Un abogado bajo acusación
Un letrado se enfrenta a una pena de seis años de cárcel al ser acusado de apropiarse de diez mil euros y de falsificar un documento en el proceso de defensa que llevó para una persona investigada por drogas. La defensa sostiene que no recibió ese dinero y que no fue quien manipuló el justificante de un recurso ante el Tribunal Constitucional.
No es un caso único, pues este periódico ya ha sido testigo de varios abogados que han cambiado su habitual emplazamiento en una sala de vistas por el banquillo de los acusados, pero, sin duda, son casos poco habituales. En este caso, el profesional en cuestión está acusado de un delito de estafa en concurso con otro de falsedad en documento público.
En la sala de vistas de la sección quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, un matrimonio explicó los motivos de su denuncia. Ambos conocieron a este abogado en 2007 con motivo de encargarle la defensa del esposo en una macrocausa (el juicio duró tres meses) por narcotráfico que tuvo lugar en la Audiencia Nacional. Después de esa fecha, el letrado fue condenado por sentencias firmes de la Audiencia y de un juzgado de Murcia en 2009 y 2010, respectivamente. Según la mujer, “no nos dijo nada y siguió representando a mi marido, siendo el 2 de noviembre de 2010, durante la celebración del juicio, cuando desveló que estaba inhabilitado. Tras salir la sentencia, dijo que presentaría un recurso de casación ante el Tribunal Supremo a través de un compañero y más adelante nos planteó presentar un recurso de amparo al Constitucional, diciendo que era muy costoso. En julio de 2011 le di en mi casa 10.000 euros en efectivo, pues siempre le había pagado así”, expuso en sala. A preguntas de la fiscal indicó que no pidió recibo alguno y que no recibió minuto con IVA alguna en ninguna de las ocasiones en que efectuó pagos. En total, según dijo en sala, fueron 50.000 euros los que entregó al profesional jurídico en varios pagos.
El segundo frente es la presunta falsificación documental. “El 13 de septiembre de 2012 dijo que había presentado el recurso y 17 meses más tarde no tenía respuesta, por lo que le llevé el documento que justificaba esa presentación a otra abogada, quien me dijo que ese papel no era un recurso ante el TC. Entonces, le mandé un bureau fax al letrado pidiéndole la documentación y dos días después se presentó en mi casa diciéndome que había cometido un error imperdonable, que no había presentado el recurso. Me quedé bloqueada y no lo he vuelto a ver”, expuso, además de afirmar que no le devolvió los diez mil euros.
Ángel Antonio García López, el abogado que defendió a este letrado, le preguntó a la esposa que cómo, siendo tan cuidadosa, nunca le pidió justificantes de los pagos. “Porque soy muy confiada o un poco tonta”, respondió, además de indicar que para disponer de todo el dinero que le iba pidiendo tuvieron que habilitar fondos vendiendo una nave de la empresa y pidiendo los 10.000 euros a un hijo. “¿Y por qué no ha venido a declarar su hijo?”, cuestionó la defensa. “Porque no tienen por qué pasar por todo esto”, respondió la denunciante. Respecto al segundo asunto, reconoció que el documento no lleva la firma de abogado encausado.
Después declaró el esposo. Además de coincidir en lo expuesto por su pareja, añadió que cuando durante el juicio en la Audiencia Nacional se conoció que el abogado estaba inhabilitado, “me dijeron que buscara otro o me pondrían uno de oficio. No lo hicieron y siguió esta persona representándome”. Respecto a los recursos posteriores “lo dejamos hacer, pues era él quien sabía y porque había conseguido sacarme en libertad provisional”. Desde 2012 no lo volvió a ver, “era mi mujer quien me iba informando de todo y del dinero que le iba entregando, siendo él quien pedía “cobrarlo en mano”. A preguntas de la abogada de la acusación particular, María José Martínez Martínez, afirmó que la relación entre clientes y abogado “llegó a ser cercana”.
La sesión concluyó con las conclusiones de las partes. La fiscal expuso al tribunal que consideraba “acreditado que el encausado siguió ejerciendo como abogado sabiendo que estaba inhabilitado” y que fue él quien instó a recurrir ante el Constitucional, “quien pedía cobrar en mano, quien no entregaba minuta, quien se quedó con los diez mil euros y quien falsificó el sello del recurso”,.
La acusación particular indicó que no se había desvirtuado la acusación. Sobre haber actuado sabiendo que estaba inhabilitado, “debió haber celebrado una vista separada con su cliente, como hicieron otros acusados en ese proceso, y no me creo que siguiera porque se lo dijo la jueza”. Tampoco se cree que no cobrarse nada en toda la instrucción y sospecha que se quedó con los diez mil euros “porque necesitaba el dinero”. Recordó que el abogado procesado no había querido responder a las preguntas de la fiscal y de la acusación particular al inicio de esta esta vista oral.
El abogado defensor, por su parte, comenzó diciendo que tres de las cuartas partes del juicio celebrado en Cartagena “están fuera de la causa”, preguntándose después por qué, si es verdad lo que dice la acusación, no está también procesado el procurador y sólo lo está el abogado. Sobre el documento de marras, dice que no es una falsificación, “es una burda imitación, pues el sello del TC es distinto y no aparece la firma del abogado”. Respecto a los diez mil euros, recuerda que la carga de la prueba “corresponde a fiscal y acusación particular”, añadiendo que este asunto se reduce a “un relato personal contra otro relato personal. No hay indicios del objeto de la causa, aunque se quiera envolver todo en la inhabilitación y en anteriores condenas. No hay nada acreditado y pedimos que sea absuelto con pago de las costas a la otra parte por su temeridad en esta querella”, concluyó.
Como todo juicio, el tribunal da opción al encausado a que cierre con sus palabras. El abogado procesado dijo que había escuchado “medias verdes y cosas que no son ciertas”, para después referirse al macroproceso en la Audiencia Nacional en el que representó al marido. “Me dijeron que siguiera mientras encontraban a otro abogado, pero pasaban los días y al final seguí. Cuando acabó, dije que no podía seguir y que lo haría un compañero. En el juicio presente no se ha hablado de los esfuerzos que en el proceso de la Audiencia hice como jurista (sólo uno de los 36 acusados salió en libertad provisional) y a nivel personal”, afirmando que siempre “he dado copia de todo lo que iba sucediendo”. Sobre el documento presuntamente falsificado afirmó que quien lo haya hecho “no tiene idea de jurisdicción, además de que está fechado con más de treinta días posteriores a la sentencia, lo que no se corresponde con un recurso”.
El tribunal integrado por José Manuel Nicolás, José Francisco López y Enrique Domínguez será el que resuelva con su sentencia.
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