Cinco acusados de formar una banda que introducía hachís a gran escala por mar
La Fiscalía solicita penas de 8 años de cárcel para tres procesacos y de 5 para los tres restantes al considerar que planificaron la llegada de un cargamento de 840 kilos escondido en una embarcación de recreo a Cabo de Palos en febrero de 2018.
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Tras la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil y la fase de instrucción judicial, el ministerio público ha concluido en que son cinco los que merecen condenas de prisión, en base a la supuesta participación en el intento de introducir en España, a través de Cabo de Palos, un cargamento de más de ochocientos kilos de hachís, en fados escondidos en una lancha de recreo.
Las conclusiones señalan que Ahmed Ch. y Mohammed F. ‘Simo’ lideraban la organización. El primero s vecino de Almería y el segundo tiene condenas por delitos contra la salud púbica en juzgados de Reus (2) y Tarragona (2). El piloto de la embarcación era Cristóba H.S., quien tiene varias condenas en Almería, de las que una de cuatro meses de cárcel quedó en suspenso en 2017 con la condición de que no volviera a delinquir. Yeray R., por su parte, era lugarteniente de los dos primeros, efectuaba funciones de logística y conducía el coche en el que se iba a transportar la droga cuando llegase a tierra. Port su parte, José A.T. (de Tarragona) era el encargado del transporte por mar e iba en la embarcación cuando fue interceptada por Guardia Civil en la operación ‘Despedido’.
En base a estas conclusiones, el ministerio público pide penas de 6 años de cárcel por narcotráfico y de 2 por pertenencia a grupo criminal para Ahmed y Mohammed, mientras que para los tres restnates la petición es de 5 años por el delito contra la salud pública. Para todos se piden multas de tres millones de euros.
Además, la fiscalía pide que se le de a la droga, el dinero en efectivo, vehículos y embarcación el destino previsto en el artículo 374 del Código Penal:
1. Una vez firme la sentencia, se procederá a la destrucción de las muestras que se hubieran apartado, o a la destrucción de la totalidad de lo incautado, en el caso de que el órgano judicial competente hubiera ordenado su conservación.
2. Los bienes, medios, instrumentos y ganancias definitivamente decomisados por sentencia, que no podrán ser aplicados a la satisfacción de las responsabilidades civiles derivadas del delito ni de las costas procesales, serán adjudicados íntegramente al Estado.
Hace unos días fueron convocadas todas las partes a la sala de vistas de la sección quinta de la Audiencia Provincial ante la cercanía de un acuerdo entre la fiscalía y los abogados defensores, pero no se llevó a cabo al rechazar los letrados de los acusados la propuesta del fiscal David Campayo. Debido a la ausencia de dos guardias civiles no pudo comenzar el juicio, que será fijado para más adelante.
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