Miércoles, Diciembre 13, 2017
   
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El Rincón de Ápices

El dinero de cuentas abandonadas y las herencias a favor del Estado se destinará a fines sociales

La Ley de Reutilización de la Información del Sector Público contiene en la Disposición Final Tercera una reforma de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas que establece que los saldos de las cuentas consideradas legalmente como abandonadas se dediquen a la financiación de programas de formación dirigidos a personas con discapacidad.

Hasta ahora los saldos de estas cuentas abandonadas -aquellas en las que sus titulares no hayan realizado ninguna gestión durante un plazo de 20 años- se ingresaban en el Tesoro Público, constituyendo un ingreso más de la Administración General del Estado sin finalidad concreta.

Con la reforma de la Ley, estos saldos se destinarán a promover la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad con especial atención a los aspectos relacionados con su desarrollo profesional y a la innovación e investigación aplicadas a estas políticas sociales. En concreto, se darán ayudas directas a los beneficiarios, gestionadas a través del Real Patronato sobre Discapacidad.

Esta novedad se suma a una modificación del Código Civil, contenida en la recientemente aprobada Ley 15/2015, de 2 de julio, que cambia el régimen de aplicación de las sumas obtenidas por la liquidación de las llamadas “herencias abintestato” –aquellas que recibe el Estado al no existir otros herederos-.

La regulación de las herencias abintestato, recogida en el Código Civil, había permanecido inalterada desde el siglo XIX y asignaba dos terceras partes de la herencia a instituciones municipales y provinciales “de beneficencia, instrucción, acción social o profesionales” del domicilio del fallecido. Con la nueva redacción del Código Civil, esas dos terceras partes se añaden a los fondos que se nutren de la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para fines sociales.

Este cambio permite un mejor control del destino de los fondos y un reparto más equitativo basado en un planteamiento integral de la acción social.

Ambas medidas legales se inscriben en el propósito del Gobierno de impulsar las políticas sociales destinadas a luchar contra la desigualdad y favorecer la inclusión social y han sido valoradas muy positivamente por las organizaciones representativas de los sectores más directamente afectados, como, por ejemplo, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

 

'El programa 'Entre Todos' ha sido condenado en un juzgado'

El juzgado de Primera Instancia nº 6 de Tarragona ha estimado parcialmente la demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal contra RTVE y la productora Proamagna, al entender que el programa 'Entre Todos' presentado por Toñi Moreno vulneró el derecho a la intimidad y la propia imagen de un menor, en una emisión que data de agosto de 2013.

Tal y como ha expuesto en un comunicado RTVE, el Fiscal solicitó al Juzgado no sólo que se declarase la vulneración del derecho, tal y como ha ocurrido, sino también la publicación de la sentencia en un programa de TVE de la misma relevancia que Entre todos, la retirada del programa de sus formatos digitales, el pago de una indemnización de 15.000 euros más intereses y la condena en costas de las codemandadas.

El Jugado entiende que sí existió vulneración, por lo que ha condenado a la corporación pública a la retirada del programa de la web de RTVE, pero esa medida ya se había llevado a cabo por parte de la cadena el mismo día que recibió la demanda, antes de cualquier orden judicial.

El resto de peticiones, incluida la de publicación de la sentencia y el pago de la indemnización, han sido desestimadas. Respecto a esta última petición, la sentencia expresamente declara que no se aprecia daño moral en el menor, por lo que no procede fijar cantidad alguna en concepto de indemnización, según ha explicado en un comunicado RTVE.

La sentencia, según ha recogido El País, considera que se utilizó la imagen de un niño enfatizando su discapacidad "con fines conmiserativos", además de dar informaciones "entroncadas con la curiosidad morbosa", como la esquizofrenia de la madre, el intento de asfixiarlo por parte de ésta y la retirada de la custodia, entre otros asuntos.

El pasado verano, TVE puso fin a este programa, que tenía diferentes frentes abiertos. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) había pedido que el programa de Toñi Moreno cesara sus emisiones, a raíz de las apariciones de niños y niñas con discapacidad. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y el Consejo General de Trabajo Social también se habían posicionado contra el magazine.

 

CERMI y nueva consejera

El Comité de Representantes de las Personas con Discapacidad en la Región de Murcia (CERMI RM) mantuvo una reunión con la nueva consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, en la que se han puesto sobre la mesa los principales asuntos que deben abordarse de forma práctica en la legislatura que acaba de comenzar.

Al encuentro, que se  celebró en la sede regional del CERMI, asistió la consejera acompañada por su nuevo equipo: la secretaria general Sandra Martínez Navarro, el director gerente del Instituto Murciano de atención Social (IMAS), Miguel Ángel  Miralles González, la directora general de Discapacidad, Ana Guijarro Martínez, la directora general de Familia y Políticas Sociales, Verónica López García y la directora general de Mujer, Alicia Barquero Sánchez.

En la reunión de trabajo se trataron numerosos temas que afectan de forma directa tanto a las Familias como a las Personas que viven con algún tipo de Discapacidad en la Comunidad Autónoma, entre los que destaca la necesidad de impulsar una mayor transversalidad en las políticas de atención a las Personas con Discapacidad y el reconocimiento de que discapacidad y dependencia no son sinónimos.

