Aprobada la nueva ley ‘antiokupa’
La Asamblea Regional aprueba una norma pionera con la ocupación de viviendas de forma ilegal y de la que, según sus promotores, tiene como objetivo hacer frente a las mafías, pues no pasa del veinte por ciento los casos de familias vulnerables. La otra finalidad es apoyar a las familias, proteger el derecho a la propiedad privada y evitar la degradación de los núcleos de población.
NOTA DE PRENSA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, destacó hoy que “la Región de Murcia tiene tolerancia cero a la okupación”, gracias a la primera regulación regional específica contra esta práctica ilegal. Así lo puso de manifiesto hoy tras la aprobación en la Asamblea Regional de la ‘Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la ocupación de viviendas en la Región de Murcia’.
“Con esta nueva Ley, entre todos mandamos un mensaje claro a las mafias y vamos a luchar para evitar que se generen nuevas organizaciones delictivas que alienten, fomenten o justifiquen a los okupas”, afirmó el responsable regional, quien felicitó a los diputados por “esta normativa necesaria ante el auge del grave problema de la okupación desde 2015”.
Destacó que “la Región de Murcia es pionera en su lucha”, ya que ha impulsado numerosas medidas para evitar la proliferación de este fenómeno. Recordó que puso en marcha el Canal directo de denuncias; el Protocolo de detección temprana de un presunto delito de okupación ilegal de vivienda; y el Manual de buenas prácticas para evitar la okupación, entre otras medidas, con el fin de “apoyar a las familias, proteger el derecho a la propiedad privada y evitar la degradación de nuestros barrios”.
NOTA DE PRENSA DEL PARTIDO POPULAR
El diputado del Partido Popular, Víctor Martínez-Carrasco, ha asegurado que “con la Ley contra la okupación, la Región de Murcia se sitúa a la vanguardia de la defensa del derecho de propiedad”. Son palabras que ha pronunciado en el Pleno de la Asamblea Regional, que ha dado luz verde al Proyecto de Ley por el que se establecen medidas contra la Okupación de Viviendas en la Región de Murcia, con el voto en contra del PSOE y la ausencia de los diputados de Podemos.
“Esta norma pionera en España dota de herramientas a los propietarios para combatir un delito, porque la okupación lo es”, ha subrayado Martínez-Carrasco, que al respecto ha resaltado que “se trata básicamente de defender la propiedad privada que se ve invadida, asaltada, ocupada ilegalmente por personas que no son sus legítimos dueños”.
El ‘popular’ ha criticado la ausencia durante el debate y la votación del Proyecto de Ley de los diputados de Podemos, “que no hay nada que lo justifique”, y al hilo ha recordado que el Grupo Mixto “ni tan siquiera ha acudido a la Comisión de Política Territorial, ni ha debatido ningún artículo, no ha enmendado nada”. “No sabemos si es porque están de acuerdo con la okupación o sencillamente porque en esta cuestión no tienen nada que aportar”, ha apostillado.
“Aunque las competencias autonómicas en materia de vivienda son muy limitadas, el Gobierno regional no lo ha utilizado como pretexto para quedarse de brazos cruzados ante esta lacra social”, ha destacado Martínez-Carrasco, que ha señalado que “esta norma da respuesta a cuestiones que están siendo muy demandadas por los propietarios afectados, porque las consecuencias de una okupación van más allá del ámbito estricto de la vivienda y tiene efectos demoledores en todo su entorno”.
Martínez-Carrasco ha hecho referencia a “las diferencias con la izquierda en el modo de afrontar la resolución del problema del acceso a una vivienda”, ya que “nosotros creemos que debemos hacerlo mediante políticas lo más eficientes y sostenibles posible”. Aunque, ha añadido, “algo que tenemos muy claro es que el ejercicio de este derecho no debe ser nunca, bajo ningún concepto, por encima del derecho a la propiedad privada, y que es compatible la defensa de la propiedad privada con el derecho a disfrutar de una vivienda digna”.
El parlamentario ha mencionado como “ejemplo de lo que sucede cuando se está al lado de los okupas” el de Cataluña, que “sufre cinco veces más okupaciones que Madrid”, donde la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, “está imputada por coacciones y prevaricación por defender a unos okupas”, y ha señalado que “en España, según datos de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio, el último año se ha producido un repunte del 20% en las okupaciones”.
Martínez-Carrasco ha resaltado las comparecencias de expertos que han tenido lugar en la Asamblea durante la tramitación de la Ley, “de las que hemos extraído conclusiones muy interesantes”, y que “todos han coincidido en una cuestión clave: pese a que lo niegue la izquierda, la okupación es un fenómeno real, que existe, y que está en aumento”.
De las conclusiones extraídas de las comparecencias en la tramitación de la Ley, el ‘popular’ ha enumerado “la existencia de mafias organizadas que disponen incluso de manuales de okupación para burlar la actuación de las fuerzas de seguridad; unas mafias que son las que provocan en torno al 50 % de las okupaciones; los problemas que afectan a las Comunidades de Propietarios, que se encuentran desamparados sobre todo cuando el inmueble es propiedad de un banco y este no reclama el desalojo; que el 90% de los propietarios de viviendas vacías no son grandes propietarios); que la okupación es un delito que disfruta de cierta impunidad, lo que está provocando un efecto llamada; y que se ha percibido un incremento en la violencia”.
“Otro dato relevante que nos facilitaron los expertos es que menos del 20% de las okupaciones corresponden a personas vulnerables, y que estas también suelen ser víctimas de las mafias”, ha apuntado Martínez-Carrasco.
“Tenemos la convicción de que estamos ante una buena Ley contra la okupación, y así nos lo han manifestado quienes tienen contacto directo con las víctimas de okupaciones”, ha asegurado el diputado ‘popular’, que ha manifestado su certeza de que “en paralelo, el Gobierno regional seguirá trabajando duramente por aquellas familias más vulnerables, más necesitadas, y más frágiles para que tengan acceso a una vivienda digna como toda persona se merece”. “Eso sí”, ha añadido, “respetando siempre los derechos constitucionales de quien ha trabajado duramente por tener una vivienda en propiedad, como garantía del Estado de Derecho”.
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