Se quedó con más de trescientos mil euros de provisiones de fondos de clientes de tres notarías
Estas apropiaciones las llevó a cabo con los tres notarios de La Unión y de Los Belones (Cartagena) con los que trabajó como oficial primera. En el juicio se ha llegado a un acuerdo para una condena penal de 9 meses de prisión, pero la vista se celebró en la Audiencia para determinar el capítulo económico. Él ha devuelto más de cien mil euros, uno de los notarios pagó de su bolsillo a clientes afectados y también ha pagado una aseguradora, pero quedan deudas por cubrir y reclamaciones abiertas. En la imagen, el encausado frente al tribunal y ante la mirada de los abogados Alfonso Ledo y Mariano Oliver.
S.C.G. trabajó para una notaria de La Unión de 2003 a 2008, para después pasar otro notario del mismo municipio hasta 2010, cuando comenzó a ejercer la labor de oficial en una naotría de los Belones hasta 2013.
Según las investigaciones y las conclusiones fiscales, en el primer puesto de trabajo se quedó con el dinero de cuatro clientes por un montante de 67.368 euros, de los que el encausado devolvió 31.563 y la aseguradora cubrió el resto. Del segundo puesto de trabajo se le acusa de apropiarse de 15.230 euros que depositó una mujer para una compra-venta, la cual le costó a esta persona 23.932 euros con la sanción e intereses. En este caso, la afectada no ha recuperada nada. El mayor volumen de apropiaciones indebidas se da en la notaría de Los Belones con 26, cuyo montante es de 248.566 euros, de los que el acusado devolvió 15.456 euros y el notario puso de su pecunio 227.576 euros. Todas estas cantidades (salvo error u omisión) están extraídas de los documentos de la investigación.
S.C.G., vecino de La Unión, fue procesado por apropiación indebida, solicitando inicialmente el ministerio público una condena de 5 años de prisión para el juicio que, durante dos jornadas, se ha celebrado hace unos días en la sala de vistas de la sección quinta de la Audiencia Provincial, en Cartagena.
El capítulo penal quedó resuelto con un acuerdo entre la fiscal y el abogado defensor, Alfonso Ledo, que dejaba la pena en 9 meses de prisión una vez aplicadas las atenuantes de reparación parcial del año (se refiere al dinero devuelto) y por las dilaciones indebidas en el procedimiento judicial no achacables al acusado. Además, se le fija una multa de 1.440 euros.
Luego queda el asunto civil de reclamación de cantidades, que es el más engorroso y que polarizó las dos jornadas del juicio. Antes de comenzar, el tribunal llevó a cabo un receso para determinar si las notarías y la aseguradoras podían ser acusaciones particulares en el juicio. Alfonso Ledo expulso que esa dualidad perjudicaba a su cliente, mientras que Mariano Oliver, quien representaba a uno de los notarios, expuso que no siempre es incompatible, haciendo alusión a una sentencia del Supremo de 2006 que admitía ser a la vez responsable subsidiario y acusación particular. Los otros colegas de las notarías y del seguro (Nicolás Fernández, Manuel Cerezuela, Vicente Seglar y Federico Guirado) también pedían esa doble condición. El tribunal estimó la falta de legitimación de notarios y aseguradora “para tener acción activa en el juicio”, expusieron en sala.
Después se entró en el capítulo económico, donde, según nos indicaron, el encausado ha pagado unos 105.000 euros y le quedaría por abonar 45.000, más o menos. Pero hay más por aclarar. La aseguradora reclama 170.805 euros tras deducir la franquicia que cobró. Sin embargo, ¿quién debe pagar al final esa franquicia? La notaria que hizo el desembolso reclama la cantidad. Es otra duda a resolver. Luego está el perjuicio económico que sufrió una mujer en la segunda notaría que trabajó S.G.G. y que no ha siendo compensada en cantidad alguna. En el plenario, el encausado reconoció que recibió 15.230 euros de ella, “y de ahí sólo se pagó la notaría”, dijo. Uno de los abogados le planteó que eso no lo dijo cuando declaró al principio en sede judicial y respondió que sí apuntó que podía haber alguno más, “como es este caso”.
El condenado penal y acusado civil también expuso que ha devuelto, y con ayuda de su familia, el máximo de dinero que podía, con lo que se podría deducir que ha quedado en situación de insolvencia, lo que afecta también al desenlace final de toda esta historia.
Han sido unos diez años quedándose con el dinero procedente de previsiones de fondos de los clientes, como ha reconocido el propio S.G.G. Extraña que algo así se haya prolongado tanto tiempo, pero ha sucedido y la ‘pelota’ se hizo muy grande con muchos afectados, por lo que la solución ya es imposible que contente a todos. Resolverá el tribunal presidido por José Manuel Nicolás y los magistrados José Francisco López y Enrique Domínguez.
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