Miércoles, Noviembre 21, 2018
   
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El Rincón de Ápices

Nuevo baremo de tráfico 2016

La Comisión de Economía y Competitividad del Senado ha aprobado el Proyecto de Ley que reforma el sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de tráfico.

La norma, que termina así su trámite parlamentario y entrará en vigor el 1 de enero de 2016, actualiza un sistema vigente desde 1995 y es fruto de un importante acuerdo entre las dos partes afectadas: las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico y la representación de las entidades aseguradoras.

Entre los colectivos que han aportado sugerencias durante la elaboración del Proyecto de Ley se encuentran CERMI, Federación Española de Daño Cerebral, Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos, Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal, Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico y Stop Accidentes, además de la Fiscalía de Sala Coordinadora de Seguridad Vial y numerosos facultativos sanitarios expertos en patologías provocadas por accidentes de tráfico.

En términos generales, la nueva ley permite incrementar la protección a las víctimas de accidentes de circulación mediante la rápida resolución de los conflictos y la garantía de una indemnización suficiente, lo que sitúa a España a la altura de las reformas que en el ámbito comunitario se han emprendido en relación con el seguro del automóvil.

Mejora el tratamiento resarcitorio de los perjudicados por los accidentes de tráfico y establece un sistema indemnizatorio activo, actualizado y adaptado a la realidad.
El sistema también afecta a la sanidad pública porque las aseguradoras indemnizarán a los servicios públicos de salud de las diferentes comunidades autónomas los gastos derivados de nuevos perjuicios cubiertos como los importes médicos futuros, ciertos gastos de rehabilitación o necesidades de recambio de prótesis de lesionados graves.

Daños personales y patrimoniales
En los supuestos de fallecimiento, consigue una mejora de la percepción de las indemnizaciones mediante su individualización, teniendo en cuenta las nuevas estructuras familiares.

También distingue entre perjuicio patrimonial básico o gastos razonables derivados del fallecimiento, compensados con una cantidad mínima de 400 euros y los gastos específicos, que incluyen el traslado del fallecido, repatriación, entierro y funeral.

En los supuestos de secuelas o lesiones permanentes, refuerza especialmente la reparación del gran lesionado que quede con discapacidades que requieran de apoyos intensos para su autonomía personal, indemnizando los perjuicios y los daños emergentes relacionados con las diferentes partidas de gastos asistenciales futuros.

Revisa, además, el baremo médico de secuelas para adaptarlo al estado actual de la ciencia.
En relación a las lesiones temporales, la norma distingue entre gastos de asistencia sanitaria y otros gastos diversos resarcibles, es decir, todos aquellos necesarios y razonables que genere la lesión en el desarrollo ordinario de la vida diaria, como por ejemplo, el incremento de costes de movilidad del lesionado, los desplazamientos de familiares para atenderle, gastos para atender a los familiares menores o especialmente vulnerables de los que se ocupaba el lesionado, etc.

En relación con el tratamiento de los daños patrimoniales, la nueva norma clarifica y regula con detalle las medidas de resarcimiento en concepto de gastos.

También se racionaliza el método de cálculo del lucro cesante (pérdida de ganancia por parte de la víctima). La norma contempla los ingresos netos de la víctima y también valora el trabajo no remunerado como las tareas del hogar o la pérdida de capacidad de trabajo futura de menores
y estudiantes. Además, se introduce un coeficiente específico para cada perjudicado que combina factores diversos como la duración del perjuicio, el riesgo de fallecimiento del perjudicado y la deducción de las pensiones públicas, entre otros.

Perjuicios extrapatrimoniales o morales
El Proyecto de Ley incluye como novedad en este apartado la reestructuración del perjuicio personal básico en las indemnizaciones por causa de muerte y de su relación con los perjuicios particulares que ahora se amplían. Así, la nueva norma clasifica los perjudicados en accidentes de tráfico en cinco categorías autónomas: cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos y allegados.

Considera que éstos sufren siempre un perjuicio resarcible y de la misma cuantía con independencia de que concurran o no con otras categorías de perjudicados.

