Los juzgados regionales resolvieron en 2021 un 20% más de asuntos que en 2020
El presidente del TSJRM, en la presentación de la memoria anual, reivindica el papel de los jueces autonómicos como “actores relevantes” del modelo de convivencia y “defensores de los bienes de especial protección”. Subraya la necesidad de corregir el “despliegue asimétrico de la Justicia en el territorio” que da lugar “justiciables de primera y de segunda”. La inversión de más de 100 millones en infraestructuras, uno de los avances más destacados del pasado año. Un juzgado de primera instancia para Cartagena, entre los objetivos prioritarios para 2023. En la foto, Pasqual de Riquelme con el presidente de la Asamblea Regional, a quien hoy le ha presentado el informe.
⚖️. La Región de Murcia es la tercera con más litigiosidad de España
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, destacó el papel del Poder Judicial en la Región y subrayó que los jueces han acreditado a lo largo de estos años ante la ciudadanía “su posición como actor relevantes en la conformación y protección de nuestro modelo de convivencia, haciéndose presente en el imaginario colectivo como la última y, muchas veces, más efectiva y definitiva defensa de bienes jurídicos merecedores de una especial protección en tiempos tan complejos como los actuales”.
Durante la presentación de la Memoria anual del Tribunal Superior de Justicia 2021 el máximo representante del Poder Judicial autonómico quiso reivindicar la extraordinaria labor que realizan los juzgados y tribunales “en la protección de nuestros recursos y espacios naturales más preciados; de la garantía de nuestros derechos y libertades fundamentales ante las restricciones derivadas de la pandemia; de la salvaguarda de los derechos de los más vulnerables y desprotegidos por las secuelas socioeconómicas de la crisis; de la respuesta contra los fenómenos de corrupción que, con especial intensidad en nuestra Región, han infectado espacios públicos y privados; de la lucha contra la violencia de género; y así un largo etcétera”.
Antes, Pasqual del Riquelme detalló la estadística de la actividad de la Administración de Justicia regional durante el pasado año, destacando la vuelta a la normalidad de los órganos judiciales tras la pandemia y que “por primera vez en los últimos 5 años, la resolución de los juzgados y tribunales de la Región supera el ingreso de asuntos. Con lo que, aunque mínima, se empieza a registrar una reducción de la pendencia”.
En concreto, el pasado año ingresaron en los juzgados y tribunales de la Región de Murcia 204.168 asuntos, un 11,8 % más que en 2020, aunque solo un 1,1% más que en 2019. En el mismo periodo, destaca un incremento del 20,7 % en la resolución: un total de 204.986 asuntos tuvieron respuesta judicial, superando también -en un 8,75 %- los asuntos resueltos en 2019. Finalmente, el 31 de diciembre de 2020 los órganos judiciales tenían en trámite 125.467 asuntos, lo que representa una disminución de la pendencia del 1,6 % respecto al final de 2020.
A pesar de que mostró su satisfacción “por el mucho trabajo realizado y por el servicio prestado a la sociedad murciana” no quiso dejar de mencionar dos problemas endémicos de la Justicia en la Región: la infradotación en plantilla judicial y la necesidad de adecuar las infraestructuras en Lorca, Cartagena, Molina y el Tribunal Superior, en la capital.
Objetivos cumplidos
El presidente destacó como medidas concretas de refuerzo han permitido paliar los efectos del continuo incremento de la litigiosidad y la insuficiente plantilla orgánica. En concreto, durante 2021 los juzgados y tribunales de la Región se han establecido 15 jueces y magistrados de refuerzos, acompañados de medidas complementarias para dotar la oficina judicial, gracias al Plan de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID. En concreto durante este periodo se han designado refuerzos en los juzgados de Familia 3 y 9 Murcia; Instancia 12 y 16 Murcia; Instancia 3, 4, y 5 Cartagena; Social Murcia y Social 2 Cartagena; Instrucción 2 Murcia; Vigilancia Penitenciaria; y finalmente, la Sala Social del TSJMU y la Audiencia Provincial. En este último caso, subrayó como el proyecto de desdoblar las secciones penales ha permitido agilizar el enjuiciamiento de causas de especial complejidad y de corrupción.
