Casi ocho años de cárcel para un sacerdote por abusos a un menor
La sección quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, ha condenado al reverendo A.L.Z. a una pena de 7 años y 9 mses de prisión como autor de un delito de abusos sexuales continuados cometidos a un menor de edad en San Pedro del Pinatar. Además, fija una responsabilidad civil de 30.000 euros.
- El tribunal declara que el acusado se prevalió para satisfacer su apetito sexual “del gran nivel de ascendencia y superioridad” que había adquirido sobre éste, “dada su condición de sacerdote y la estrecha relación casi familiar”
- El Obispado emite un comunicado en el que expresa su repulsa a este tipo de delitos, ofrece seguir ayudando a la víctima e informa que el cura condenado sigue suspendido de su ejercicio ministerial mientras no termine el proceso canónico paralelo
La sección 5 de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, condena a un sacerdote como autor de un delito continuado de abuso sexual a un menor a la pena de 7 años y 9 meses de prisión. El tribunal le impone además la prohibición de aproximación y de comunicación con la víctima por un periodo de cinco años superior a la duración de dicha pena de prisión.
Además, teniendo en cuenta que en el elemento del prevalimiento “tiene especial relevancia la profesión del acusado” establece una medida de libertad vigilada por igual periodo y la inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión u oficio que conlleve el contacto regular y directo con menores también por un periodo 5 años superior al de duración de la pena de prisión. Por último, el acusado deberá indemnizar al menor con 25.000 euros por daño psicológico
En la sentencia, de conformidad con las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, el tribunal declara probado que el acusado, “prevaliéndose especialmente del gran nivel de ascendencia y superioridad que había adquirido sobre éste, dada su condición de sacerdote” y la estrecha relación con la familia, le realizó diversos tocamientos y actos -descritos en la sentencia- movido siempre por un ánimo lascivo o de satisfacción del apetito sexual.
El relato de hechos probados también recoge los continuos regalos que el acusado hacía al menor “para mantener su ascendencia” (una bicicleta, dos cámaras de fotos, hasta cuatro teléfonos móviles, mucha ropa, un escritorio, material escolar) y que lo invitó a comer y cenar en multitud de ocasiones, “casi siempre solos”. Indicar que, según se recoge en el fallo judicial, el sacerdote entabló amistad en su etapa de ejercicio profesional como vicepárroco en la igleisa de San Pedro del Pinatar entre 2006 y 2013, hasta el punto de tener las llaves del domicilio donde residía el menor con su familia, siendo habitual que pernoctara con frecuencia en dicho domicilio. Cuando fue destinado a la parroquia de San Juan Bautista de Yecla, acudió en varias ocasiones a visitarle, lo que conllevaba que se quedara a dormir en el domicilio de aquél. Fue en esta segunda etapa cuando se cometieron los abusos hacia el chico, que contaba con unos 13 años de edad.
El tribunal reconoce que, “como suele ocurrir tantas veces en este tipo de delitos, de índole sexual, nos encontramos también aquí con que la única prueba en que se sustenta la acusación es la declaración de la víctima, en este caso, además, se da la circunstancia del lapso temporal que transcurre entre la ocurrencia de los hechos y el momento en que el perjudicado decide contar lo ocurrido”. No obstante, recuerda la abundante jurisprudencia que considera que el testimonio de la víctima, cuando no existan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones o provoquen dudas, es apta para destruir la presunción de inocencia.
Así, tras recoger una detallada relación de los parámetros interpretativos, los magistrados ponen de relieve que la declaración del menor “es persistente, pues no muestra contradicciones, ni internas, ni con respecto a las otras declaraciones prestadas con anterioridad, al menos, no de entidad suficiente como para entender que la discordancia puede afectar a la credibilidad del testimonio, debiendo tenerse en cuenta en este sentido que el tiempo transcurrido (tres o cuatro años, aproximadamente) entre el final de la situación de abusos y el primer relato”. Y, añaden, que “se trata de una declaración llena de detalles y matices, prestada con total continuidad y sin dudas relevantes”, todo lo cual, ofrece el tribunal “total verosimilitud”.
En segundo lugar, la Audiencia tampoco aprecia que concurra razón alguna que pueda mover a menor a faltar a la verdad en su relato. “Tampoco puede entenderse que en la actuación de la víctima o su familia exista el más mínimo interés económico o ánimo de perjudicar al acusado si se tiene en cuenta que ninguno de ellos ha formulado denuncia por estos hechos” añade la resolución.
La sentencia recuerda que el menor confiesa a otra sacerdote lo que le había ocurrido años atrás, momento en que éste, como testificó en el juicio, le pide que se lo cuente a sus padres, aunque sea difícil (como luego hace), pese a que es el Obispado, quien poco después pone los hechos en conocimiento de la Fiscalía.
En tercer lugar, explica la resolución, en este caso “existen varios datos objetivos que confirman el relato de la víctima”.
La resolución no es firme, contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
NOTA DE PRENSA DEL OBISPADO DE CARTAGENA
Conocida la sentencia provisional de Sala Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, en la que el Rvdo. A. L. Z, sacerdote de la Diócesis de Cartagena, ha sido condenado a 7 años y 9 meses de prisión y al pago de 30.000 euros de Responsabilidad Civil por los abusos sexuales cometidos contra un menor de edad, este Obispado, a la espera de una sentencia en firme que cumplimente en toda su extensión el derecho a la tutela judicial efectiva de ambas partes, manifiesta lo siguiente:
1. Nuestro total rechazo, una vez más, y enérgica repulsa por los delitos que la resolución judicial atribuye a este sacerdote contra la víctima, con el agravante de que era un menor de edad.
2. Nuestra cercanía a la víctima y a su familia, a los que seguimos ofreciendo nuestra ayuda a través de la Delegación episcopal para la protección del menor y de los adultos vulnerables.
3. Como está establecido en la normativa de la Iglesia, el Rvdo. A. L. Z. sigue suspendido del ejercicio del ministerio sacerdotal, mientras que no termine el proceso penal canónico que está en curso.
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