Cuatro años de batalla jurídica para 'lavar su imagen'
Un medio de información regional publicó en 2017 una noticia sobre una operación de la Guardia Civil por delitos contra la propiedad industrial. En la fotografía aparecían dos personas y apareció que eran un agente y un investigado, cuando en realidad se trataba de un funcionario de Medio Ambiente. No consiguió que el medio rectificase y este vecino de La Unión recurrió a los tribunales, que le dieron la razón, que después han avalado la Audiencia y el Supremo. En la imagen, Joaquín G. Zapata García, su abogado.
El uno de septiembre de 2017 fue cuando un medio de comunicación de la Región de Murcia publicaba una noticia relativa a unos delitos contra la propiedad industrial. "Se trataba de una nota de prensa de Guardia Civil, la cual fue prublicada en su integridad. Sin embargo, el medio puso de su cosecha el pie de una foto que le enviaron. El texto era; 'Un investigado entrega muestras a un agente'. Lo grave es que quien aparecía en la foto no era un investigado, sino mi cliente, quien es funcionario de la consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, el cual estaba auxiliando a la Benemérita en la investigación. En la imagen se le veía de frente siendo reconocido fácilmente si se sabe quien es, además de que en aquel momento sólo había dos funcionariosen el operativo en estos menesteres. La difusión de la fotografía con ese pie causó un grave revuelo en la consejería y entre allegados de mi cliente", explica el abogado Joaquín García Zapata.
El primer paso que dieron entonces fue enviar un burofax reclamando el derecho de rectificación, "pues todos tenemos derecho a equivocarnos pero jamás recibimos respuesta alguna, por lo que el afectado me encargó formular la demanda", en la que también se pedían 12.000 euros de indemnización. Fue estimada por el magistrado del juzgado de primera instancia número 5 de Cartagena en sentencia de 4 de septiembre de 2018, quien consideró que había existido "una intromisión ilegítima en el derecho al honor" y condenaba al medio a publicar la rectificación y a abonar la cantidad de ocho mil euros.
No conformes con la misma, el medio recurrió a la Audiencia Provincial, que, a través de su sección quinta, compartió los argumentos del fallo recurrido y consideró que existía "una evidente vulneración del derecho al honor del actor y apelado".
Hubo un nuevo recurso, esta vez al Tribunal Constitucional, que no admitió a trámite el recurso aduciendo que carecía de trascendencia constitucional. Sí llegó al Tribunal Supremo, en su sala civil, que ha rechazado los argumentos del medio y confirma las sentencias precedentes.
"Pese a esto, no cumplieron voluntariamente y el juez de primera instancia número 5 ha tenido que despachar ejecución contra el medio, en virtud de la cual ha publicado la sentencia y han corregido el pie de foto injurioso", concluye el letrado.
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