Incremento de las indemnizaciones
Respecto a la media del periodo 2005 a 2011, según los daños causados en cada accidente de circulación, las indemnizaciones correspondientes se modifican de la siguiente manera:
• Indemnizaciones por muerte: se incrementan un 50% de media
• Indemnizaciones por secuelas: se incrementan un 35% de media
• Indemnizaciones por lesiones: se incrementan un 12,8% de media

El criterio de actualización anual del sistema indemnizatorio se establece en relación al índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado por ser el que más se aproxima a sus principios y características.

Otras mejoras del sistema
Para garantizar la rápida resolución de los conflictos y la suficiencia de las indemnizaciones ofrecidas por el asegurador, se le impone a éste la obligación de observar una conducta diligente en la cuantificación del daño en la oferta motivada que debe presentar a los perjudicados y en la liquidación de la indemnización.

En caso de disconformidad con la oferta motivada, las partes podrán intentar resolver de común acuerdo la controversia mediante el procedimiento de mediación.

Asimismo, se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial.

Por último, la ley establece la creación de una Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración de la que formarán parte también las asociaciones de víctimas y las entidades aseguradoras con el objeto de analizar su puesta en marcha, sus repercusiones jurídicas y económicas y el sistema de actualización, pudiendo hacer sugerencias y promover modificaciones al mismo para la mejora del sistema.

Ejemplos para algunos supuestos representativos


 

  • FALLECIMIENTOS:

Fallece oficinista de 32 años, casada hace 5 años con cónyuge de 35 años, con ingresos netos de 16.800 euros con una hija de 2 años. Solo madre y sin hermanos.
BAREMO ACTUAL: 192.203 euros
FUTURO BAREMO: 342.037 euros
DIFERENCIA: + 149.834 euros
PORCENTAJE DIFERENCIA: + 78%

Fallece padre de familia de 40 años, con ingresos netos de 38.000 euros. Deja viuda de 30, un hijo de 3, otro de 6 y otro de 12. Deja padre y hermano (no dependientes económicamente ni convivientes).
BAREMO ACTUAL: 335.519,31 euros
FUTURO BAREMO: 671.480,94 euros
DIFERENCIA: + 335.961,63* euros
PORCENTAJE DIFERENCIA: +100,13%.
* En concreto cada uno de los hijos menores multiplica por 2,8 la indemnización actual.

  • ACCIDENTES:

Mujer médico otorrinolaringóloga, de renta de más de 60.000 Eur/año. Sufre amputación parcial de la pierna.
BAREMO ACTUAL: 350.000 euros (máximo)
FUTURO BAREMO: 750.000 euros (Máximo. Incluyendo nuevos conceptos: lucro cesante, gastos sanitarios futuros, etc.)
DIFERENCIA: + 400.000 euros
PORCENTAJE DIFERENCIA: +114 %

Bebé de un año queda tetrapléjico.
BAREMO ACTUAL: 1.300.000 euros (máximo)
FUTURO BAREMO: 3.500.000 euros (Máximo. Incluyendo nuevos conceptos:

  • PÉRDIDA DE CALIDAD DE VIDA, tercera persona, readaptación de la vivienda, lucro cesante, gastos sanitarios futuros, etc.)

DIFERENCIA: + 2.200.000 euros
PORCENTAJE DIFERENCIA: + 169%

Atropello a un peatón de 21 años de edad, con antecedentes psiquiátricos. Sufre diversas fracturas y la amputación parcial de la pierna izquierda.
BAREMO ACTUAL: 1.361.974,47 Euros
FUTURO BAREMO: 1.554.845,72 Euros
DIFERENCIA: + 192.871,25 Euros
PORCENTAJE DIFERENCIA: + 15%




El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha saludado la aprobación definitiva por las Cortes del nuevo marco legal regulador de las indemnizaciones económicas a las víctimas de accidentes de tráfico, sobre todo a aquellas que adquieren una discapacidad por esta causa.

El Senado ha dado hoy el último trámite al proyecto de Ley de reforma de este baremo, que ha gozado de un elevado grado de consenso de todas las partes concernidas, entre ellas el CERMI, en representación de la discapacidad organizada, obteniendo también un amplio apoyo parlamentario.

