGIÓN DE MURCIA

Ciudadanos ha exigido al Gobierno regional que cese de forma inmediata a la consejera de Política Social, Isabel Franco, por su pésima gestión y ha condenado que cuatro murcianos murieron cada día en 2021 en la lista de espera de la dependencia. En total, más de 1.400 personas fallecieran esperando una prestación a la que tenían derecho.

“Es una cifra escandalosa, dolorosa y vergonzante, responsabilidad directa de la consejera tránsfuga, la señora Franco. Ha demostrado con creces su incompetencia, que está perjudicando a los murcianos más vulnerables, y por eso exigimos a López Miras que la cese de forma inmediata”, ha recalcado la coordinadora regional, María José Ros.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Juan José Molina, ha señalado que “es inadmisible que el Gobierno regional deje morir a 1.400 murcianos en la lista de espera de la dependencia. Nos venden una Región en la que todo va muy bien pero no es así. La cruda realidad se impone cada día y no nos podemos dejar engañar”.

Molina ha criticado que estas cifras se han alcanzado a pesar de que el Gobierno regional recibió en 2021 un incremento de 18 millones de euros del Gobierno central, según datos de la Asociación Estatal de Directora y Gerentes de Servicios Sociales, precisamente para reducir esa lista de espera de la dependencia. “Sin embargo, no solo no lo hizo, sino que la aumentó”, ha criticado.

De hecho, las listas de espera de la dependencia se redujeron en el conjunto del país de media un 12.5% y en la Región de Murcia esa cifra aumentó un 12%. “Es algo incomprensible. ¿Qué es lo que hicieron con ese dinero? ¿En que lo han empleado? Está claro, que no lo utilizaron para agilizar las prestaciones y reducir esas listas de espera, una demuestra más de lo poco social que es este Gobierno y de la incompetencia de la señora Franco”, ha recalcado.

Una espera de 483 días

Ciudadanos considera que la espera de 483 días desde que se registra la solicitud para acceder a las ayudas a la dependencia hasta que se realiza la resolución es “un tiempo inasumible”, según ha manifestado la coordinadora liberal, ya que “el 54% de las personas que piden la ayuda a la dependencia superan los 80 años y una demora a esa edad resulta crucial para no llegar a disfrutar de las prestaciones”.

De hecho, la tramitación de un expediente en la Región está por encima de la media nacional, que se sitúa en los 423 días, y muy lejos del plazo máximo fijado por ley para su resolución, que es de 180 días.

“En nuestra región hay casi 5.000 murcianos en lista de espera para poder acceder a estas ayudas”, ha indicado Ros. “Son demasiados los que no llegan a disfrutar las prestaciones incluso cuando ya han sido valoradas y tienen derecho a ellas”.

Otras comunidades lo hacen en un plazo mucho menor, “lo que demuestra que es posible, por lo que recomendamos al Gobierno regional que aprenda e ellas y tome medidas para que no sigamos siendo una vergüenza nacional”, ha concluido.


🖌️ Texto en el que se respeta íntegramente contenido, redacción y ortografía, salvo en el titular y en la entradilla del artículo

Etiquetas: Región

Imprimir

powered by social2s