Asimismo, desde el CERMI se ha trasladado la importancia de que las Personas con Discapacidad tengan un mayor peso en los espacios de toma de decisión, habiéndose comprometido la Consejera a hacer de los consejos unos espacios más activos y operativos. En este sentido, el CERMI ha recordado también su demanda de que se constituya una Comisión Especial de Discapacidad en la Asamblea Regional.

Durante el citado encuentro, se analizaron temas como  la relevancia de que  se apruebe la Ley de Accesibilidad Universal, convirtiendo el borrador actual en una normativa que realmente cubra las necesidades del colectivo de personas con discapacidad en todos los sectores. También en el ámbito legislativo, el CERMI ha recordado su demanda de que se cree la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, en línea con la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La promoción de la autonomía personal fue otro de los puntos más destacados sobre los que versó el encuentro, sobre todo, la necesidad de que se definan los servicios para los distintos grados, y la urgencia de que a medio plazo desaparezcan las listas de esperas que soportan los demandantes de este tipo de atención en la actualidad.

Por último, la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y el CERMI RM debatieron sobre la estabilidad financiera que viene reclamando el sector de forma reiterada en los últimos años para poder seguir brindando su apoyo a las personas que lo necesitan, para lo que es preciso que se impulse el denominado ‘contrato social’. En este sentido, Violante Tomás se ha comprometido a adaptar la normativa de la región a la legalidad europea.

   

Juego ilegal

El movimiento social de la discapacidad representado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad  insta a todas las Administraciones públicas a  que dentro del ámbito de sus competencias actúen con contundencia contra los entramados de juego ilegal que usan como coartada social la imagen de personas con discapacidad, pero que en realidad suponen un fraude a los consumidores y dañan de modo irreparable las actividades de juego genuinamente social como el de la ONCE.

El CERMI denuncia la tolerancia culpable de los poderes públicos -estatal y territoriales- con la lacra del juego ilegal que viene actuando durante décadas al margen del ordenamiento jurídico sin que sus promotores sean perseguidos y sus actividades clausuradas y desmanteladas de raíz.

Ante esta generalizada inactividad de las Administraciones, el CERMI recuerda el deber inexcusable de todas las autoridades públicas de hacer cumplir la legalidad, lo que significa actuar penal, gubernativa y administrativamente contra las redes de juego ilegal que usan a las personas con discapacidad como pantalla pretendidamente social pero que solo sirven a intereses particulares inconfesables.

En especial, el movimiento organizado de la discapacidad emplaza a las Administraciones a clausurar y desmantelar a la denominada Organización Impulsora del Discapacitado (OID), el principal entramado de juego ilegal en España, sobre el que pesan multitud de sentencias, resoluciones administrativas y expedientes sancionadoras declarando su absoluta ilegalidad y que no obstante sigue operando a sus anchas, ante la pasividad de los poderes públicos competentes.

Para acabar con esta inacción, el CERMI  se adhiere y respalda las movilizaciones del sindicato mayoritario de la ONCE, UTO-UGT, que ha puesto en marcha la campaña  “El juego ilegal NO es un juego”.

Tolerar el mantenimiento y expansión como hasta ahora del juego ilegal no es solo una burla hiriente del Estado de Derecho y un quebranto de los intereses de los consumidores, sino que supone un daño irreparable al sector de la discapacidad al socavar el espacio social y económico de la ONCE, el primer sostenedor privado de este movimiento social.

 

El CERMI insta al gobierno a sancionar a las empresas expedientadas por inaccesibilidad de sus webs

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha instado al ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a aplicar la legislación sobre infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y a sancionar a las grandes empresas expedientadas por la inaccesibilidad de sus páginas corporativas de internet.

Desde hace años, hay abiertos varios expedientes sancionadores por presunta infracción de la normativa sobre accesibilidad de las páginas de internet de las que son titulares grandes empresas del país, sin que hasta el momento hayan sido resueltos por el ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a pesar de que han quedado acreditadas suficientemente, a juicio del CERMI, las deficiencias en esta materia, lo que contraviene la legislación sobre servicios de la sociedad de la información y la de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

El ministerio, según ha comunicado a las partes denunciantes, entre las que está el CERMI, propone el archivo de alguna de las denuncias (no en todas, en al menos una, hay propuesta de sanción) por la inexistencia de infracción, a la vista de los progresos que algunas de estas compañías han efectuado en la accesibilidad de sus páginas, en los años transcurridos desde que se denunciaron los hechos y ante la presión de los expedientes sancionadores en curso.

Para el CERMI, las mejoras introducidas en materia de accesibilidad en esas páginas de internet, algunas dudosas y en todo caso mucho tiempo después de las denuncias, no eximen de la responsabilidad objetiva contraída por esas empresas al no ofrecer condiciones de accesibilidad en el momento en que legalmente eran exigibles. La acción posterior correctora puede en su caso modular la sanción, pero no cancelarla, pues la infracción ha quedado evidenciada.

El CERMI confía en que Sanidad aplique la legislación vigente y sancione a las empresas comprobadamente infractoras, y en todo caso, preparará recursos ante la Justicia contra las decisiones administrativas que no velen escrupulosamente por los derechos de las personas con discapacidad.

   

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