La nueva Ley, que entrará en vigor el 1 de enero de 2016, supone una importante modernización y actualización del baremo vigente, adaptándose mucho mejor a la realidad de las personas que adquieren una discapacidad como consecuencia de un accidente de tráfico.

Desde 1995, las indemnizaciones por accidentes de tráfico, que eran muy inferiores en cuantía a las existentes en los demás países europeos, no se revisaban, limitándose el Estado a actualizarlas con arreglo a la inflación, lo que significaba que estas compensaciones no alcanzaban a reparar los efectos económicos, sanitarios y sociales de todo tipo que el accidente representa para las víctimas y sus familias.

El nuevo cuadro indemnizatorio, como contempla el texto de la reforma legal aprobada, no solo ha de ser digno y suficiente, sino que va orientado a dar cobertura y apoyo de todo tipo a la víctima para que pueda reincorporarse activamente a la vida en comunidad, potenciando al máximo su autonomía personal.

 

 

Decreto Ley 2/2015

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, intervino el pasado viernes en la sesión plenaria de la Asamblea Regional para la convalidación del Decreto-ley 2/2015, de 6 de agosto, por el que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, y ha avanzado que "más de 10.000 personas beneficiarias de servicios sociales podrán acogerse a la nueva normativa".

"Esta reforma favorece a 5.857 personas mayores y con discapacidad que son atendidas en centros de día y residencias, 323 menores con medidas de protección, 3.700 niños que reciben Atención Temprana y más de 1.000 personas en riesgo de exclusión social atendidas en plazas de acogida", según ha indicado la consejera.

El texto normativo reforzará el derecho a la iniciativa de organizaciones sin ánimo de lucro en la prestación de los servicios sociales, a través del desarrollo de modos de gestión tales como el concierto social o los convenios de colaboración.

En su intervención, Violante Tomás ha afirmado que "el Gobierno regional ha impulsado esta reforma con los objetivos fundamentales de garantizar la continuidad de las prestaciones a mayores, menores, personas con discapacidad y aquellas en riesgo de exclusión social, así como dar seguridad a los servicios, superando las actuales incertidumbres debidas a la falta de un régimen jurídico específico".

La consejera ha subrayado que "el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, se comprometió con las ONG que gestionan centros para las personas en situación de dependencia, personas sin hogar, menores y otros colectivos, a que impulsaría una normativa que protegiera la actuación de dichas organizaciones y, sobre todo, los derechos de los colectivos a los que atienden".

El concierto social y el convenio "van a agilizar los actuales contratos que la Administración regional firma periódicamente con las organizaciones sociales". De otra parte, la figura del concierto social está prevista en las directivas europeas, y ya la han introducido en sus legislaciones varias comunidades autónomas, como Baleares, Asturias o País Vasco.

En cuanto a las ventajas del nuevo marco normativo, Violante Tomás ha explicado que "va a permitir tratar a las entidades sociales como lo que son, y no como empresas privadas". De esta forma, "la Administración podrá firmar con cada una de ellas un concierto para financiar las plazas de los diferentes servicios que atienden y se atenderán aspectos fundamentales, como la calidad de la atención prestada a las personas”.

 

Sanción a Iberia por inaccesibilidad página corporativa de Internet

La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha sancionado administrativamente a la compañía aérea Iberia con una multa de 30.001 euros por la inaccesibilidad de su página corporativa de internet.

Se trata de una sanción considerada grave en su grado mínimo por infracción del deber de disponer de una página de internet en condiciones de accesibilidad, con arreglo a la legislación de servicios de la sociedad de la información y a la de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Como sanción accesoria, el mismo órgano gubernamental impone a Iberia la prohibición de concurrir en procedimientos de concesión de ayudas sociales, consistentes en subvenciones o cualesquiera otras ayudas en su sector de actividad del transporte aéreo durante un mes.

Con esta sanción, recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa y la primera de estas características que se impone en España, finaliza en sede administrativa el expediente sancionador iniciado contra Iberia a raíz de una denuncia del CERMI interpuesta en 2010 por infracción del deber de accesibilidad universal en el ámbito digital.

Las grandes empresas, de acuerdo con la definición que la Ley ofrece de ellas a estos efectos, tienen la obligación de que sus páginas de Internet sean accesibles y la vulneración de este deber supone una infracción administrativa sancionable por el Estado.