En el segundo de los problemas, el déficit de infraestructuras y sedes judiciales en los cuatro grandes partidos judiciales (Cartagena, Lorca, Molina y Murcia), señaló la muy esperada noticia del compromiso del Ministerio de Justicia con la mayor inversión a nivel nacional en infraestructuras judiciales para los próximos años (más de cien millones de euros). “Ello no es casual, sino el resultado de años de trabajo y multitud de gestiones desde el TSJMU reclamando respuesta a esas necesidades y promoviendo el compromiso de las distintas Administraciones públicas (tanto a nivel local, como autonómico y nacional) para tal objetivo”, subrayó el presidente. Así, destacó como objetivos logrados la cesión del solar municipal de la sede de los nuevos juzgados de Molina de Segura, la identificación de la sede municipal donde se ubicará el nuevo juzgado de lo mercantil de Cartagena, la remoción de los obstáculos que paralizaban la nueva licitación de la obra del Palacio de Justicia de Lorca, la búsqueda de solar para la Ciudad de la Justicia de Cartagena, o el diseño de la operación para la rehabilitación del viejo Palacio de Justicia de Murcia, “todas iniciativas surgidas y promovidas directamente desde el TSJMU”.
No obstante, tras realizar un análisis de los diferentes indicadores acerca de cómo está desplegado en el territorio el servicio público de Justicia quiso dejar patente las notables asimetrías entre comunidades autónomas. “Las ratios de unidades judiciales y jueces por habitante, los índices de litigiosidad comparada y los tiempos de respuesta evidencian que el servicio público no se presta en igualdad de condiciones y recursos en todos los territorios”, subrayó tras constatar como el “despliegue territorial asimétrico que da lugar a justiciables de primera y de segunda”, lamentando que los ciudadanos de la Región estén en este último bloque.
“La creación de nuevas unidades judiciales debería tender de manera principal -y esa es la constante reivindicación expresada por el TSJMU- a asegurar que un servicio público (que es a la vez un poder del Estado) se despliega de forma equitativa en todo el territorio nacional”, reclamó recordando que, la Región arroja una ratio de 10,8 jueces por 100.000 habitantes, frente a la media nacional de 11,6, y se sitúa entre las últimas comunidades con menor ratio.
Las prioridades
En la tabla de necesidades elaborada por la Sala de Gobierno, con datos ponderados, se extrae la conclusión de que sería necesaria la creación de 17 nuevos órganos para dotar de una adecuada dimensión la planta judicial de la Región, después de la creación de dos nuevos juzgados (un juzgado de lo Mercantil de ámbito regional, un juzgado de Familia en Murcia), una plaza de magistrados en la Audiencia Provincial, en la sección 5 desplazada a Cartagena y pendiente la puesta en marcha del cuarto juzgado de lo Mercantil, también en la ciudad portuaria.
No obstante, a pesar del déficit evaluado, la Sala de Gobierno fija como prioritarias para el próximo año judicial cinco unidades: dos juzgados de Instancia en Murcia, uno en Cartagena y un juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Lorca, además de un juzgado especializado en violencia de género en la capital.
PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA EN LA ASAMBLEA REGIONAL
Los juzgados de la Región de Murcia han incrementado un 20% la resolución de casos en 2021 con respecto al año anterior. “Una ventaja de oportunidad que nos ha dado la postpandemia unida a la reacción desde el poder judicial. El balance señala una reducción de la pendencia en 1,6 puntos, lo que indica que se revierte la tendencia de incremento constante, que se ha venido produciendo año a año”.
Así lo ha destacado el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, en su reunión mantenido esta mañana con el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, y en la que también ha estado presente el secretario de gobierno del TSJ de Murcia, Javier Luis Parra.
Durante la reunión, Pasqual del Riquelme ha trasladado al presidente de la Cámara la asimetría que existe entre las distintas zonas del territorio español: “Nosotros nos encontramos en las que podríamos llamar justiciables de segunda categoría porque tienen menos medios a su disposición en el ámbito judicial. Esto significa que la respuesta judicial se resiente, no en calidad ni en independencia ni en rigor, pero sí en tiempo de respuesta”. Por ello, ha reivindicado una mayor dotación de medios para que la Región se equipare a la media nacional. Esa dotación se traduce en 17 unidades judiciales más “de las cuales, para este año hemos pedido cinco, con el fin de ir recortando esa distancia. Porque al final, son los ciudadanos los que se resiente de la lentitud de la justicia y eso es lo que queremos evitar”.
Uno de los factores que incide también en la necesidad de una mayor dotación de medios es que la Región de Murcia es la tercera Comunidad Autónoma con más litigiosidad. “Y es una constante. 100.000 murcianos crean más litigiosidad que 100.00 cántabros o 100.000 asturianos” ha señalado el presidente del TSJ, quien afirma que “nos enfrentamos en la Región no sólo a menos juzgados, sino a menos juzgados que soportan una mayor litigiosidad”.
El presidente Alberto Castillo le ha traslado el apoyo de la Asamblea Regional durante la reunión mantenida, en la que - como todos los años – la autoridad judicial autonómica ha presentado su memoria de actividad a la autoridad legislativa autonómica.
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