Denuncian precariedad laboral en las prisiones de la Región de Murcia
CCOO afirma que en las prisiones de la región de Murcia hay 106 puestos de trabajo sin cubrir. La falta de personal es crónica, lo que obliga a hacinar a la población reclusa, aumentando los conflictos entre internos y con el personal penitenciario. Además la prisión de Campos del Río sólo tiene un médico para atender a más de 1.050 internos.
A pesar de que ha descendido la población reclusa a nivel nacional en un 30% (más de 25.000 reclusos), la distribución de las cargas de trabajo penitenciario es muy desigual entre los centros penitenciarios del Ministerio del Interior. En concreto, en las prisiones de la región no se nota ese descenso, ya que en los tres centros penitenciarios de Murcia hay 1.734 personas privadas de libertad, de las cuales 215 cumplen condena en un régimen de semilibertad. A lo que hay que añadir la carga de trabajo que consiste en gestionar una media de más de quinientos mandamientos judiciales al trimestre de penas y medidas alternativas a la prisión, sin que se ampliaran los efectivos. El Ministerio del Interior reconoce que hay 106 puestos de trabajo presupuestados que están vacantes en los tres centros.
Después de 10 años de que se abriera la prisión de Campos del Río, Instituciones Penitenciarias ha sido incapaz de dotarla del personal necesario para que funcione al 100% de su capacidad. Permanecen cerrados cuatro módulos residenciales por falta de efectivos y dos más sólo están operativos, de forma provisional, para las cuarentenas Covid-19. Los 1.050 internos tienen que distribuirse en el resto del espacio. La convivencia forzada de diferentes perfiles de internos, el hacinamiento y la falta de asistencia sanitaria generan problemas a diario entre los propios internos y con el personal penitenciario que trabaja con ellos, y que tiene que lidiar con las consecuencias del desmantelamiento del servicio público penitenciario por el Ministerio del Interior.
Además la prisión de Campos es uno de los centros con más internos conflictivos y peligrosos. El departamento de aislamiento siempre está al completo, lo que eleva aún más la penosidad de las condiciones laborales.
Esta situación nos lleva a CCOO a exigir la urgente redistribución de las cargas de trabajo, que se asemeje a las ratios de otros centros similares características, reduciendo el número actual de internos en las prisiones de Murcia, además de cubrir todas las vacantes que existen.
Un colectivo especialmente perjudicado por la política penitenciaria del Ministerio del Interior, es el de la sanidad penitenciaria, donde se están tomando medidas para precarizar sus condiciones laborales, y abrir paso a su privatización. Este es el principal motivo por el que el Ministerio del Interior tiene a un solo médico en la prisión de Campos para cubrir la asistencia sanitaria de los más de 1.050 internos las veinticuatro horas del día, generando unas condiciones laborales calamitosas que están poniendo en peligro la salud del facultativo, pero también del resto de personal de enfermería y auxiliares sobre las que repercute la sobrecarga de trabajo.
Los internos también se quejan de la falta de asistencia sanitaria y algunos de ellos presionan para salir al hospital y amenazan a los profesionales, sin que Instituciones Penitenciarias resuelva el problema.
La consecuencia más grave del desmantelamiento de la sanidad penitenciaria, es el incremento de las patologías mentales en prisión, de suicidios y la ausencia de políticas públicas de salud mental, donde en torno al 35% de la población reclusa murciana tiene algún tipo de patología mental y no dispone de ningún recurso psiquiátrico para recibir la asistencia que precisan. Además la mayoría de las agresiones que sufre el personal penitenciario están relacionadas con la falta de diagnóstico y tratamiento especializado de las patologías mentales.
El Defensor del Pueblo ha alertado a Instituciones Penitenciarias de la alta prevalencia de patologías psicológicas y psiquiátricas que existen en la prisión de Campos del Río y recomienda que se cree una consulta de psicología clínica en este centro, propuesta que ha sido rechazada por la administración. En prisiones no se exige la especialidad de psicología clínica.
CCOO al igual que los Jueces de Vigilancia Penitenciara exigimos la urgente creación de unidades psiquiátrica en prisiones. Desde CCOO defendemos la necesidad de que el Centro Penitenciario de Campos cuente con una unidad de psiquiatría, dotada con los medios necesarios y personal especializado. Mientras el Código Penal habilita a los Juzgados la posibilidad de enviar a una persona que padezca un brote agudo a prisión “para su evaluación psiquiátrica”, lo cierto es que en las prisiones ni hay psiquiatras ni hay unidades especializadas para evaluar a estas personas.
CCOO rechaza la política contraria a los criterios científicos del tratamiento de la enfermedad mental que promueve el Ministerio, con la creación de un macro psiquiátrico en Valencia gastando 150 millones en empeorar la salud mental de la población reclusa, y que dejará sin recursos de salud mental y sin unidad psiquiátrica a Murcia. Un macro psiquiátrico que desarraigará de sus familias y de los recursos comunitarios a los internos e internas enfermas de la región.
Desde el sindicato manifiestan que el gasto del macro psiquiátrico debe destinarse a transferir la Sanidad Penitenciaria a las comunidades autónomas, que es más económico, 131.339.227,17 euros y que solucionaría la mayoría de los problemas que tenemos, garantizando que el derecho a la salud de la población reclusa se preste en igualdad de condiciones que la del resto de la población.
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