   

El dinero de cuentas abandonadas y las herencias a favor del Estado se destinará a fines sociales

La Ley de Reutilización de la Información del Sector Público contiene en la Disposición Final Tercera una reforma de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas que establece que los saldos de las cuentas consideradas legalmente como abandonadas se dediquen a la financiación de programas de formación dirigidos a personas con discapacidad.

Hasta ahora los saldos de estas cuentas abandonadas -aquellas en las que sus titulares no hayan realizado ninguna gestión durante un plazo de 20 años- se ingresaban en el Tesoro Público, constituyendo un ingreso más de la Administración General del Estado sin finalidad concreta.

Con la reforma de la Ley, estos saldos se destinarán a promover la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad con especial atención a los aspectos relacionados con su desarrollo profesional y a la innovación e investigación aplicadas a estas políticas sociales. En concreto, se darán ayudas directas a los beneficiarios, gestionadas a través del Real Patronato sobre Discapacidad.

Esta novedad se suma a una modificación del Código Civil, contenida en la recientemente aprobada Ley 15/2015, de 2 de julio, que cambia el régimen de aplicación de las sumas obtenidas por la liquidación de las llamadas “herencias abintestato” –aquellas que recibe el Estado al no existir otros herederos-.

La regulación de las herencias abintestato, recogida en el Código Civil, había permanecido inalterada desde el siglo XIX y asignaba dos terceras partes de la herencia a instituciones municipales y provinciales “de beneficencia, instrucción, acción social o profesionales” del domicilio del fallecido. Con la nueva redacción del Código Civil, esas dos terceras partes se añaden a los fondos que se nutren de la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para fines sociales.

Este cambio permite un mejor control del destino de los fondos y un reparto más equitativo basado en un planteamiento integral de la acción social.

Ambas medidas legales se inscriben en el propósito del Gobierno de impulsar las políticas sociales destinadas a luchar contra la desigualdad y favorecer la inclusión social y han sido valoradas muy positivamente por las organizaciones representativas de los sectores más directamente afectados, como, por ejemplo, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

 

'El programa 'Entre Todos' ha sido condenado en un juzgado'

El juzgado de Primera Instancia nº 6 de Tarragona ha estimado parcialmente la demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal contra RTVE y la productora Proamagna, al entender que el programa 'Entre Todos' presentado por Toñi Moreno vulneró el derecho a la intimidad y la propia imagen de un menor, en una emisión que data de agosto de 2013.

Tal y como ha expuesto en un comunicado RTVE, el Fiscal solicitó al Juzgado no sólo que se declarase la vulneración del derecho, tal y como ha ocurrido, sino también la publicación de la sentencia en un programa de TVE de la misma relevancia que Entre todos, la retirada del programa de sus formatos digitales, el pago de una indemnización de 15.000 euros más intereses y la condena en costas de las codemandadas.

El Jugado entiende que sí existió vulneración, por lo que ha condenado a la corporación pública a la retirada del programa de la web de RTVE, pero esa medida ya se había llevado a cabo por parte de la cadena el mismo día que recibió la demanda, antes de cualquier orden judicial.

El resto de peticiones, incluida la de publicación de la sentencia y el pago de la indemnización, han sido desestimadas. Respecto a esta última petición, la sentencia expresamente declara que no se aprecia daño moral en el menor, por lo que no procede fijar cantidad alguna en concepto de indemnización, según ha explicado en un comunicado RTVE.

La sentencia, según ha recogido El País, considera que se utilizó la imagen de un niño enfatizando su discapacidad "con fines conmiserativos", además de dar informaciones "entroncadas con la curiosidad morbosa", como la esquizofrenia de la madre, el intento de asfixiarlo por parte de ésta y la retirada de la custodia, entre otros asuntos.

El pasado verano, TVE puso fin a este programa, que tenía diferentes frentes abiertos. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) había pedido que el programa de Toñi Moreno cesara sus emisiones, a raíz de las apariciones de niños y niñas con discapacidad. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y el Consejo General de Trabajo Social también se habían posicionado contra el magazine.

   

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