Lunes, Diciembre 17, 2018
   
Texto

La instalación de antenas de TV en fachadas

Con carácter previo aclarar que las fachadas, tanto exteriores como interiores son elementos comunes indivisibles por así disponerlo el artículo 396 del Civil.

La modificación de estas fachadas instalando antenas de TV están prohibidas, salvo la adopción de un acuerdo de las tres quintas partes de los propietarios y cuotas de participación.

Legislación:

Artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal dispone así: El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél, cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, sus estructura general, “su configuración o estado exterior” …….

Consecuentemente, la instalación de antenas de TV aunque sea en la fachada interior, requiere el acuerdo de los propietarios por alterar la configuración o estado exterior del edificio.

Artículo 17.1 LPH: La instalación de infraestructuras “comunes” para el acceso de los servicios de telecomunicación regulados por el Real Decreto Ley 1/1998 de 27 de febrero, podrá ser acordada a petición del cualquier propietario, por un tercio de los integrantes de la comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación.

Examinado lo anterior, se entiende que la instalación de infraestructura para TV debe ser siempre en edificios colectivos de forma comunitaria, ya que la expresada ley ya hizo previsión en su momento de su puesta en vigor, para que en los edificios que hubieran más del 33% de propietarios con antenas individuales deberían cambiarla por una colectiva, lo que deja claro, que este tipo de antenas individuales no están contempladas en la Ley, y en caso de quererse instalar en la fachada, requiere el acuerdo de las 3/5 partes de los propietarios y cuotas de participación..

Por lo tanto y a modo de ejemplo, cuando algún propietario desea suscribirse a la Televisión Digital Plus, puede hacerlo con acuerdo previo de la Junta, que además aprobará el lugar de su colocación, siendo la instalación de carácter colectivo para quienes en el futuro quieran, puedan conectarse.

 

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Reclamación a morosos: requisitos. Certificación previa del acuerdo de la Junta de Propietarios aprobando la deuda, firmada por el secretario con el visto bueno del presidente. Notificación del acuerdo al deudor. El proceso se inicia por demanda sucinta acompañada de la certificación de la deuda. Presentada la demanda, el juez requiere al demandado para que, en el plazo de 20 días, abone la deuda. Si no la reconoce, puede realizar escrito de oposición.

El requerimiento debe de efectuarse en el domicilio designado por el deudor, o en su defecto, en el propio piso o local. Si el demandado no comparece o no se opone a la demanda, el Juez dictará ejecución por la cantidad adeudada más los intereses, costas y gastos extrajudiciales. Si el deudor se opone al pago, el Juez seguirá la tramitación del juicio verbal, pudiendo solicitarse el embargo preventivo. Si el deudor alega pluspetición, sólo se admitirá la oposición si acredita haber pagado o puesto a disposición del demandante, antes de la interposición de la demanda, la suma que reconoce como debida. Se impondrán las costas al litigante que hubiere visto totalmente desestimadas sus pretensiones. Si se estima parcialmente la demanda, cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por la mitad. La condena en costas incluirá honorarios de abogado y procurador de la parte vencedora, si se hubiese requerido sus servicios en el proceso.

Créditos contra la comunidad: La comunidad responderá de sus deudas frente a terceros con todos los fondos y créditos a su favor. Subsidiariamente y previo requerimiento de pago al propietario respectivo, el acreedor podrá dirigirse contra cada propietario que hubiese sido parte en el correspondiente proceso por la cuota que le corresponda en el importe insatisfecho. Cualquier propietario podrá oponerse a la ejecución si acredita que se encuentra al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad en el momento de formularse el requerimiento.

Complejos inmobiliarios: Se aplicará a los complejos inmobiliarios que estén integrados por dos o más edificaciones o parcelas independientes entre sí, y siempre que los titulares participen en una copropiedad indivisible sobre otros elementos inmobiliarios, viales, instalaciones o servicios. Puede constituirse en una comunidad de propietarios (acuerdo de unanimidad) o en una agrupación de comunidades de propietarios (acuerdo de mayoría simple). En ambos casos se rigen por la Ley de Propiedad Horizontal. Los complejos inmobiliarios privados que no adopten ninguna de las formas jurídicas señaladas anteriormente, les serán aplicables, supletoriamente respecto de los pactos que establezcan entre sí los copropietarios, las disposiciones de la Ley de Propiedad Horizontal.

Fondo de reserva: Se constituye en el momento de aprobarse el presupuesto ordinario de la comunidad correspondiente al ejercicio anual. La dotación del fondo de reserva no podrá ser inferior en ningún momento al 5% del presupuesto. Al inicio del siguiente ejercicio presupuestario se efectuarán las aportaciones necesarias para cubrir las cantidades detraídas del fondo de reserva.

 

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