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PERIÓDICO DE SUCESOS, TRIBUNALES y TRÁFICO DE LAS COMARCAS DEL CAMPO DE CARTAGENA Y DEL MAR MENOR                                                                         booked.net

Alta capacidad de resolver pese a la carencia de jueces

Los juzgados de la Región de Murcia resuelven más de doscientos mil asuntos en el anterior curso con 16 jueces menos que la media nacional, datos de una “infradotación de juzgados y la alta litigiosidad” que fue destacada por el presidente del TSJRM, Pasqual de Riquelme, en la apertura del nuevo año judicial.

⚖   También reclama “una voz unánime” y dejar “las discrepancias partidistas” para mejorar la dotación autonómica.



El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, ha destacado el trabajo realizado en la Región en el último curso judicial, con más de 200.000 asuntos resueltos a pesar de “los escasos medios con que los juzgados y tribunales de la Región deben responder cuestiones de la mayor importancia para la Región y para sus ciudadanos”.
 
Durante el acto solemne de Apertura del Año Judicial, celebrado en la Ciudad de la Justicia, ha reiterado que la Administración de Justicia regional es de las peor dotadas del territorio nacional en lo que se refiere a jueces y órganos judiciales. “La Región es la tercera comunidad autónoma con menos jueces y necesitaría de dieciséis jueces más solo para equipararse a la media nacional”, ha afirmado.
 
A pesar de la creación en los últimos dos años de los dos nuevos juzgados de lo mercantil, de un nuevo juzgado de lo civil en Murcia y otro mixto en Molina de Segura, la inversión “no colma ni las expectativas ni las necesidades de nuestra Región en materia de Justicia”, ha subrayado.
 
Para, a continuación, enumerar algunos de los requerimientos a los que se enfrentan los tribunales murcianos: “Investigamos y enjuiciamos fenómenos muy complejos de corrupción política y delincuencia económica; contribuimos a la protección del medio ambiente (en la mente de todos está la complejísima investigación en marcha por la contaminación del Mar Menor); atendemos los conflictos de familia y a la necesaria protección de menores e incapaces; resolvemos la litigiosidad que surge imparable de las relaciones comerciales, laborales y contractuales; controlamos la adecuación de las medidas restrictivas derivadas de la pandemia; y así un largo etcétera de problemas vitales para nuestra economía y para los derechos e intereses de nuestros conciudadanos”.


 
Los plazos para renovar las infraestructuras
 
Por otra parte, y a pesar de indicar algunas graves carencias en infraestructuras judiciales en la Región, el presidente se ha mostrado esperanzado en que los proyectos reivindicados desde el TSJMU empiecen a materializarse. Así, ha recordado que la programación del Ministerio prevé la entrega del palacio de Justicia de Lorca para diciembre de 2024; que el solar cedido por el Ayuntamiento de Molina de Segura para la construcción de la nueva sede judicial está ya en trámite de aceptación por Patrimonio del Estado; y se ha mostrado confiado en que el Ministerio de Justicia y el Ayuntamiento de Cartagena pronto anunciarán la ubicación de la nueva Ciudad de la Justicia.
 
Pasqual del Riquelme ha recordado también su propuesta del pasado año de un Pacto Regional por la Justicia para contribuir a “hacer oír la voz unánime de Murcia ante el gobierno nacional” y ha manifestado su deseo de que los trabajos iniciados se materialicen y pueda ver finalmente la luz, “en la esperanza de que no se convierta en una ocasión donde exteriorizar discrepancias partidistas ni sacar ventajas o réditos particulares”.
 
Evitar la automática judicialización de todo conflicto
 
Miguel Pasqual del Riquelme también ha invitado “a promover, sondear y explotar al máximo las posibilidades de resolución alternativa y autocompositiva de dichos conflictos, evitando su automática judicialización”.
 
Poniendo como ejemplos “paradigmáticos” de instrumentalización de la justicia los 18.000 litigios ingresados en los juzgados por reclamaciones de usuarios de la banca contra las entidades por las conocidas como cláusulas abusivas en créditos hipotecarios y las denuncias y querellas interpuestas con objetivos meramente propagandísticos.
 
Una estrategia, ha insistido, “que lastra injustificadamente al sistema de Justicia con una litigiosidad impostada y evitable, que consume enormes recursos públicos”.
 
El trabajo diario de los tribunales
 
El presidente ha hecho hincapié en los datos obtenidos durante el año judicial. “En ese período, y con las dificultades añadidas de la pandemia, nuestros juzgados y tribunales resolvieran 208.469 de los 209.926 asuntos ingresados, lo que representa una tasa de resolución del 99,3 %, con una pendencia, el pasado 1 de octubre, de 163.574 procedimientos”.
 
Por ello, durante su intervención, Pasqual del Riquelme, ha dedicado palabras de reconocimiento y gratitud “a todos los jueces, fiscales, letrados, forenses y a todos los cuerpos de funcionarios y personal laboral que, con su trabajo diario, hacen posible algo que, por obvio, pasa muchas veces desapercibido: que cada día, en los juzgados y tribunales de la Región, se solventen decenas de litigios y se atienda a cientos de ciudadanos con plena normalidad y con todas las garantías”.
 
Y de forma especial, a todos aquellos a quienes la Sala de Gobierno ha querido distinguir durante este acto solemne. “A unos, jubilados durante el último año, por su larga trayectoria profesional. Y a otros, de dentro y fuera de nuestra organización, por su contribución a la Justicia murciana durante el pasado curso”. Explicó el presidente antes de entregar los reconocimientos a distintos representantes de los juzgados con competencia en Violencia sobre la Mujer, a la Fundación Mariano Ruiz Funes, a los mediadores tutores de la Unidad de Mediación Intrajudicial, al magistrado Manuel Luna, a la psicóloga María José Catalán y a la gestora procesal, Carmen Nicolás.
 
Renovación del CGPJ
 
Miguel Pasqual del Riquelme ha finalizado su intervención haciendo referencia la situación de “anormalidad institucional” a la que se ha abocado al Poder Judicial y a su órgano de gobierno por la falta de renovación en los plazos legalmente previstos de los integrantes del CGPJ.
 
“El bloqueo en la renovación del órgano de gobierno y la limitación de competencias del Consejo en funciones tiene consecuencias graves para el Poder Judicial. No solo genera desafección y desconfianza ciudadana en las instituciones, sino que también incide negativamente en la percepción ciudadana acerca de la independencia y neutralidad del Poder Judicial”
 
Pasqual de Riquelme ha advertido finalmente que la Región sufre en el funcionamiento y operatividad de nuestros tribunales las consecuencias de tan anómala situación pues de las cinco plazas judiciales de nombramiento discrecional por el CGPJ, dos no han podido ser renovadas (las presidencias de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia desde los meses de marzo y junio, respectivamente). A la que se sumará en diciembre la del magistrado de designación autonómica en la Sala Civil y Penal del TSJ.


 
Además, durante el acto también se impusieron las cruces y medallas entregadas por la Orden de San Raimundo de Peñafort a María Dolores Para, José Severiano Rodríguez, María Teresa Martín, Inés Paula Ledantes; María del Carmen Ruiz-Erans y Máximo Manuel Ruiz-Erans.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=map7ikz4R1k


🖌️ Texto remitido en el que se respeta íntegramente contenido, redacción y ortografía, salvo en el titular y en la entradilla del artículo

 

Etiquetas: Región

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